¿Qué fue del seguro de desempleo?// ¿Dónde quedó el Pacto por México?
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que circula en redes sociales una versión, aparentemente de algunos héroes intelectuales de la derecha, que destaca la paradoja: son ellos, neoliberales a más no poder, quienes pugnan por un seguro de de-sempleo –tipo Estados Unidos, es de suponer– para que los trabajadores puedan enfrentar los terribles efectos económicos de la pandemia, y no el gobierno en funciones –protector de los pobres–, que sólo ofrece como alternativa a todo aquel que perdió su plaza laboral que recurra a su respectiva Afore para darle un pellizco y así contar con cierta liquidez.
Resulta encomiable la desinteresada bonhomía de esos héroes, aunque su propuesta hace recordar el denominado Pacto por México (2 de diciembre de 2012, apenas 24 horas después de que Enrique Peña Nieto tomara posesión del cargo), pues en su compromiso número 4 establecía la creación de un seguro de desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su empleo para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones para tener un crecimiento profesional y patrimonial (por cierto, muchos de los abajo firmantes hoy están prófugos de la justicia, en la cárcel, con amparo en el bolsillo o bajo el paraguas protector del fuero legislativo).
Pero, detalles judiciales aparte, ¿qué fue de ese compromiso número 4, entonces apoyado y aplaudido, y hoy desinteresadamente reivindicado como novedad por los héroes intelectuales de la derecha? Según la crónica de aquel 2 de diciembre de 2012, Peña Nieto convocó a todas las fuerzas políticas, organizaciones civiles, líderes empresariales y sindicales, investigadores, medios de comunicación, así como a la sociedad en general, a sumarse para que éste sea un pacto de todo México.
Y fue la cúpula empresarial la primera en ponerle peros al asunto del seguro de desempleo, darle vueltas al patriótico compromiso de los abajo firmantes y cabildear por todas partes, especialmente con la pandilla del Legislativo, para que el numerito no se concretara, cuando menos no a costillas de la patronal. Entonces, ¿en qué quedó?
El 18 de marzo de 2014, 16 meses después de firmado el Pacto por México, con todo y su compromiso número 4, la Cámara de Diputados (voto mayoritario de PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano) aprobó reformas, entre otras, a las leyes del Seguro Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la intención –según dijeron– de reducir la desigualdad, disminuir la pobreza y reivindicar la justicia social, por medio de lo que denominaron seguro de desempleo, al que sólo podrían acceder los afiliados al IMSS.
El halconazo tapatío
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que no pudo sostener Enrique Alfaro Ramírez el aire retador ni las decisiones rígidas que había asumido en cuanto a las medidas sanitarias relativas al covid-19 y a su relación política con el poder ejecutivo federal.
Durante semanas, Alfaro, ingeniero civil con maestría en desarrollo urbano por el Colegio de México, pareció convertirse en la figura más recia y creciente de la oposición institucional al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mediante declaraciones tronantes (entre otras, de manera directa contra el subsecretario de salud, Hugo López Gatell), planteamientos controversiales (como la redefinición del pacto fiscal nacional) y un activismo opositor al obradorismo que le llevó a ser la principal figura de una especie de sindicato de ocho gobernadores (a los siete originales, cifra que incluye a Alfaro, se ha sumado el de Guanajuato, quien asegura que representa el interés de otros mandatarios no morenistas del centro del país, que pronto se integrarán a este frente).
Nacido en Guadalajara y por cumplir 47 años el próximo domingo 20, Alfaro se tropezó políticamente con un cubrebocas. Es decir, con un episodio de brutalidad policiaca contra un albañil de treinta años de edad, Giovanni López, quien fue detenido con violencia por policías de uno de los 125 municipios de Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicado a unos 45 minutos de Guadalajara y con poco más de 55 mil habitantes.
Acusado de no llevar cubrebocas, según las primeras declaraciones informales del caso y conforme a un video, Giovanni apareció muerto horas después de haber quedado bajo control de los policías de un municipio constantemente señalado por hechos delictivos atribuibles al crimen organizado y su dominio del aparato de gobierno, en este caso a cargo del presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar, un priista con varias acusaciones densas en su contra.
A un mes de los sucesos trágicos (del 4 de mayo al 4 de junio) y con la viva indignación mundial por el asesinato por policías del afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota, el caso Giovanni fue mostrado como una consecuencia de las políticas autoritarias que Alfaro desplegó de manera orgullosa para diferenciarse de las practicadas por el gobierno federal: cárcel a quienes no usaran cubrebocas en público, mano dura, implacable, presumía el político que ha pasado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y, ahora, sin afiliación pero con absoluta inmersión y control, Movimiento Ciudadano, desde el cual ha considerado posible intentar una coalición de partidos que lo lance como candidato presidencial en 2024.
Posible crisis por médicos amparados
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que un problema más se suma a la complicada situación que ha enfrentado el IMSS en la pandemia del coronavirus cuando estamos aún en los picos más altos de contagio y con los semáforos en rojo en todo el país: médicos y trabajadores de la salud del Instituto, primero en lo personal y luego en grupos, han encontrado en la vía legal del amparo una forma de negarse a atender pacientes con Covid-19 con el argumento de que no tienen apoyo de la institución que es su empleador ni las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y protección.
La estrategia legal del personal de salud podría generar una crisis ante la falta de médicos especialistas que podrían faltarle al IMSS, justo en los momentos en los que se están incrementando los contagios y la demanda de los servicios de hospitalización y terapia intensiva en los estados y en la Ciudad de México. A pesar de que el Gobierno federal ha contratado 7 mil nuevos médicos para el Seguro, se trata en su mayoría de médicos jóvenes y sin tanta experiencia, además de que los médicos jubilados a los que también convocaron la mayoría no han aceptado, aún con el bono que les ofrecieron.
Hasta el momento se sabe de al menos 100 casos de médicos y personal de salud de distintas áreas del Seguro Social que han recurrido al amparo en varios estados de la República, basados en las condiciones de su Contrato Colectivo de Trabajo y asesorados por abogados laborales y por dirigentes de su sindicato, que esgrimen la obligatoriedad legal de que la institución les proporcione a los trabajadores de hospitales y clínicas “todos los instrumentos necesarios para su seguridad y protección”, además de que los trabajadores de la salud exponen que en caso de infectarse con coronavirus, el IMSS lo tomaría como “enfermedad general” y no como “riesgo de trabajo”, por lo que de ser enviados a sus casas recibirían solo el 60% de su sueldo.
Los médicos y el personal de salud tienen miedo y preocupación no solo por ellos sino por su familia, como es natural, y tienen el derecho, basados en su Contrato Colectivo, de ir al amparo y los jueces les están dando la razón. La semana pasada en Guadalajara, en la Clínica 110 del IMSS, 25 médicos trabajadores presentaron el 31 de mayo pasado amparos ante el Poder Judicial de la Federación para no atender pacientes portadores de nuevo coronavirus (Covid-19), pues la semana anterior se les había obligado a hacerlo pese a no contar con la especialidad ni con capacitación requeridas. Lo mismo pasó con 20 médicos del Estado de México que se ampararon en Metepec el 28 de mayo acusando que los habían mandado a atender pacientes con coronavirus sin el equipo de protección necesario, y cuando varios de ellos tenían otras especialidades distintas a las requeridas.
Covid-19 en la intimidad
Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que durante los últimos tres meses he publicado en estas páginas y otros espacios varios textos dedicados al coronavirus. Como la mayoría de mis colegas he puesto mi oficio al servicio del conjunto: decenas de horas dedicadas a leer, investigar, entrevistar, corroborar, analizar y desestimar información.
Cada vez que observaba tendencias y escuchaba la voz de los que dicen saber, hubo siempre un temor íntimo que imantaba la curiosidad de mis preocupaciones. No imaginé que llegaría el día en que ese temor preciso iba a materializarse.
Antes de escribir esta columna tuve dudas sobre la relevancia periodística de la historia personal que estoy a punto de contar. Se suma el hecho ético de que no es solo mía la angustia provocada por la experiencia.
Sin embargo, me convencí de compartir estas líneas porque considero injusta la observación que solo atiende a los grandes números agregados, vuelo a veces arrogante sobre la realidad.
Con frecuencia hablamos del número de contagios confirmados, las personas hospitalizadas, las camas faltantes, la cifra de ventiladores requeridos, las muertes y así una lista larga de indicadores que son ciertos y al mismo tiempo engañan respecto a la tragedia.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Ocurrencias inviables. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido prácticamente invisible en los meses que lleva de gestión. Y, por si fuera poco, ahora la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, propone transformar la institución en una “procuraduría de pobres”. Expuso que con una reforma constitucional al artículo 102, apartado B, de la Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes. En un pronunciamiento con motivo de los 30 años de este organismo autónomo nacional. Para justificar su “iniciativa” se remitió a 1947, cuando se aprobó “la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenía el propósito de proteger a los desfavorecidos”. ¿Y se compara? Si lo que ha hecho hasta el momento es un fracaso. ¿Y ahora esto?
2. Incógnitas. Detrás de las acusaciones en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, por supuestas irregularidades, hay mucho más de fondo: la guerra por el control de la Cooperativa Cruz Azul y del negocio del cemento. El cuestionamiento que se hacen en Gran Sur, sede de las oficinas generales, es, ¿quiénes financian la campaña de desprestigio en contra de Álvarez Cuevas? Una semana después de que se revelara la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la cooperativa publicó un comunicado en el cual rechazó “las acciones de difamación, daño moral y perjuicio” por parte de los disidentes. Las pistas apuntan al ahora disidente Víctor Manuel Velázquez, exdirector comercial que hizo millonarios a decenas de distribuidores de cemento. ¿Quién quiere limpiar la mesa antes de que avancen las investigaciones de la UIF?, ¿quién atiza el fuego?
3. Trabajo incansable. Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, se contagió de covid-19. Luego de que el 6 de junio presentara síntomas, el funcionario federal se realizó la prueba, la cual resultó positiva. A través de su cuenta de Twitter confirmó que se infectó del virus SARS-CoV-2, pero añadió que trabajará a distancia. “Quiero informar que hoy resulté positivo a #COVID19. Permaneceré trabajando a distancia, coordinando las labores a mi cargo y siguiendo puntualmente las indicaciones de l@s extraordinarios médicos de @Tu_IMSS. Se mantiene vigilancia epidemiológica del caso y de mis contactos”, escribió. Su incansable labor vaya que le trajo consecuencias, pero, como menciona, seguirá al pie del cañón desde casa. Bien.