Cartas a Gracia
La saturación que provocaría la migración de estudiantes inscritos en las escuelas privadas hacia las públicas de aplicarse el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, causaría estragos en la reorganización de todos los niveles educativos, Gracia. El proyecto, aprobado el 24 de abril y publicado el 27 de mayo, alertó a Organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, la Federación de Escuelas Particulares del Norte de Sonora y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares entre otras, quienes alertarían sobre las consecuencias que implicará la sobrerregulación al aplicarse normas adicionales a las establecidas en la Ley General de Educación.
Sus estimaciones motivarían una seria reflexión de los interesados en cuestiones educativas, incluidos quienes serían los responsables del diseño de la política pública en la materia, pues los datos no serían para menos. Los voceros entrevistados estimarían que “630 mil alumnos y 99 mil empleos serían afectados sólo tras la publicación de la NOM 237 y la cifra podría llegar al doble” (shorturl.at/gFPY5). Un representante de las organizaciones, Gracia, que respondería al nombre de Luis Arturo Solís Bravo, abundaría señalando que más de 18 mil escuelas del sistema educativo nacional “estaríamos en una gran desventaja porque no podríamos, no solo cubrir los costos que la nueva norma nos obligaría; tampoco podríamos defendernos de esta decisión mediante un juicio de amparo” y alertaría sobre el trabajo sucio que, contemplado en la norma, se haría a favor de particulares que vigilarían a las instituciones de financiamiento privado como sucediera ya con algunas instituciones certificadoras de educación superior que quedarán en manos de ex funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.
Hacen cuentas y estiman que, por el cierre de las escuelas particulares mencionadas, 630 mil niñas, niños y adolescentes “quedarían sin poder continuar con sus estudios”. Calcularían el costo de la colegiatura en 1 200 pesos moneda nacional, por lo que esas instituciones “dejarían de recibir al año 9 mil 72 millones de pesos”; cuestión que provocaría que 54 mil docentes quedaran cesantes, al computar a 3 por escuela y a ellos le sumarían una o un directivo, un personal de apoyo más un contador y a una persona de medio tiempo que se haría cargo de la cooperativa escolar “lo que nos daría la cifra de 99 mil empleos afectados”.
Van más allá y señalan, calculando en 7 mil pesos el salario neto de estos trabajadores de la educación, que por concepto de nómina se “perdería la suma de 8 mil 316 millones de pesos”. Otros impactos -de acuerdo con sus cálculos- se reflejarían en la disminución de la recaudación local del impuesto sobre la nómina en casi 208 millones de pesos y, de la misma manera, se dejarían de pagar a la federación “277 millones 992 pesos de Impuesto Sobre la Renta”; al IMSS, “1 mil 771 millones 729 mil 740 pesos” y al Infonavit “415 millones 800 mil pesos”. Una breve revisión de la norma permitiría otorgar la razón a la y los quejosos, Gracia.
De entrada, podría observarse su ámbito de competencia: “El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana es de observancia general para los proveedores que presten servicios (sic) educativos por instituciones particulares, en los diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones educativas a través de una contraprestación económica.” Aunque en su desarrollo lo haga extensivo a las academias de karate, fútbol y hasta los que prestan servicios de regularización de menores, al definir como prestador de servicios a “persona física o moral, que imparte servicios educativos que pueden o no contar con RVOE, de manera particular, a cambio de una contraprestación económica”.
Y, sin tomar en consideración las finanzas de pequeños negocios sujetos a obligaciones como el pago de nómina y de imposiciones fiscales y de servicios que ante el menor atraso deberán pagar intereses, extiende el pago de la colegiatura hasta 15 días sin interesar los perjuicios que cause. Sucedería lo mismo con la liberación “de la obligación de continuar con la prestación” por acumularse tres meses sin pago de colegiatura, que forzaría a las instituciones a la devolución de documentos -incluido el certificado parcial sin pago para el moroso- en un término de 15 días, cuando la autoridad educativa tarde en otorgar esto documento hasta seis meses y; así como esta, otras chuladas como la de encargar la verificación del cumplimiento de la norma a particulares ajenos a la dependencia, con cargo a las escuelas particulares, privatizando una función que por su naturaleza debiese ser pública.
La aplicación del ahora proyecto se convertiría en una jugada de tres bandas que afectaría no solo a las familias de las y los menores que, por cualquier razón optarían por recurrir al servicio educativo de financiamiento privado, tomando en consideración la cercanía de las escuelas que evitaría la toma de camiones para que se trasladen las y los menores; la crítica a la organización de las escuelas públicas que, en muchas ocasiones cuentan con grupos muy numerosos que rebasan la capacidad de atención de una maestra o un maestro, lo mismo que al bajo desempeño de las y los docentes de escuelas públicas originados por faltas justificadas o injustificadas, entre otras; afectarían también a las finanzas federales, a locales y a las de organismos públicos descentralizados. Muchas de las instituciones, por no aventurarse a la generalización Gracia, escuchan ya las golondrinas mientras que maestras y maestros de escuelas públicas piden que no les ayuden con la aplicación de ese proyecto.
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