La CDH emitió una recomendación a la alcaldía de San Martín Texmelucan, encabezada por Norma Layón Aarún, luego de acreditar uso excesivo de la fuerza de policías municipales contra una persona que fue detenida al ser señalado de robo a transporte de carga en 2019.
Esto, de acuerdo con el expediente 2029/2019 que abrió la Comisión de Derechos Humanos (CDH), tras la queja que presentó el agraviado, en la que relató que los hechos ocurrieron en febrero de hace 2 años, cuando dos elementos de la Secretaría de Seguridad de dicha demarcación le provocaron diversas lesiones en los brazos, rodillas, orejas y brazos, algunas de ellas de varios centímetros, derivado de los golpes que recibió al momento de ser aprehendió por los uniformados.
Al respecto, la comisión solicitó un informe al ayuntamiento texmeluquense, mismo que respondió en abril de 2019, en el que negó los hechos y adjuntó el reporte policial de los elementos que estuvieron presentes, pues fueron los primeros respondientes.
Tras analizar los hechos, el organismo autónomo afirmó que los policías municipales actuaron en contravención a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con lo que violentó lo estipulado en los artículos 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Precisó que si bien no se opone al aseguramiento y detención de las personas cuando éstas cometan una falta administrativa o conducta delictiva, los servidores públicos deben hacerlo observando y respetando las garantías individuales.
Puntualizó que los elementos de seguridad municipales cometieron violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal, por lo que emitió la recomendación 27/2020 al manifestar que no puede generarse impunidad en los hechos.
Comuna deberá reparar el daño
Ante esto, la Comuna texmeluquense, a cargo de Layón Aarún, deberá hacer la reparación de los daños médicos y psicológicos ocasionados a la víctima, derivado de las afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con motivo de los hechos.
Deberá colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) en la integración de la carpeta de investigación que se inicie, en contra de los elementos policiacos involucrados, además de dar vista a la Contraloría Municipal para que les abran un procedimiento administrativo y en su caso finque responsabilidades si así lo acredita.
De igual forma, tendrá que instruir a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que se sujeten a actuar en lo establecido en el Orden Jurídico Mexicano, y capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional.
