Las revelaciones del reportero Ricardo Balderas (vid. Youtube.com/watch?v=kYSn4iy5No) acerca de lo que sucede en Conacyt son un ejemplo de auténtico periodismo de investigación. Lamentablemente, hasta el momento, la mayoría de los medios de comunicación se han limitado a comentar los aspectos más escandalosos de dicho “affaire” (lo cual no es de extrañar, ya que esto es lo que más atrae al público), dejando de lado las cuestiones más complejas que subyacen en el mismo.

En su reportaje intitulado “la mafia de la ciencia” –aquí nos limitaremos, por cuestiones de espacio, a mencionar sus aristas más notables– aborda las irregularidades que permearon la creación del Foro Consultivo, científico y tecnológico del Conacyt, mismo que manejó de manera discrecional (por no decir fuera de la ley) alrededor de 280 millones de pesos provenientes del erario público. Quienes manejaron estos recursos –apunta Balderas—los usaron en “beneficio y aprovechamiento” personal, destinándolos a gastos suntuarios como viajes al extranjero (Brasil, China), comidas en restaurantes de lujo (menciona, como ejemplo, el gasto de 35 mil pesos en un restaurante de lujo ubicado en Polanco), celulares, lavandería, en la plataforma de Uber, etc). Balderas habla también de la celebración de contratos con determinadas empresas privadas, mismos que beneficiaron a las personas que controlaban el citado Foro.

La cuestión más espinosa, o compleja si se quiere, es que los promotores de dicha instancia la convirtieron en una Asociación Civil (o sea en un ente privado), a través de un fideicomiso que protege el secreto fiscal. Como todo mundo sabe, los fideicomisos resguardan el secreto fiduciario. De este modo, se pusieron candados a la revisión del manejo de los recursos manejados por el Foro Consultivo. En tanto este manejaba dineros provenientes del erario, los mismos debieron fiscalizarse, pero no fue así debido a la figura de la Asociación Civil. Balderas –en una entrevista con Ia reportera Romina Gándara— señala que se vio ante la necesidad de desplegar todo un cúmulo de esfuerzos para conseguir la información que necesitaba para su investigación periodística, debido, reiteramos, a la secrecía que caracteriza a los entes mencionados. Los datos que consiguió fueron gracias a determinadas filtraciones, y a la búsqueda e investigación en diversos archivos y otras instancias.

Ahora bien, aunque el reportaje de Balderas ya se ha difundido ampliamente, (así, por ejemplo, en una entrevista con el conocido periodista Julio Astillero) lo cierto es que sus aspectos más relevantes permanecen aún sin ser conocidos por la opinión pública. Lo que ha predominado hasta el momento en el “affaire” del Conacyt, reiteramos, es el escándalo mediático, propiciado principalmente por el respaldo a las 31 personas involucradas por parte de sectores destacados de las comunidades académicas y científicas del país, comenzando por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien en un comunicado aseveró que la investigación de la Fiscalía General de la República de dicho asunto encerraba “un exceso y un despropósito”.

Algunos de los involucrados en dicho escándalo, entre ellos el astrónomo José Franco, quien coordinó el Foro de 2014 a 2018, aseguran que son “perseguidos políticos”. Éste, por cierto, en una entrevista con el citado Julio Astillero, nunca aclaró del todo el por qué se convirtió al Foro en un ente privado. Fue gracias a la habilidad de tal reportero que se vio ante la necesidad de informar que se gastaba un millón de pesos mensuales en la renta del inmueble que ocupaba tal instancia, decidiendo por ello comprar una mansión en Coyoacán, por el monto de 15 millones de pesos. Empero, no quedó claro –por la secrecía del asunto– quiénes son las personas que aparecen como propietarios de dicha mansión, aunque en apariencia pertenezca al Foro.

Pese a que la Fiscalía General de la República ha reiterado que la investigación no va dirigida contra la comunidad académica y científica del país, sino sólo a los 31 personas involucradas, diversos sectores de la misma insisten en señalar que se trata de una “persecución” general contra aquélla, tal como lo dijo el investigador de la UNAM, Antoni Lazcano, a través, por cierto, de una declaración infortunada, en la que resaltó la pregunta: “¿acaso el Presidente de la República informa sobre la renta del Palacio Nacional?”

Ahora bien, pienso que los sectores más avanzados de la comunidad científica y académica del país deberían esforzarse por reparar en una de las aristas más delicadas del reportaje de Carlos Balderas. Este señala que tras el Conacyt hay un “gobierno entre las sombras”, esto es, el de las empresas que se han beneficiado por el Foro, como la trasnacional Monsanto, que como es del conocimiento público se dedica a promover transgénicos que perjudican al campo mexicano. Balderas se pregunta: “¿cómo es posible que el Conacyt destine fondos a empresas como Monsanto cuya orientación marcha totalmente en contra de los postulados del actual gobierno de la República?”

En síntesis, ha llegado la hora de investigar a fondo lo que subyace en el escándalo mediático del Conacyt.

Mientras tanto, felicitamos al reportero Carlos Balderas por su coraje y valor civil, y por su profesionalismo periodístico.

Para terminar: “¿por qué en el título de este artículo hablamos del “país de los excesos?”

Esta frase la tomamos de un mensaje que envió a Julio Astillero una persona que comentó su entrevista con José Franco, en la que se decía lo siguiente: “¿es un exceso hablar de excesos en el país de los excesos”? (se refería, obviamente, a las declaraciones de las personalidades (como el rector de la UNAM), que aseguran que la investigación multicitada encierra un “exceso”.

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