La Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua para la Vida, señaló que la Conagua y la Ley de Aguas Nacionales impiden detener la privatización y abusos del vital líquido, así como combatir la corrupción en su manejo, como la planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, a través de un pronunciamiento dirigido al mandatario, en respuesta a su planteamiento en la conferencia matutina del miércoles, donde señaló que no hace falta una reforma para estatizar el agua porque se puede frenar la privatización con la ley vigente.
Por su parte, la organización, cuestionó “cómo lograr este objetivo si la Conagua y la LAN son precisamente la institución y el marco normativo que han promovido los abusos y el acaparamiento”.
Señaló que la ley permite la privatización de sistemas municipales y obras hidráulicas, además de “negar” derechos a sistemas comunitarios y no reconocer las dotaciones recibidas por decreto presidencial en ejidos.
Aseveró que dicha legislación ha permitido que las inmobiliarias obtengan concesiones y controlen los servicios de agua en sus fraccionamientos, mientras que las mineras pueden usar aguas subterráneas sin permiso y ni control de emisión de jales.
“La ley actual no permite regular descargas de aguas nacionales excepto cuando el cuerpo receptor es federal”, agregó.
También indicó que no existen mecanismos para controlar la contaminación por las salmueras de las desalinizadoras, las aguas residuales del fracking o los lodos contaminados residuales de las plantas de tratamiento.
Desde febrero de 2020, tras realizar foros en todo el país, esta organización impulsa una Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que se encuentra en proceso de dictamen en la Cámara de Diputados.
Su objetivo es frenar los abusos de concesionarias como Agua de Puebla y garantizar el derecho humano al agua, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución.