Tras más de tres años sin resolución a dos demandas contra la BUAP, Miguel Ángel Damián Huato, profesor rescindido, confía en la apertura de los tribunales laborales en octubre, pues señaló que la JLCA favorece a la administración del rector Alfonso Esparza Ortiz.
El experto en agroecología, quien recibió en octubre de 2020 el tercer lugar del premio nacional “Dip. Francisco José Múgica”, convocado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Cedrssa) de la Cámara de Diputados, también mostró optimismo por la renovación de la rectoría y por la posibilidad de que su caso sea revisado por el subsecretario de Gobernación estatal, Ardelio Vargas Fosado.
Y es que la Junta Especial Número Cinco, a cargo Julia Muñiz Merino, tiene “paradas” dos demandas del académico contra la universidad, una por acoso laboral, de 2018, y otra por despido injustificado, de 2019.
Dicha junta concentra todas las querellas de trabajadores contra la administración de la universidad.
En entrevista con Ángulo 7, el profesor, de 70 años, señaló que no ha visto avances sustantivos en sus casos, los cuales se alargan con “chicanadas” y “aplazamientos” que siempre favorecen a la institución demandada.
Mencionó, como ejemplo, que la universidad ha citado a tres profesores como testigos, pero como sólo se presentaron dos, la JLCA aplazó la audiencia hasta junio.
Desde 2019, la BUAP también ha sido omisa en demostrar que su permanencia y la de los demás académicos del Instituto de Ciencias de la BUAP estaba condicionada a checar entrada y salida mediante un dispositivo de huella digital.
Le impusieron reloj checador
Señaló que este checador fue una imposición exclusiva para él a partir de enero de 2018, tras más de 30 años de laborar en la universidad sin un dispositivo así, y que, tras enfermar y no registrar su entrada, le rescindieron su contrato el 28 de febrero de 2019, seis días después de haber iniciado la investigación administrativa en su contra.
Asimismo, desde 2017, no se le pagó el aguinaldo y el estímulo a profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Y desde la segunda quincena de enero, le suspendieron su salario, prestaciones y servicio médico.
Lo anterior, pese a tener el nivel II del SNI y seguir produciendo material reconocido por la comunidad científica, como el libro “Milpa, diálogo de saberes y soberanía alimentaria”, publicado por el Cedrssa.
“Hay una clara complicidad entre Julia Muñiz y las autoridades que dirigen la universidad. Y los trabajadores estamos desprotegidos, pues el sindicato (Aspabuap) se subordina a sus intereses y no nos defiende ante arbitrariedades”, expuso.
Acusa red de complicidad en la BUAP
Damián Huato ha denunciado que la administración de Esparza Ortiz aplica una “política autoritaria implacable” en la BUAP, lo cual ha causado la jubilación de muchos universitarios.
“No tengo ninguna duda, aseveró, que Esparza Ortiz, representa una regresión en la vida académica de nuestra universidad”, sostuvo.
Advirtió que, desde la administración de la BUAP, se ha tejido una “red de complicidades” que no sólo llega a la JLCA, sino que se extiende a organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue).
Expuso, como ejemplo, que la CDH-Puebla se ha negado a emitir una recomendación contra la administración de la BUAP por su despido injustificado, pese a que este violó sus derechos de acceso al salario, a la salud y a una vida digna.
Sin embargo, mantiene su optimismo porque su caso ha sido reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la cual ya promovió un recurso de impugnación por la declaración de incompetencia por parte de la CDH-Puebla para resolver su caso.
En cuanto al Itaipue, señaló que no le ha respondido solicitudes de transparencia sobre cómo la actual administración universitaria de la BUAP ha manejado los recursos públicos que recibe año con año.
Ante el escenario anterior, el profesor reiteró su confianza en que, con la desaparición de la JLCA, cuyas funciones serán asumidas por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), su caso y los de otros universitarios por fin avancen hacia resoluciones.
