El ayuntamiento de Juan C. Bonilla sostuvo que la clausura de la embotelladora de agua Bonafont fue legal, en tanto que los opositores a la empresa insisten en que es un acto “electorero”, siendo la esposa del actual edil, Joel Lozano Alameda, contienda para sucederlo.
Este miércoles, cinco días después de que se colocaran los sellos, la Comuna emitió un comunicado en donde argumentó que “desde 2019” pidió a la transnacional informar los permisos de suelo y explotación del vital líquido, mismos que no habría presentado.
La administración de Lozano Alameda señaló que la clausura era parte de una serie de acciones legales contra la empresa, mientras que dijo que se llegarán “hasta las últimas consecuencias”.
Clausura política, acusan
El pasado martes, en rueda de prensa, los Pueblos Unidos que mantienen el plantón fuera de la planta tacharon la clausura de una estrategia “política”, al acusar que Lozano Alameda busca “seguir” en el cargo, al impulsar la candidatura de Araceli Tehuitzil Muñoz, su esposa.
La expresidenta del DIF municipal es la abanderada de Morena a la alcaldía de Juan C. Bonilla, por lo que calificaron la colocación de sellos como “un acto de campaña” e incluso acusaron que Protección Civil loca habría “incumplido” con el protocolo.
Recordaron que fue el pasado 14 de mayo, 30 días después de que pobladores de diversas comunidades aledañas iniciaran el plantón, cuando la Comuna realizó la clausura, siendo que el acceso a la planta ya estaba cercado por los manifestantes.
Ante plantón, acciona Comuna
En el referido comunicado, el ayuntamiento exhibió diversos oficios signados por Lozano Alameda, donde se muestra que el 10 de febrero de 2019 solicitó por escrito a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) estatal un estudio de impacto ambiental, el cual no se dio a conocer, mientras que las acciones de la Comuna comenzaron tras la manifestación.
Entre las instancias a las que acudió Lozano Alameda una vez que se mantuvo el plantón está la representación legal de Bonafont y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), mientras también se pidió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerrar la planta, a finales de marzo de 2021
Los inconformes sentenciaron que no dejarán su resistencia hasta que la embotelladora cierre definitivamente, pues aseguran que “saquea” el vital líquido en Juan C. Bonilla y comunidades aledañas.
