El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Puebla coincidió con el gobernador Miguel Barbosa Huerta en que este organismo precisa de reformas, aunque reiteró su rechazo a las críticas por la remuneración de sus integrantes, superior a 100 mil pesos al mes.
Lo anterior, a través de un comunicado publicado este domingo en respuesta a las declaraciones que emitió el titular del Ejecutivo poblano el pasado viernes, respecto a la necesidad de “modificaciones legislativas y administrativas” al SEA.
Respecto a este punto, el comunicado del comité indica que los siete miembros “compartimos y apoyamos” el deseo de Barbosa Huerta sobre el fortalecimiento del SEA, “comenzando por proponer reformas a la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción”.
En este sentido, expusieron que no hay nadie mejor que ellos para “aportar propuestas concretas con base en el trabajo y la experiencia que han sido puestos en duda sin mayor consideración”.
No obstante, se quejaron de que el gobernador considere que ellos no cubren el perfil de “gente proba, autónoma, independiente y sin filiaciones ni afinidades partidistas”, así como de que los haya señalado por pertenecer a grupos políticos o de interés.
Además, volvieron a calificar como inexactas y erróneas las afirmaciones de Barbosa Huerta respecto a que sus remuneraciones superan los 100 mil pesos, remarcando que estos es información pública.
Al respecto, vale recordar que, según la propia página del CPC, el presidente de este órgano percibió en 2019 115 mil 384 pesos al mes, mientras que los comisionados, 104 mil 894 pesos cada uno, monto que incluye gastos de operación, cuota de autoseguro en el IMSS, impuestos, entre otros. Aún no transparentan información de este 2020.