En su libro Una año ya y la cuarta va, Armando Bartra escribe: “Nuestro presidente es un hombre voluntarioso; un convencido de que el curso de la historia no está escrito, sino que es de nuestra exclusiva responsabilidad…..Por eso López Obrador parece terco: porque avanza inmutable por el camino que se ha trazado; haciendo consultas, pero sin escuchar cantos de sirena ni desviarse por factores coyunturales” (Vid. Ediciones de Brigada Cultural, México, 2020, págs. 10, 11. Las cursivas son nuestras).

Ciertamente AMLO parece “terco”, pero esto forma parte de su voluntad inquebrantable de transformar el sistema político. Pero está convencido de que esto no puede cristalizar sin la participación de las masas populares. Por ello ha decidido impulsar consultas para involucrar a éstas en las principales determinaciones de su gestión. Como es del conocimiento público, el en septiembre de 2020, propuso ante el Senado realizar una consulta popular para preguntar a nuestros conciudadanos si estaban de acuerdo en realizar una investigación contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular, pero modificó la pregunta en la cual se cambiaron los nombres de los ex presidentes por “actores políticos”. La redacción quedó el siguiente modo : “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Como puede verse, la nueva redacción le quitó las aristas más filosas a la propuesta elaborada por AMLO.

Pese a ello, los mexicanos debemos ir a votar el primero de agosto –día en que se realizará la consulta– con el objeto de que manifestemos nuestro deseo de que no queden impunes los actores políticos que perpetraron acciones que dañaron el tejido social.

Mientras no se esclarezcan hechos como la masacres de Aguas Blancas, Acteal, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapan, el asesinato de cientos de periodistas, los cientos de feminicidios y el paradero de los alrededor de 80 mil desaparecidos, de ningún modo podremos asegurar que México ya se encuentra en un franco proceso de transición hacia la democracia. Esto no podrá convertirse en una realidad mientras los ciudadanos se limiten a emitir su voto en los procesos destinados a renovar sus autoridades : esta es la visión que prevalece entre los apologistas del neoliberalismo.

Una auténtica democracia es aquella en la que los ciudadanos intervienen en el complejo de problemas de su entorno social, sobre todo los que tienen que ver con el predominio de los derechos humanos, y esto es precisamente lo que distinguió a los gobiernos del PRIAN: la falta de respeto a los mismos. Por ello tenemos el deber de juzgar a los actores políticos que perpetraron ese tipo de delitos. Estos no deben caer en el olvido.

Como escribió el escritor checo Milan Kundera, “la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.

Los mexicanos debemos mostrar que respaldamos plenamente el proyecto de la 4 Transformación encaminada a forjar una sociedad en la que el respeto a la vida, a los derechos sociales y a la libertad sea su rasgo distintivo.

Por esa razón, ¡acudamos a las urnas el primero de agosto!

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