Outsourcing: conciliación fallida // Cúpula empresarial viola acuerdo // Cancela más de 277 mil empleos
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que más tardó la siempre chantajista y chillona cúpula empresarial en comprometerse a “iniciar de inmediato la regularización del outsourcing” que en pasarse por el arco del triunfo el acuerdo que en dicho sentido firmó con el gobierno federal el pasado 9 de diciembre en Palacio Nacional, un pacto que aplazó, a capricho de los patrones, el análisis y eventual aprobación de la iniciativa presidencial en contra de la subcontratación. Era previsible su incumplimiento, desde luego, porque cree que es su derecho precarizar el empleo y despedir al personal sin ton ni son para incrementar sus utilidades y evadir la ley.
Tras el referido acuerdo, sólo había que esperar la estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en materia de empleo formal para corroborar el alcance real del compromiso de la cúpula empresarial, un pacto que en primera instancia buscaba evitar la cancelación masiva (una práctica patronal de muchos años, con el fin de evadir el pago de aguinaldo y al fisco) de puestos de trabajo durante diciembre y evitar el desarrollo de prácticas perjudiciales para los trabajadores.
Aunque falta el detalle, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en diciembre de 2020 (es decir, en el mes en el que, de entrada, la cúpula empresarial se comprometió a erradicar las citadas prácticas) se cancelaron 277 mil puestos de trabajo en la economía formal, y tal pérdida es atribuible no a los efectos de la pandemia, sino al “famoso outsourcing” (AMLO dixit) utilizado por los patrones para evadir el pago de impuestos y las prestaciones de ley, lo que confirma, por si a estas alturas alguien todavía tiene dudas, que no es mediante exhortos, invitaciones, acuerdos, compromisos y demás recursos retóricos como se evitarán prácticas tan deleznables como la subcontratación.
Redes y youtuberos, en riesgo
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que ayer, durante su conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador abordó el tema de la censura en redes sociodigitales, con el caso Donald Trump como candente pero no única referencia. Más allá del caso del desquiciado multimillonario estadunidense todavía refugiado en la Casa Blanca, el político tabasqueño convocó a un necesario debate sobre el papel de esas trasnacionales de la comunicación ya tan abiertamente poderosas y peligrosas.
Lo hizo en términos aún técnicamente bamboleantes, más bien ideológicamente discursivos, pues el tema fluctúa entre los límites estrictos del derecho privado y el público, ya establecidos los primeros en contratos individuales que cada usuario acepta al incorporarse a servicios de redes sociodigitales (YouTube, Facebook, Twitter, por citar ejemplos relevantes) y los segundos, los correspondientes al interés público de esos ejercicios mediáticos, aún pendientes de regulación eficaz.
Lo sucedido con Trump en horas de abierta negación a que usara ciertos servicios privados de comunicación por internet es solo una muestra de la batalla que segundo a segundo se libra en esas redes sociodigitales, durante un tiempo tan ensalzadas por haber constituido una plataforma inicialmente muy dúctil para información y análisis antes disponibles solo a través de medios convencionales de comunicación.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Elefantes blancos. En Baja California, tierra gobernada por Jaime Bonilla, hace casi un año, el 29 de enero de 2019, renunció la fiscal anticorrupción, Elizabeth Ojeda Mayoral. Lo hizo por carecer de infraestructura, recursos y personal para realizar la encomienda constitucional. Pese a ello, para este año la Fiscalía Anticorrupción no tiene asignado presupuesto para operar. Ojeda Mayoral había sido electa el 20 de diciembre de 2019. Esa fiscalía especializada es responsable de investigar delitos de servidores públicos, por lo que le corresponde armar las carpetas de investigación de las denuncias por corrupción presentadas en contra del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid y al menos seis integrantes de su gabinete. Instituciones en el abandono. ¿Ése es el cambio? Viva la honradez de los mexicanos.
2. Encarrerados. A pesar de que el peso se depreció con fuerza tras alcanzar su mejor nivel de 10 meses, derivado de compras de pánico luego de lo sucedido en Estados Unidos, la bolsa ganó en línea con sus pares de Nueva York y otras plazas después de que los demócratas consiguieron el control del Senado, abriendo la puerta a un posible estímulo fiscal más grande para la mayor economía del mundo. El peso cotizaba en 20.02 por dólar cerca del cierre de la sesión, con una pérdida del 1.98% frente a los 19.63 pesos del precio de referencia del miércoles pasado. Hace un par de días, México colocó un bono por 3 mil millones de dólares, a 50 años, en el mercado Formosa de Taiwán. Uno de los de más largo plazo en la historia. Jugada magistral de Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Todo va bien económicamente, ¿verdad?
3. Se buscan responsables. El gobierno de Tamaulipas mantiene una postura fija para que se esclarezca de dónde salió un documento aparentemente apócrifo y con el que la CFE trató de avalar un incendio que ocasionó un apagón en todo el país y que afectó a más de 10 millones de usuarios. El mandatario Francisco García Cabeza de Vaca aclaró que, más allá de que el siniestro pudo haber ocurrido, el caso es que se cometió un delito al presentar un documento que el gobierno estatal no reconoce, cuyo acto lo consideran como grave. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía estatal que a su vez le dio vista a la FGR, para que investigue quién hizo llegar ese documento a la CFE. “La mentira es reaccionaria y es del demonio”, ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿Bartlett mintió al presentar un oficio falso? Más que grave.
