A siete años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de la “4T”, que en diciembre de 2018 retomó el caso, ha confirmado el hallazgo de restos de dos estudiantes y gestiona la extradición de Tomás Zerón, extitular de la AIC.
La administración de Andrés Manuel López Obrador también concretó la creación en la Fiscalía General de la República (FGR) de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, encabezada por el fiscal Omar Gómez Trejo, quien el pasado viernes sostuvo que las nuevas indagatorias evidencian que la llamada “verdad histórica” sobre el caso fue creada a base manipulación de evidencia y torturas.
Sin embargo, este domingo 26 de septiembre, padres de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014, así como excompañeros y organizaciones acompañantes, marchan en la Ciudad de México, para exigir la “verdad completa” sobre el destino de los alumnos.
Y es que acusan trabas y retrasos aunque reconocen que ha habido avances con la “4T”, como la creación de la “Comisión Presidencial para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa” y orden del Ejecutivo para que todas las dependencias colaboren con esta y entreguen información que ayude a la resolución.
Unos de los reclamos más reiterados es que se esclarezca el papel que tuvo en los hechos el Ejército, al cual los padres han acusado de dosificar y administrar la información que les proporciona.
¿Qué pasó con los 43 normalistas en 2014?
A la fecha, la narrativa en la que coinciden las víctimas, investigadores y gobierno indica que, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, autoridades y miembros del crimen organizado atacaron dos autobuses que horas antes habían
tomado los estudiantes de Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para dirigirse a la Ciudad de México participar en la marcha por el 2 de Octubre de 1968.
Desde el 27 de septiembre, familiares de los desaparecidos se organizaron para comenzar su búsqueda y denunciar la implicación de autoridades, entre ellas el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Casi un mes más tarde, el 12 de octubre, ante la indignación nacional e internacional, la entonces Procuraduría General de la República (hoy, FGR) asume el caso por completo, por implicar delincuencia organizada, y la búsqueda de los 43 desaparecidos.
El 27 de enero de 2015, cuatro meses después de la desaparición, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, expone en conferencia de prensa la que denomina “verdad histórica” sobre el caso.
De acuerdo con el exprocurador, los 43 normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala y Cocula, quienes los entregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos integrantes se encargaron de asesinarlos, pues los vincularon con el grupo rival de Los Rojos.
Casi de inmediato, los padres rechazaron esta versión con una lista de 10 puntos, y exigieron al gobierno no cerrar el caso sin pruebas científicas. Su negativa se ha mantenido hasta ahora.
