SAT: minera canadiense, en la mira // First Majestic evade $11 mil millones
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que quién los viera, porque en su país de origen los corporativos mineros canadienses son catalogados de legal, social, laboral y ecológicamente responsables (¡cómo estarán los irresponsables!) que contribuyen al desarrollo de la comunidad. Pero más allá de esa idílica narrativa oficial, fuera de sus fronteras, en especial cuando operan en naciones como México, proceden de forma contraria: de hadas se transforman en depredadores, tal como lo hacen las empresas mexicanas dedicadas a ese actividad.
Al igual que los corporativos mineros mexicanos, los canadienses violan la ley laboral, pagan salarios de hambre, se pasan por el arco del triunfo la norma ecológica, concentran millones de hectáreas, manipulan precios de los metales, ocultan el volumen de producción, chantajean aquí y allá, compran autoridades federales y estatales, permanecen impunes y, la cereza del pastel, alegremente evaden al fisco y exigen devolución de impuestos.
Como cápsula de memoria, vale mencionar que ya en junio de 2020 el presidente López Obrador advirtió que hay unas empresas canadienses mineras que no están al corriente (en el pago de sus impuestos) y quieren ir a tribunales internacionales; entonces, aprovecho para mandarle un mensaje respetuoso al embajador de Canadá (en México) para que nos ayude a convencerlas; ¿para qué vamos a tribunales?, si es muy claro que tienen esas deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y ojalá nos ayude a convencerlas.
Monreal y las redes: ruido de oportunidad
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que como enunciado suena vigoroso, casi épico: México defenderá la libertad de expresión y el derecho a la información ante las aplastantes maquinarias privadas que son dueñas de las redes sociodigitales en el mundo entero. El caballero andante de esta acometida es el políticamente muy mundano senador Ricardo Monreal Ávila, quien dice estar alistando sus utensilios jurídicos para proponer las adecuaciones legislativas.
Incluso dijo ayer Monreal que se alista para dialogar con los representantes locales de algunos de los gigantes mundiales: “Quiero la opinión de Facebook, Twitter, de las redes, Instagram, incluyendo el órgano autónomo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también voy a enviarle copia a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para la opinión que tenga el gobierno federal sobre tal iniciativa”. Ya se verá, mencionó el poderoso senador, si la iniciativa la presenta él en lo personal o la apoya expresamente Morena. La idea es que sea discutida y aprobada en el periodo ordinario de sesiones del Congreso federal que inició este lunes.
Lo cierto es que el mundo entero vive una redefinición profunda en rubros como tecnología, salud, sistema financiero y formas de convivencia política y social y, en ese cuadro de profundas adecuaciones, de dimensiones aún desconocidas, los grandes corporativos asentados en el internet o, en específico, en las redes sociodigitales, han aumentado su poder económico y político. Poco pueden hacer de verdad los Estados nacionales ante la realidad globalizada de internet y las empresas que, de manera contundente al censurar al desquiciado Donald Trump cuando este aún habitaba la Casa Blanca, cruzaron la línea de lo empresarial para adentrarse en lo político y lo electoral, haciendo así explícito el control de la opinión pública y de la opinión (o el silenciamiento) de los poderes convencionales y formales.
El Presidente se juega su resto
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que el periodo de sesiones que acaba de iniciar en el Congreso y que será el último en la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, será definitivo y decisorio para el futuro de la llamada cuarta transformación. Ante la incertidumbre de si Morena podrá ratificar su mayoría legislativa el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mandado a sus fracciones, tanto de diputados como de senadores a sacar, en los próximos tres meses, un paquete de iniciativas y reformas constitucionales y legales que representan, en la visión presidencial, el terminar de “sentar las bases” del proyecto político de este Gobierno, a través de cambios a la Constitución y a las leyes secundarias que van desde el tema energético, hasta la llamada “austeridad republicana” o la consolidación de la nueva Fiscalía General de la República.
Podría decirse que López Obrador se juega su resto y manda a las bancadas oficialistas a echar toda la carne al asador para que le garanticen la aprobación de cambios legales y constitucionales que, en algunos casos considera parte de su “transformación” y en otros, simplemente, son caprichos y obsesiones presidenciales, la reforma constitucional que ya preparan para obligar a que ningún funcionario pueda ganar más que el sueldo que gana el Presidente de la República, hoy tasado en 108 mil pesos mensuales.
Hay otros temas que obedecen más a la ideología sexenal que a las necesidades reales del país, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que el Presidente metió como iniciativa “preferente” para modificar el sistema de compra de la energía eléctrica por parte del suministrador de Servicios Básicos, al que ahora ya no se obligará a obtener la energía a través de subastas, sino a través de Contratos de Cobertura Eléctrica que le darán prioridad en la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y a sus centrales eléctricas, relegando a los generadores privados y a los Contratos de Energías Limpias (CEL).
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Engranaje legislativo. Justo en uno de los puntos más álgidos de la pandemia, lo conducente es que todos nos cuidemos. Así lo piensan y lo acordaron los legisladores. De esta forma, avanza en el Senado el acuerdo propuesto por Ricardo Monreal para realizar sesiones a distancia. Gracias a los acuerdos políticos generados por el senador zacatecano, se logró aprobar, por unanimidad, su propuesta. Una vez más, el titular de la Jucopo muestra cómo se afina el engranaje legislativo: logró el apoyo de los partidos. Así se discutirá virtualmente y se votarán asuntos que no tengan que ver con modificaciones a la Constitución, suspensión de derechos humanos o asuntos que requieran de dos terceras partes presentes en el Senado. Ante todo, la salud.
2. Tiempo de definiciones. En Morena, los contendientes a candidatos para la alcaldía Álvaro Obregón luchan arduamente por ser los elegidos. Entre los apuntados está Valentina Batres, quien en sus decisiones anteriores lleva la penitencia: la ciudadanía no olvida que fue iniciativa de ella el aumento de 35% al cobro por el consumo de agua en colonias de clase media y alta. Y muy por encima de ella en las preferencias están Lorena Villavicencio, diputada federal por Álvaro Obregón, y el diputado Eduardo Santillán. Deben ser muy atinados con la designación, pues la ventaja de que Morena cuente con un 70% de los probables votantes, con una mala decisión, dirían adiós a esa ventaja. Y aunque, en teoría, el PAN cuenta con un 4% y el PRI con 2.8%, según sondeos, es necesario colocar a una candidata o candidato que garantice la votación por sí mismo y no por las siglas del partido. Santillán, quien ya fue delegado de esa demarcación, les lleva la delantera. Veremos si tiene el punch.
3. Con todas las de perder. Los priistas se equivocan en Chihuahua. El pasado 21 de enero, Graciela Ortiz se registró ante el tricolor como precandidata a la gubernatura. La exsenadora ofreció a las familias chihuahuenses la certeza de que tendrán un lugar central en la acción del gobierno. Lástima que todo se vaya a quedar en promesas. Los cálculos más precisos revelan que se encuentra a 20 puntos de distancia de quienes encabezan la contienda: María Eugenia Campos, por el PAN, y Juan Carlos Loera, por Morena. Ortiz sumaría, con ésta, su tercera derrota en su propósito de gobernar, y es que le pesa haber sido secretaria de Gobierno con César Duarte, sujeto a juicio en Estados Unidos. No se olvida que, además, se encuentra en una carpeta de investigación por parte del fiscal de la entidad, César Augusto Peniche. ¿No tienen algo mejor en el PRI?, ¿habrá alguien que salga al quite?
