Ejidatarios de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas exigieron a las autoridades seguir las denuncias contra la familia Vera Baéz, a la que acusan de daño patrimonial, así como de querer mantener un “cacicazgo” en la zona, con violencia y tráfico de influencias.
Lo anterior, a 20 días de que la asamblea donde pretendían regularizar un añejo conflicto con el comisariado ejidal, sobre 200 hectáreas de tierra, fuera cancelada por la irrupción de dos presuntos sicarios, a quienes las hermanas Karla Michelle y Mirna Andrea Vera Baéz habrían contratado para asesinar al actual comisario ejidal.
En conferencia de prensa, realizada este domingo en Puebla capital, refirieron que, desde 1994, cuando Andrés Vera Sánchez llegó a la presidencia ejidal, él y sus hijas “se han convertido en verdaderos caciques”, abusando de sus facultades para despojar de tierras los campesinos y hacer negocios con ellas, con el “padrinazgo de autoridades y funcionarios corruptos”.
Y es que, por casi tres décadas, la familia ha retenido el comisariado ejidal de la Romero Vargas, pues tras la salida de Vera Sánchez, los sucedieron sus hijas Paola Janette y Karla Michelle, mientras que Mirna Andrea fue designada apoderada legal.
Desde estas posiciones, “han causado un gran daño patrimonial al ejido de Ignacio Romero Vargas y San Lorenzo Almecatla”, mediante prácticas como hacer “constancias de posesión a modo” y “juicios maquinados para adjudicarse inmuebles”.
Imponen cuotas y han despojado de tierras, acusan
Los inconformes relataron que uno de los “modus operandi” de las hermanas Vera Báez es presentarse ante viudas con una minuta “diciendo que el occiso le había dado poder sobre los terrenos”.
Incluso en 2017 –-mencionaron— Michelle, quien era presidenta del comisariado, amenazó al párroco Jesús Salgado Salazar con “quitarle el terreno donde se ubica este templo católico de la Santa Cruz del Divino Niño, pese a ser propiedad federal”.
En cuanto a las cuotas, señalaron la imposición de un pago de tres pesos por metro cuadrado de cada propiedad, multiplicados por los años atrasados. Quienes se niegan a pagar, son demandados en el Tribunal Unitario Agrario de Distrito 37, donde Karla ofrece desistir del recurso a condición de le paguen entre 2 y 8 millones de pesos por caso.
Por su parte, propietarios de negocios, ubicados en la avenida Zavaleta y Camino Real a Cholula, se han quejado de que dicha mujer “les exige el pago de hasta el 30 por ciento de sus utilidades mensuales, hasta cien mil pesos por negocio, bajo el argumento de que las tierras del ejido no pueden tener uso comercial”.
Además, a los ejidatarios que se acercan al comisariado para vender sus propiedades “les cobran sumas estratosféricas por extenderles las minutas correspondientes (…) cien pesos por metro cuadrado”.
A quienes los desafían, los amenazan de muerte, alertan
Ante dichos abusos, decenas de propietarios han desafiado las imposiciones de la familia Vera Baéz, pero en respuesta reciben “amenazas de muerte”, como el caso de Octavio Osorio Cervantes, quien sufrió dos atentados en 2008, “por defender sus terrenos”.
Por otro lado, “mediante la corrupta complicidad de notarios públicos” las hermanas consiguen escriturar terrenos a través de prestanombres, a fin de enajenarlos mediante contratos privados.
