La iniciativa de Morena en el Congreso local que busca aplicar un tratamiento de inhibición sexual a las personas acusadas de violación en Puebla es populista, inconstitucional, sin sustento jurídico ni sicosocial, además de que no garantizará que se reduzca este delito.
Así lo señalaron, en entrevista, Roberto Rosete Guzmán, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), de la universidad Iberoamericana y Brahim Zamora Salazar, del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Por una parte, Rosete Guzmán manifestó que la medida presentada en la propuesta impulsada por la diputada María del Carmen Saavedra Fernández está prohibida en el artículo 22, además de que ignora otras acciones que se podrían hacer para tener impacto en la reducción de la violencia contra las mujeres.
Refirió que esta reforma no garantizará que se reduzcan los delitos de violación sexual y tampoco contempla la impunidad derivada de la falta de capacidad y voluntad de las instituciones de procuración de justicia, como la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar estos delitos.
“En lo único que coincidimos es con la preocupación y exigencia de poner un alto a la violencia contra las mujeres en Puebla, ya que si fuera analizada por un órgano jurisdiccional no pasará en su análisis; es más derivada del populismo penal para atraer la atención de la sociedad y ofrecer resultados que no se van a ver palpables en la realidad”, pronunció.
Aseveró que no tiene sustento jurídico, constitucional ni sociológico, además de que no hay estudios, ni fuentes en el que se observe que estas penas desproporcionales tengan algún efecto para deducir los delitos, ya que la iniciativa solo establece que sea para los que son sentencias tras pasar por un proceso judicial.
Por ello, instó al Congreso local a que se enfoquen a impulsar mejoras para garantizar la búsqueda a la justicia de manera eficiente, así como de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), emitida para 50 municipios, pues ésta ya establece acciones de prevención, seguridad, justicia y reparación.
No garantiza disminución de delitos
Por su parte, Zamora Salazar cuestionó la razón por la que la diputada morenista impulsa esta reforma, al aseverar que el delito de violación ya estableció una pena corporal y es de las más altas en el estado, por lo que someter a un tratamiento de inhibición sexual no repara el daño ni garantiza la consecución de justicia.
Asentó que son medidas populistas que no resolverán el problema de fondo y atenta contra a las garantías individuales, además, la persona que comete abuso sexual, por más grave que sea, tiene derechos consagrados en la Constitución en su artículo 4 como son los reproductivos.
“Reducir el pensamiento y la complejidad del fenómeno a un asunto hormonal que se conduce a un comportamiento derivado de la producción de testosterona en los hombres, y que con una castración química esto se va a reducir o tener un impacto positivo en la comisión del delito es absolutamente ingenuo”, asentó.
Por el contrario, dijo que los legisladores deberían enfocarse a poner en marcha acciones que lleven a reducir el “alto nivel de impunidad” que hay, así como apuntalas estrategias integrales para reducir este ilícito, pues no es un tema que esté sostenido desde el punto de vista hormonal, al aseverar que los hombres no violan a las mujeres solo por tener un alto grado de testosterona.
Consideró que esto se da más porque hay un sistema patriarcal y machista, que genera que haya condiciones y privilegios para los varones, pero que al mismo tiempo provoca desigualdad contra las personas del sexo femenino, lo cual se ve reflejado en los actos de violencia.
Ante esto, propuso que los diputados enfocarse a otras acciones que sí darían un mejor resultado, como es evaluar el actuar de la FGE sobre qué está pasando con todas las denuncias de violación, cuál es el porcentaje de efectividad en las mismas, el número de detenidos, cuántas han llegado a sentencia y cómo se están cumpliendo.
“No basta solo con meterlo a la cárcel (al violador), sino que lo van a castrar, pues no dará resultados positivos, son parches legislativos y populistas que no tienen medios de verificación real ni evidencia de que son eficaces”, expresó.
