En la FGE de Puebla, hay más de 15 mil procesos del antiguo sistema penal que están rezagados, pues sólo dio seguimiento a 5 mil 928 carpetas de investigación, de las que concluyeron el 88.5 por ciento, es decir, 5 mil 249.
Así lo indicó el titular, Gilberto Higuera Bernal, quien en su comparecencia ante el Congreso local, reportó en su glosa de actividades que, de enero a noviembre del año pasado, también consignaron 459 averiguaciones previas del antiguo sistema, aunque señaló que los más de 15 mil llevarán más tiempo.
Con respecto al 2019, informó se abrieron 75 mil 557 carpetas de investigación, precisando que el objetivo de la actual impartición de justicia del sistema acusatorio no es apresar a todos los inculpados, sino disminuir la cantidad de casos preventivos y juicios orales, pese a que solo emitieron 111 sentencias condenatorias en procedimiento abreviado y 46 juicios orales.
Para no llegar a dichas instancias, aseguró que los delitos patrimoniales son delegados a mecanismos alternativos con el fin de que se resuelvan durante la fase de judicialización para la suspensión del proceso o la sentencia de procedimiento.
“Los casos se van concluyendo dependiendo del resultado. Tres de cada diez delitos terminan la investigación determinando que no hubo delito”, argumentó.
De las carpetas ya mencionadas, resaltó que 33 mil 291 son por robo violento de vehículo, a transporte público, de mercancía, negocio y casa habitación, lo que se traduce en un 50.4 por ciento; de igual forma, hubieron 8 mil 341 denuncias por violencia familiar, equivalente al 12.7; cinco mil 844 lesiones (el 95 por ciento de ellas dolosas), del 8.5, y el 6.2 por ciento de amenazas, con 4 mil 115 casos.
Violencia de género y secuestro
Respecto a la alerta de género, Higuera Bernal destacó que a finales del 2019 cumplieron con el 95 por ciento de las 35 medidas que le competieron al organismo autónomo, en tanto que implementaron una geolocalización de delitos contra las mujeres que puede consultarse en su portal.
Subrayó que para atender el mecanismo del gobierno federal, asignaron 56 agentes ministeriales y 112 policías, quienes fueron capacitados recibieron capacitación por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) estatal, con el apoyo del entonces Instituto Poblano de la Mujer (IPM).
También resaltó la detención de 199 individuos por secuestro, quienes supuestamente integraban bandas de dos o tres personas, siendo que en algunas cedulas fueron identificadas hasta 15; al respecto mencionó que la eficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su captura fue del 95 por ciento.
Detalló que los delitos en los que más incurren niños y adolescentes son de posesión, comercio de droga y portación de armas, esto, pues son reclutados por pandillas y organizaciones delictivas, destacando el incremento de mujeres a estas actividades; los mismos, son atendidos por la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Adolescentes.
De igual forma, registraron 82 por delitos contra la salud y extorsión, cuyas llamadas provenían de los penales de Altamira, Azúcar de Matamoros, así como del expenal de Topochico, ubicado en Nuevo León y de Santa Marta Acatitla, de la Ciudad de México, de las cuales, precisó, no se realizaron pagos.
El fiscal puntualizó que aseguraron a cinco mil 50 personas atrapadas en flagrancia, de las que mil 637 fueron vinculadas a proceso; además, agregó que en otros rubros se dictaron mil 937 medidas cautelares y seis mil 684 mecanismos de protección a favor de las víctimas, quienes, en los casos de reparación de daños, obtuvieron una suma conjunta de 164 millones de pesos.
