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Contratos leoninos=robo a la nación // Privados asaltan las finanzas de la CFE // Empresas mineras tras el litio mexicano

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que si, como afirman, su único interés es defender la legalidad, los jueces que a destajo otorgan suspensiones definitivas contra la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador (hasta ahora suman 84, y contando, concedidas en menos de 15 días) bien harían en evaluar el daño económico que a la nación provocan sus alocadas decisiones, siempre en su afán de proteger a los corporativos privados que se amparan en contratos leoninos firmados en administraciones pasadas.

El más reciente informe de la Comisión Federal de Electricidad, que detalla y documenta hasta el último centavo de lo que al país significa mantener esos contratos leoninos y concesiones, debe ser marco de referencia para los citados jueces a la hora de proteger a los citados consorcios, porque en caso contrario no dejarán de avalar el atraco a la nación.

Sirva de referencia lo documentado por la CFE: los subsidios a la iniciativa privada, derivados de la reforma energética de Peña Nieto, representan, hasta ahora, 471 mil 200 millones de pesos (para dar una idea ese monto equivale a 10 veces el presupuesto anual de la UNAM) que el erario no tiene por qué transferir a las empresas protegidas por los jueces. De ese monto, 209 mil millones son subsidios en la diferencia entre compra a grandes empresas y venta a usuarios. Además, 60 mil 200 millones son apoyos gubernamentales por no despacho de centrales privadas, 29 mil millones por la transmisión, 21 mil por respaldo, 52 mil 500 por tarifa creciente en la venta de energía a la empresa pública, 88 mil millones de riesgo cambiario y 11 mil 500 de riesgo inflacionario.

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Tulum, como ejemplo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que fue un asesinato. Hubo varias videograbaciones, de tal manera que el hecho no se quedó arrumbado en uno de tantos archiveros gubernamentales sin destino que hay en todo el país. Sucedió la tarde de este sábado en Tulum, estado de Quintana Roo, donde el año pasado fue reprimida una manifestación de mujeres contra la violencia y el acoso ejercidos contra ellas.

La asesinada, según los datos disponibles a la hora de teclear esta columna (https://bit.ly/2O7GCV2 ), era salvadoreña, de nombre Victoria Salazar Arriaza. Cuatro policías municipales, principalmente una mujer, la sometieron en vía pública y, a semejanza de lo sucedido en Estados Unidos con el afrodescendiente George Floyd, una rodilla policiaca (femenina, en este caso) fue colocada sobre la cabeza de la mujer a la que habían denunciado, según las primeras versiones, por alterar el orden público, en estado de ebriedad.

A pesar de que estaba inmóvil y ya muerta o en vías de serlo, la mujer salvadoreña fue subida a la parte trasera de una camioneta policiaca, sin cumplir con protocolos forenses. Un ejemplo, pues, de la ínfima capacitación de los cuerpos policiacos para enfrentar situaciones de esta índole y la recurrencia arbitraria a mecanismos de encubrimiento de agentes en problemas.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Trampolín de verdad. Basados en el reality show que ayuda a los emprendedores a crecer, tras convencer a empresarios, el municipio de Querétaro tuvo la genial propuesta de instaurar la Experiencia Universitaria Shark Tank. No es cosa menor. La alcaldía suma apoyos para más de 19 mil estudiantes queretanos, entre becas, laptops y voluntariados, pero el programa que intenta convencer a los “tiburones” es lo más innovador para impulsar el talento estudiantil. No es un as sacado de la manga, pues la preparación del proyecto fue detallada por meses. Participan alumnos en el último año de la licenciatura o maestría, y no sólo compiten para financiar sus proyectos, también pueden recibir mentorías y capacitación para mejorar sus nacientes negocios. El éxito ha sido tan grande que el modelo se podría replicar. Sin duda, un acierto más del municipio.

2. Mano pesada. Se excedieron los policías de Tulum. La nota roja y vergonzosa de este fin de semana y, sin duda, parte de la agenda de esta semana, ha sido el homicidio de una mujer en este municipio, tras ser detenida por la policía. Las redes sociales se han llenado de imágenes que hacen recordar el asesinato a manos de la autoridad estadunidense de George Floyd, a quien un agente policiaco asfixió mientras lo detenía. En el vecino país del norte las protestas no se hicieron esperar. En México, no obstante tratarse del mismo fenómeno de brutalidad, las cosas no son iguales. La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación. No hay mucho que indagar: fue sometida por los policías con uso excesivo de fuerza. El edil, Víctor Mas Tah, debe actuar en consecuencia, pues es algo que no se debe tolerar.

3. Alí Babá. En la delegación regional del IMSS Baja California, el ataque a la corrupción va en serio. Hace unas semanas, la delegada detectó un robo importante en la subdelegación Tijuana. Sin chistar, la doctora Desirée Sagarnaga ordenó una investigación exhaustiva para encontrar a los culpables. Como era de esperarse, quisieron que todo quedara en la renuncia de Martín Guevara Saavedra, el principal responsable, pero los hechos demostraron que son varios los implicados, quienes fueron rescindidos de inmediato: Jerónimo Lemus Vázquez, Pablo Yee Delgado, Joaquín Isaac Ortega Benítez, Óscar Andrés Valle Elenes. Además, se exigió la jubilación obligatoria y con sanciones de Joaquín Amec Sapiens Acosta, jefe de almacén, y a la jefa estatal de abastecimiento. Siguen cayendo corruptos. Como cuando se sacude un árbol.

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