El próximo domingo 6 de junio se observará en el país lo que ha sido calificado como el proceso electoral más importante en la historia del país. Hay varios factores que permiten pensar que así será. En primer lugar por el número de cargos de elección popular que serán votados, el cual asciende a aproximadamente 21,108. En segundo lugar serán electas 15 gubernaturas, la cámara de diputados, congresos locales, miles de ayuntamientos. En tercer lugar por el momento político que vive el país: el Gobierno de la Cuarta Transformación se juega en las elecciones a diputados federales la continuidad tersa o una accidentada segunda mitad del sexenio.
En Puebla dos elecciones parecen ser las más importantes. La elección de la presidencia municipal de la capital del estado y la del congreso local. Paradójicamente lo que las hace importantes, no es la correlación de fuerzas entre el partido oficial y los de la oposición, sino la guerra interna en la que se debate Morena entre dos grandes fuerzas. Estas se encuentran representadas a grosso modo entre los seguidores de la presidenta municipal Claudia Rivera y los del gobernador del estado Luis Miguel Barbosa. Cada una de estas dos fuerzas o federaciones de fuerzas, tienen referentes nacionales que se encuentran en disputa con respecto a la sucesión presidencial de 2024. Estando los partidos de oposición desdibujados y teniendo Morena una fuerza que no es la suya, sino la del presidente Andrés Manuel López Obrador, es en el seno de Morena en donde se está observando la correlación de fuerzas que será decisiva para los próximos tres años en la entidad.
Teóricamente la bancada de Morena que resulte electa el 6 de junio debería apoyar al gobernador que Morena impulsó en 2019. Pero esto no será así. Las candidaturas a las diputaciones de Morena al parecer estarían divididas en tres bloques, dos de ellos férreos opositores al gobernador Barbosa. Éste tendrá que hacer alianzas con diversidad de fuerzas a efecto de que un congreso local con mayoría de Morena no se le vuelva un factor de ingobernabilidad. Una presidencia municipal de Morena en la capital podría ser más incómoda para el gobernador que una emergida de la alianza PAN-PRI-PRD.
Independientemente de estos hechos insoslayables, la próxima legislatura local tiene varios temas progresistas para la agenda legislativa del próximo trienio. En materia de derechos humanos tal como lo ha expresado Luis Soriano Peregrina, se plantea una municipalización de los mismos a través de modificaciones a los artículos 104 y 105 de la Constitución del Estado que hagan explícito el respeto, la promoción y la dignificación de los derechos humanos y la creación de comisiones municipales de derechos humanos. Se plantea también modificaciones en el mismo sentido a la Ley Orgánica Municipal y la creación de una comisión de la verdad histórica que investigue los crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos en el pasado con las consecuentes medidas de atención y resarcimiento a las víctimas y sus familiares.
En lo que se refiere a cuestiones de género y en particular de mujeres, la próxima legislatura deberá apoyar la aprobación de la legislación secundaria de la reforma constitucional de paridad de género; el perfeccionamiento del tipo penal del feminicidio y su armonización con el Código Penal de la entidad; apoyar un Sistema Nacional de Cuidados y su implementación en Puebla; reducciones de brechas salariales entre hombres y mujeres; acceso a métodos anticonceptivos; atención integral al aborto seguro en los casos que marque la ley; atención a la salud materna y neonatal; medidas que garanticen la continuidad de la lactancia materna; garantías de condiciones de atención, suministro de artículos y medicamentos para atender la menstruación.
Finalmente en lo que se refiere al agua, la próxima legislatura deberá atender planteamientos como los de la Asamblea Social del Agua (ASA): el apoyo a la Ley General del Agua que está en proceso en el Senado y la Cámara de Diputados; la abrogación de la Ley del Agua del Estado de Puebla y sus sustitución por una nueva que garantice el derecho humano al agua; remunicipalización del servicio y eliminación absoluta del corte de agua como penalización a la demora en el pago. Mientras eso no suceda, apoyar contralorías ciudadanas que vigilarían el que el agua distribuida sea de buena calidad y cantidad y que no se impongan tarifas abusivas. El agua que el PAN y PRI privatizaron, debe volver a ser un servicio de propiedad pública.
Muchas otras medidas tendrá que legislar la próxima legislatura local. Aquí solamente he mencionado las que en lo personal visualizo como prioritarias. La próxima semana se sabrá la composición de dicha legislatura y la medida en que atenderá una agenda progresista. A partir del próximo lunes sabremos qué expectativas podremos formarnos.
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