El Congreso de Puebla busca que, en los casos de aborto derivado de la violación, los médicos tengan la obligación de brindar información a las mujeres sobre los procedimientos y riesgos que tiene, a fin de que puedan tomar una decisión de manera libre y responsable.
Esto, de acuerdo con la iniciativa presentada ante el Legislativo local por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Lara Chávez, para adicionar dos párrafos al artículo 343 del Código Penal de Puebla, misma que fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.
La legisladora señaló que en la mayoría de los casos persiste una revictimización, ya que quien sufre este hecho, durante el proceso se les entrevista una y otra vez, sin darles el apoyo psicológico ni con perspectiva de género que se necesita desde el inicio de las investigaciones.
Además de que en pocos casos se les apoya con un asesor jurídico oportunamente y en cuando a las diligencias que se llevan a cabo, muy pocas veces, se aplican protocolos y disposiciones contenidas en ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para evitar revictimizarlas.
Agregó que quienes pasan por una violación no solamente sufren daños físicos, sino también psicológico y por tratarse de un acto forzado, estas relaciones sexuales ocurren sin protección, lo cual las ponen en riesgo de contraer enfermedades como el VIH, Hepatitis B, un embarazo no deseado, lesiones anales y corporales.
A lo que se suma igual un impacto psicológico, pues se aumentan las probabilidades de que padezcan psicopatologías, estrés post traumático, depresión, ansiedad y hasta inclinación al suicidio.
Detalló el aborto es legal bajo esta circunstancia en todo el país, ya que se encuentra permitido en los 32 códigos penales estatales, los cuales establecen como excluyente de responsabilidad cuando haya sido resultado del delito violación.
No se trata de despenalización
“Esto no se trata de un caso de despenalización de esta práctica, ni tampoco de un caso de excepción, sino de una modificación del tipo penal, es decir, un cambio en la descripción de la conducta que constituye el delito”, citó la legisladora.
Por ello, Lara Chávez propuso adicionar dos párrafos en dicho artículo para establecer que “en cualquier caso, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable”.
De igual forma, en todo momento, se prohíbe cualquier trato hostil, inhumano e irrespetuoso hacia la mujer afectada de ello, así como cualquier otro acto que le ocasione victimización secundaria.
Es necesario precisar que además del aborto por violación, las otras dos causas por las que están permitida esta práctica, es decir, que no es penalizado, son porque esté en riesgo la vida de la madre o porque exista una deformación en el producto.
