El INE ordenó que la Consejería Jurídica elimine o modifique, en no más de tres horas, las publicaciones de la conferencia matutina presidencial del 19 de julio, pues determinó que hace propaganda gubernamental en veda por la consulta popular del 1 de agosto.
Este miércoles, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó lo anterior al resolver dos solicitudes de medidas cautelares del Partido Acción Nacional (PAN) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
En el primer caso, el albiazul denunció al mandatario por las manifestaciones que realizó, en su conferencia matutina, la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Ella dio a conocer la nueva estrategia de incorporación de personas mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, lo cual el INE señaló como “difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en el contexto de la consulta popular”.
En consecuencia, ordenó a la Presidencia de la República que, a través de la Consejería Jurídica, “en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar o modificar las publicaciones que contienen los audiovisuales y versiones estenográficas de la conferencia matutina del 19 de julio del presente año de cualquier plataforma oficial”.
Asimismo, instruyó a los funcionarios que participan en las “mañaneras” abstenerse de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital “cualquier propaganda gubernamental (…) así como de aquellas que vulneren los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, en cualquier espacio o medio de comunicación”.
Improcedentes, medida contra Jenaro Villamil
En el segundo asunto, la queja interpuesta por el PAN contra Jenaro Villamil Rodríguez señalaba la publicación de un video, en su cuenta privada de Twitter, por contener “expresiones encaminadas a confundir e influir en la opinión de la ciudadanía, respecto de la Consulta Popular”.
La Comisión estimó improcedentes las medidas, pues el denunciado manifestó haber eliminado la publicación, dicho que acreditó y certificó la autoridad electoral a través del acta circunstanciada respectiva, por lo que se trata de hechos consumados”.
Los dos proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.
