Con la aprobación del proyecto para iniciativa de reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, se dará justicia a estos sectores, así como su participación en las estructuras política, jurídica y económica que rigen al país.
Así lo señaló el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio, ante el Comité Técnico de Expertos de la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano que aprobó la Exposición de Motivos y el Texto Normativo de la propuesta de reforma.
Salazar Solorio explicó que reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas es una de las prioridades de la actual administración.
Por su parte, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que esta reforma reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica a pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias.
Habrá salto para reconocer a indígenas
Durante las intervenciones de integrantes del comité, el antropólogo Héctor Díaz-Polanco consideró que el documento es muy completo, plural e incluyente, por lo que de aprobarse por el Congreso de la Unión será un hecho histórico para dar un salto moral como país al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicano.
El documento aprobado señala que el propósito fundamental de esta reforma constitucional es reconocer, en toda la extensión de la palabra, a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con capacidad para decidir sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y al aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales.
Por ello, se contemplan temas como los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; tierras, territorios, biodiversidad y recursos naturales; sistemas normativos; coordinación con el sistema jurídico nacional; participación y representación en las instancias de decisión del país; comunicación comunitaria e intercultural; así como el derecho a la consulta libre, previa e informada.
Además, patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y propiedad intelectual colectiva; educación comunitaria, indígena e intercultural; desarrollo integral y sostenible; soberanía y autosuficiencia alimentaria; salud y medicina tradicional; migración indígena; jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, así como la nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicano, entre otros.
