La magistrada del Tercer Tribunal Unitario de Circuito en Quintana Roo, Selina Avante Juárez, ordenó a autoridades de Líbano liberar a Kamel Nacif Borge, implicado en la tortura contra Lydia Cacho Ribeiro, pese a que hay pruebas que lo inculpan en la tortura contra la periodista.
Así lo acusó la también escritora en redes sociales, donde afirmó que Avante Juárez está al servicio “de la red internacional de trata de niñas y niños”, pues ordenó la liberación del “Rey de la Mezclilla” pese a que hay evidencias de que él orquestó y pagó por la tortura en su contra en 2005, tras la publicación del libro “Los Demonios del Edén”.
En ese sentido, recordó que lleva 15 años de batalla legal, donde ha ganado el caso en instancias internacionales e incluso recibió la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber sido torturada, pero el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no pudo detener “la aberración de la magistrada”.
Y es que, afirmó, la magistrada, a quien catalogó como “corrupta” es hermana del subsecretario general de acuerdos de la SCJN y mano derecha de Zaldívar Lelo de Larrea, además de que a él se le entregaban todos los documentos de defensa que el ministro pedía.
Por ello, acusó que nuevamente desde la SCJN se sigue protegiendo a la red de tratantes de niñas y pornografía infantil, ahora para Nacif Borge lo cual también se busca hacer para el exgobernador Mario Marín Torres.
#ÚltimaHora Una magistrada al servicio de la red internacional de trata de niñas y niños opera basada en una mentira para desactivar un juicio que ganábamos ya en la arena internacional. cc @lopezobrador_ pic.twitter.com/cA3HrNP6M4
— Lydia Cacho (@lydiacachosi) August 27, 2021
Es necesario señalar que, desde el pasado 15 de julio, dicha magistrada le concedió un amparo a Nacif Borge para liberarlo del delito de tortura, bajo el argumento de que no había “prueba fehaciente” de una orden del empresario para torturar a la periodista, lo cual abrió paso para que el tercer implicado en el caso, Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, solicitara la suspensión de la orden de aprehensión en su contra.