El Congreso local aprobó elevar hasta 12 años de prisión la pena a quien cometa violencia familiar contra niños y adolescentes, así como dio luz verde a la prohibición de solicitar a las mujeres trabajadores certificados médicos de no embarazo para ingreso o permanencia.
Por una parte, la diputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidenta de la Comisión de Familia y los Derechos de la Niñez, propuso reformar el penúltimo párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal del de Puebla para aumentar en 50 por ciento la pena, por lo que, de 2 a 8 años de cárcel, se castigará entre 3 y 12 años.
La legisladora mencionó que en la mayoría de los casos de violencia familiar permanece oculta porque los menores se sienten inseguros de denunciar estos actos, debido al miedo que tienen de que los agresores puedan tomar represalias contra ellos o porque incluso llegan a pensar que es una situación normal que se vive en otras casas.
Comentó que deben evitarse casos como el de la niña Yaz, menor de 7 años, que fue internada en el Hospital de La Margarita del IMSS, primero en abril del año pasado y luego en agosto, debido a agresiones físicas que tenía y que, tras cuatro meses de permanecer internada, perdió la vida.
Es necesario mencionar que este por este delito igual ya se contempla una sanción de 50 hasta 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) –4 mil 481 a 13 mil 440 pesos–, pero con la modificación será de hasta 20 mil 160 pesos.
Prohibido pedir prueba de embarazo a mujeres
Por otra parte, durante la sesión se aprobó por unanimidad la reforma el artículo 34 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, a propuesta de la Comisión de Igualdad de Género.
En su turno, la legisladora priista, Roció García Olmedo, presidenta de dicha comisión, manifestó que con esto se perfecciona la normativa del marco jurídico, y así los patrones ya no podrán pedir como requisito a las mujeres certificados médicos de no embarazo para ingreso, permanencia, promoción o ascenso en el empleo.
Dijo que el embarazo tampoco será motivo de despido, presión para renunciar, discriminar o menoscabar los derechos con motivo de su estado, con lo que se protegen las garantías laborales de este sector en Puebla.
Recordó que esta reforma fue propuesta por la diputada panista Nancy Jiménez Morales para modificar el artículo 34 de la ley antes mencionada en noviembre pasado, mismas que fue aprobada por todos los integrantes de la comisión la semana anterior.
