La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aseguró que Catastro detendrá las acciones relacionadas a los ejidatarios de La Resurrección que acusaron despojo de tierras; mencionó que el conflicto por el cobro predial se debe a una falla en la escrituración.
En entrevista, mencionó que tras una reunión con el gobierno estatal acordó que el ayuntamiento detendrá cualquier movimiento relacionado al área de Catastro para que los colonos puedan continuar con su defensa.
No obstante, resaltó que el conflicto deberá escalar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que, mencionó, no forma parte de su competencia, destacando que lo único que podía hacer era detener las acciones para que “de estos movimientos quiera sacar provecho alguien que no debiera”.
Fue el pasado 6 de marzo cuando habitantes de La Resurrección señalaron que la Comuna se ha negado a cobrarles el predial por presuntamente “proteger” a la empresa Financiera Uno, señalada de intentar expropiarles sus tierras, ante lo cual, el 21 de febrero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió un fallo a favor de que les reciban el cobro.
Al respecto, la munícipe expresó que “No se está desobedeciendo” el acato y que lo dictaminado por el tribunal tiene que ver con otros procesos de propiedad pública que competen también al estado y no específicamente a Catastro.
Precisó que el problema fue heredado desde 2010, por una falla en el proceso de escrituración, pues los predios fueron dados a gente que “no era ejidataria”, lo cual, señaló, se trata de un conflicto al que no “se ha dado trámite y ha generado fallas en algunas de nuestras revisiones”.
No habrá cambios en gabinete
Sobre la posible salida por la inseguridad de la secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Lourdes Rosales Martínez, refirió que no hay ningún cambio “pactado” con el mandatario Miguel Barbosa Huerta, sino que se hicieron revisiones al interior.
Asimismo, señaló que esta semana se darán a conocer las acciones y estrategias coordinadas con el gobierno estatal.
Reconoció que las estrategias en seguridad no han sido suficientes “pero se avanzó sin brincarnos ningún paso”, argumentando que la delincuencia es el resultado de un “desgaste estructural de más de diez años”, que inició con el retiro de dos mil policías durante la administración de Rafael Moreno Valle, cuyo vacío se ha tratado de llenar con la contratación de más elementos.