Juez ampara a trasnacionales // Protege a privados, no al país
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, señala que el cuento de nunca acabar: lo que una autoridad decide con la ley en la mano, el aparato judicial lo echa para atrás. Y es de todos los días, especialmente cuando están en riesgo los intereses de los consorcios trasnacionales o de los poderosos grupos empresariales autóctonos, por mucho que esos intereses sean producto de las concesiones –léase el descarado atraco a las arcas públicas con el aval de la supuesta autoridad– y la corrupción de administraciones anteriores.
El más reciente capítulo es electrizante y lo protagonizan instituciones del Estado mexicano, la cúpula empresarial y el aparato de supuesta procuración de justicia, este último par cabildero y representante de las trasnacionales y corporativos nacionales (cuyos dueños son los de siempre) que desde el gobierno salinista, y con su venia, anticonstitucionalmente clavaron sus colmillos en la industria eléctrica del país, y que a lo largo de los años expandieron sus tentáculos y obtuvieron beneficios de cuentos de hada en demérito de las finanzas y la productividad de la Comisión Federal de Electricidad.
La historia se repite desde que los gobiernos neoliberales decidieron modernizar a México y va de los bancos a los ingenios azucareros, de las aerolíneas a los ferrocarriles, de la telefonía a las carreteras y mucho más, en la que el interés nacional siempre se topa con el supuesto aparato de justicia, encargado de cuidar a los grandes corporativos nacionales y foráneos, sin importar las consecuencias en contra del país. Todo ello mediante la lucrativa industria del amparo. ¿Algún juez amparó a los mexicanos en contra del Fobaproa, los Tesobonos, el Ficorca, los rescates privados a diestra y siniestra, los abogánsters, el endeudamiento público para salvar a los corporativos privados, la evasión y condonación fiscal, y la corrupción prevaleciente en todo ello? Ni en sueños.
La rebelión de los desapendejados
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que uno de los empresarios más ricos del país, en ruta de ser el más beneficiado por el gobierno federal durante el sexenio en curso, lanzó ayer preguntas tuiteras a sus “amigos” y colegas en andanzas de negocios, a los que supone en cuarentena “en Valle” (puede suponerse que se refiere a Valle de Bravo, en el Estado de México) “o donde quiera que estén recluidos”.
Al asumir que el covid-19 no se va a extinguir y que continuará propagándose, Ricardo Salinas Pliego preguntó a sus compañeros empresarios cuáles son sus planes a futuro: “1.- ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? 2.- ¿Quedarse encerrados hasta que el Gobierno les diga que pueden salir? 3.- ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?”.
Obviamente, el principal accionista de Televisión Azteca, Elektra, Banco Azteca y otras firmas englobadas en el Grupo Salinas ha lanzado una especie de amistoso exhorto a la desobediencia de las medidas sanitarias dificultosamente cumplidas en México ante la irrupción del mencionado tipo de coronavirus. Es decir, un relanzamiento del llamado antes hecho en pantalla por su principal personaje televisivo en materia de noticias, Javier Alatorre, cuando, en la segunda quincena de abril, convocó a “ya no hacer caso” al encumbrado subsecretario de salud, Hugo López Gatell, emblemático vocero del gobierno obradorista en cuanto al citado virus.
La eventual rebelión de los grandes empresarios ya desapendejados podría tener como incentivo que Palacio Nacional no ha dado ninguna muestra real de desacuerdo con los retos que ha lanzado el insurrecto Salinas Pliego. Al conductor televisivo Alatorre se le dio trato de amigo y se le extendió una generosa exculpación pública, a diferencia de lo que sucede con otros medios de comunicación que han criticado las políticas andresinas. El máximo jefe Azteca pudo, por lo demás, extender el funcionamiento de sus negocios hasta llegar a un punto de escándalo ante el cual aceptó reducir parte de la actividad de algunos de ellos. Aún ahora, mediante la treta de la tercerización o subcontratación (outsourcing, en inglés), varias firmas siguen contratando personal y trabajando de manera relativamente discreta para el mencionado Grupo Salinas.
Tanta tolerancia hay hacia el desapendejamiento reivindicado por Salinas Pliego que cabe preguntarse si en el fondo sus posturas no corresponden a ánimos incluso gubernamentales deseosos de apresurar tiempos y entrar a un desescalamiento de rigores sanitarios ante la urgencia de reactivar lo más que sea posible del maltrecho aparato económico.
El síndrome Moreira aflora en los estados
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que la pandemia del coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el Gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectos para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan con la autorización de sus congresos locales –con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores– en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.
En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del Mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no solo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.
Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo, pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con los votos suficientes, el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena, que se pasó a votar con la bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de un mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que lleva en el Gobierno, Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.
El endeudamiento de los estados empezó con Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces, al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos, que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos, por lo que se llamó la “megadeuda”, que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.
Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente molestia del presidente López Obrador, que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad, y que se aprieten el cinturón”, con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el Gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Una más. Nadaba de a muertito el gobernador Antonio Echevarría, pero ahora Nayarit salta abruptamente a la agenda nacional. Hay indignación y dolor en las calles de Tepic tras el feminicidio de Diana Carolina Raygoza Montes, quien fue encontrada con huellas de violencia en un domicilio de la colonia Morelos, en plena etapa de confinamiento. La joven había denunciado amenazas. “Nosotros como mujeres siempre hemos corrido el riesgo, es inaceptable, totalmente inaceptable, que ya no podemos estar seguras ni en tu propia casa, estar vigilada, estar blindadas, no es justo ni para ti ni para nadie”, advirtió Cler, amiga de Diana. De apenas 21 años de edad, era estudiante en la Universidad Autónoma de Nayarit. Compañeros y amigos iniciaron diversas protestas. El mandatario no tendrá sino que responder al clamor. ¿Será capaz?
2. Predicar con el ejemplo. El aislamiento social no es un juego de opción múltiple. Y eso lo tendrá bien claro el alcalde de un municipio queretano que jamás sale en las noticias, Pinal de Amoles, salvo por los excesos de su presidente municipal. Por violentar la cuarentena y participar en una fiesta a la que acudieron más de 100 personas, se inició un procedimiento jurídico en contra del edil Isidro Garay Pacheco. El pasado 15 de mayo celebró una fiesta. Al respecto, la directora de los Servicios de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó que el edil acudió al citado festín desatendiendo las medidas de aislamiento por el coronavirus. Querétaro ronda los 800 casos confirmados de covid-19 y 84 defunciones. ¿Quieren más?
3. Cortocircuito. La diputada federal Mónica Almeida, del PRD, advirtió que la nueva política sobre el sistema eléctrico nacional tendrá implicaciones de índole contractual, en donde podrían generarse altos costos por el incumplimiento de obligaciones previamente generadas. “Nos encontramos frente a una regresión preocupante que tendrá un gran impacto negativo del cual nos costará muchos años recuperarnos, donde, lamentablemente, existen países que nos llevan más de 10 años de ventaja y tal parece ser que este gobierno quiere acrecentar esta desventaja”. Consideró que las economías familiares serán las más vulnerables, pues el costo de la electricidad aumentará debido a que se retirarán las inversiones y no se podrán concretar más, después de que México le ha dado la espalda a las energías renovables. Así o más pesimista. Peor si tiene la razón.
