Aunque actualmente el proyecto hidroeléctrico en los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan y Tlacotepec en la Sierra Negra de Puebla está detenido en la Semarnat, aún no está cancelado y tiene vigentes algunos permisos de la Conagua y la CRE.
Lo anterior de acuerdo con el observatorio ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) y su documento Proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan: ¿Sigue vigente?
El análisis señaló que por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este proyecto del promovente minera Autlán tiene vigentes el título de concesión de aguas superficiales, el título de concesión de zona federal y el permiso para obras de infraestructura hidráulica.
Mientras que en el caso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cuenta con el título de generación de energía eléctrica aún vigente, por lo que los permisos antes señalados todavía podrían ser utilizados por el promovente en caso de retomarse su construcción, señaló el Igavim.
Recordó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue detenida luego del amparo que se interpusiera por pobladores que se oponen a dicha obra, al considerar que causará daños ambientales, privatización del agua y despojo de tierras, pues se pretende instalar en una zona montañosa de la Sierra Negra del estado.
Un desaparecido y un intento de homicidio
A inicios de febrero un grupo de habitantes de Zoquitlán informaron que entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, un documento en el que le piden la cancelación definitiva del proyecto Coyopala-Atzala de minera Autlán por las afectaciones que tendría para el medio ambiente y su población.
En el contexto del descontento social por esta obra hay que mencionar que en agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), quien ya había sido agredido dos veces, y que se había manifestado contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala que se pretende ejecutar en la Sierra Negra, desapareció desde el 24 de agosto de 2018.
Posteriormente, en mayo de 2019, asociaciones civiles denunciaron que Salvador Sánchez Bolaños, opositor al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, sufrió un posible intento de homicidio en su casa ubicada en el barrio de Atexcal, en la cabecera municipal de San Pablo Zoquitlán.
