Industria: 25 caídas al hilo // Urge una política sectorial
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como siempre, una buena y una mala: la primera, que en noviembre pasado el Indicador Mensual de la Actividad Industrial se incrementó 1.1 por ciento en términos reales, respecto del mes previo; la segunda, que en su comparación anual la producción industrial retrocedió 3.3 por ciento en igual periodo y en términos reales, con lo que las señales de alarma se mantienen en toda su intensidad, de acuerdo con el más reciente informe del Inegi.
En el periodo neoliberal los tecnócratas presumían que la mejor política industrial es aquella que no existe, en el entendido, según cacareaban, de que el sacrosanto mercado por ellos venerado resolvería todos los males habidos y por haber. Pues bien, ahí está el resultado: un sector industrial mexicano cada día más pequeño, débil y dependiente, en sempiterna espera del milagro prometido.
Pues bien, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic, de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes) subraya que el resultado de la actividad industrial en noviembre pasado contiene mensajes que deberán leerse con atención: sin lugar a duda que el retroceso (3.3 por ciento) en dicho mes atenúa la contracción de 2020 y es resultado de que ocho componentes de las manufacturas y la minería de minerales no metálicos lograron tasas positivas. Sin embargo, el resto de la industria sigue en terreno negativo.
¿Ahora sí, Gertz?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que hasta ahora, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha sido calmo y esquivo en temas fundamentales de la lucha contra la corrupción y el restablecimiento de un Estado de Derecho. Forjado en la escuela de los entendimientos y fingimientos del pasado que la llamada Cuarta Transformación debería abandonar, fue postulado e instalado por tal 4T en la simulación de “autonomía” que pasó de la Procuraduría General de la República (PGR) a la actual fiscalía transexenal.
A diferencia del vértigo declarativo, por ejemplo, de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (velocidad retórica sin consecuencias procesales, pues no corresponde a esta área técnica activar averiguaciones previas u otros mecanismos judiciales), en la citada fiscalía gertziana pareciera no haber prisa más que en consumir el tiempo (sobre todo, el políticamente sexenal).
Cuando menos tres casos de esa fiscalía merecerían activación formal y demostración de voluntad justiciera: el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex que ha gozado de un extraordinario trato de privilegio a partir de una negociación delatora que le ha mantenido a salvo de siquiera pisar la cárcel; el del general en retiro, Salvador Cienfuegos, quien fue devuelto de Estados Unidos por gestiones del presidente de la República y no ha sido tocado con el pétalo de alguna diligencia judicial mínima, según lo hasta ahora conocido, en una exhibición escandalosa de sustracción a los mecanismos judiciales correspondientes a los graves cargos que le hicieron en el país vecino, y el caso de Pío López Obrador y David León Romero, captados en un video en el que se habló de entregas de dinero en el Chiapas del exgobernador Manuel Velasco para actividades partidistas del entorno obradorista.
AMLO destruye instituciones y crea bodrios
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que al paso que va, la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador le va a dejar como herencia a los mexicanos una destrucción del sistema institucional en la administración pública, una Presidencia tan omnímoda como la del pasado y sin suficientes contrapesos autónomos y constitucionales y algunas nuevas instituciones y dependencias hechas y nombradas más por caprichos ideológicos y políticos que con criterios de eficiencia, funcionalidad y atención de las necesidades más apremiantes de los mexicanos.
Porque hasta ahora en lo que se ha enfocado y especializado el Presidente no es en ver cómo el Gobierno y la administración pública pueden funcionar mejor y ser más eficientes, en cómo tener servicios de Gobierno más ágiles y rápidos. Todo lo que ha hecho López Obrador es cuestionar y desmantelar, con el puro argumento de la austeridad, pero sin criterios de eficiencia y mucho menos sin estudios ni análisis técnicos, las instituciones y dependencias que había en el Gobierno federal, algunas para desaparecerlas e integrarlas como áreas o apéndices de otras dependencias y las más para cambiarlas por otras que, con un nombre ideologizado afín a su 4T, no se vuelven necesariamente mejores ni más eficaces y en varios casos han llegado a generar un caos y empeorado los servicios que prestan a la ciudadanía.
El Seguro Popular, por ejemplo, arrasado y desmantelado con un argumento de corrupción, que sin duda era válido, pero no justificaba eliminar totalmente las áreas que sí funcionaban, fue sustituido por un Instituto del Bienestar que, a la fecha, y en plena pandemia del coronavirus no ha demostrado ser ni más eficiente ni hacer honor a su nombre al haber afectado la mayoría de los servicios.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Riendas firmes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete para escuchar propuestas de cómo adelgazar los gastos superfluos y así tener más recursos para los programas sociales. Se prevé que, tras analizar la desaparición de áreas gubernamentales, se elabore una iniciativa de ley para que López Obrador la haga llegar al Congreso. El Presidente ha dicho que las secretarías de Estado, como la de Comunicaciones y Transportes, así como la de la Función Pública, por ejemplo, desempeñarían las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respectivamente. Que esta reunión de gabinete sirva a los colaboradores de la 4T para hacer las cosas bien, ¿qué esperan?
2. Temas atorados. Los coordinadores de las bancadas de la Cámara de Diputados acordaron conformar esta semana un Grupo de Trabajo plural con senadores para analizar, con todos los sectores involucrados, la reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velasco, al concluir la reunión virtual. El jefe de la diputación de Morena recordó que la minuta para reformar la ley del Banxico quedó aprobada a finales de 2020 por los senadores y fue ampliamente discutida tanto en parlamento abierto como en comisiones. Entre pandemia, desdén y obstáculos naturales, esta propuesta ha encontrado, como pocas, un escenario adverso. Mier Velasco precisó que la intención ahora es buscar entendimientos entre diputados y senadores. En pocas palabras: va para largo.
3. Cuidado, morenos. En el ranking de gobernadores en la República Mexicana, realizado por la empresa C&E Research, arroja que los tres primeros lugares en aprobación ciudadana son ocupados por mandatarios del PAN. De acuerdo con el estudio, el top 10 de los mandatarios estatales con mayor aprobación está conformado por cinco militantes de Acción Nacional, tres del PRI y dos de Morena. La lista de los mandatarios mejor evaluados es encabezada por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con un índice de aprobación del 68.1%; la segunda posición es para el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, con 67.9%; el tercer lugar es de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, con 62.6 por ciento. O se aplican o el derrumbe de Morena en las elecciones de 2021 no lo detiene nadie.
