Para Esteban Moctezuma Barragán, la revalorización del magisterio tiene una importancia nodal, al menos en el discurso; disertación sustentada en diversos documentos normativos, vigentes a partir del 15 del Mayo del 2019. Son muchas las referencias al proceso de actualización y capacitación del magisterio -formación continua- a los que alude el titular del despacho educativo de la actual administración, fundamentalmente cuando pinta una raya que le distancia de la administración peñista, cuestionada, entre otras razones, por el enfrentamiento que caracterizó -legislación de por medio- a Emilio Chuayffet Chemor y Aurelio Nuño Meyer con las y los docentes en general y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular; merced a una persecución que conculcara derechos laborales, impusiera una evaluación punitiva para continuar ejerciendo “su” plaza -entonces con carácter temporal- y que, en varias ocasiones, reprimiera violentamente manifestaciones magisteriales y populares (Oaxaca, Acapulco Guerrero, entre otras) y, cuando Moctezuma vincula el derecho a la actualización y profesionalización que tienen las y los docentes para cumplir con el derecho que niñas, niños y adolescentes tendrían a recibir una educación de excelencia, en el contexto de las últimas reformas al artículo 3º de la Constitución Política.
El parágrafo 5º del artículo constitucional en referencia Gracia, tras señalar que “las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas”. Para el cumplimiento de esos efectos crearía, en la fracción X del artículo VII, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La fracción II del artículo 90 del capítulo I Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, del Título Cuarto De la revalorización de las maestras y los maestros perseguiría, entre otros fines, el de “fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización”. El Plan Sectorial de Educación 2020-2024, al presentar las políticas públicas que se aplicarían en los siguientes cuatro años de la actual administración, vincularía “el derecho a recibir una educación de calidad” que tienen niñas, niños y adolescentes, con el derecho equivalente que tendrían las maestras y maestros.
Para muestra basta un botón Gracia. El Boletín SEP 301, publicado el 29 de noviembre, da cuenta de los resultados que difunde Esteban Moctezuma. Tan sólo en el rubro de habilidades digitales, la SEP de la mano con la fundación Únete -en la que participa el opositor a Morena, Claudio X González (shorturl.at/bgrwB)- y Facebook, capacitarían a más de 1 millón y medio de docentes de un total de 1 737 694, incluidos maestras y maestros de escuelas públicas y privadas; pero que, si se comparara solo con los trabajadores de la educación al servicio del Estado, les excedería en 168 025, y que, acuerdo a las estadísticas educativas publicadas en el documento denominado Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020, representaría en el primer caso, al 83.32% del universo docente y, en el segundo, al 112 por ciento, que presta sus servicios en escuelas oficiales de educación básica y de educación media superior. Conforme al boletín, las y los docentes cursan un Seminario de Capacitación en Habilidades Digitales que habría iniciado el 4 de diciembre, proseguiría el 16 del mismo mes y, en lo subsecuente, impartiría dos módulos más por mes y concluirá en el mes de mayo de 2021.
Sin embargo, el monto de recursos destinado al programa Desarrollo Profesional Docente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se reduce a poco más 240 millones de pesos, tan solo el 0.1 por ciento del presupuesto total asignado al sector educativo (shorturl.at/vzBIT), en el que sería ya el tercer año de gobierno de la administración en turno. Estos 240 millones de pesos arrojarían un per cápita, considerando solo a los 1 341 975 docentes que laboran en escuelas públicas de educación básica y media superior, de tan solo 178 pesos cero centavos que se les asignarán en 2021; monto equivalente al destinado al rubro cuando, en diciembre de 2013, se creara el programa S247 “a cargo de la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (Dgfcms)”. En pocas palabras Gracia, el programa de referencia que se crearía con la finalidad de profesionalizar al magisterio y sustituiría a otros creados en 1992 y 1993, y contaría con solo el 10% de los recursos que en algún momento les fueran asignados en alguno de los ejercicios entre 2013 y 2018.
La carencia de recursos asignados al programa Desarrollo Profesional Docente (S247), contemplado en los programas federales del Ramo 11 y mediante el que “se avanzaría en la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, garantizando su formación integral para fortalecer el perfil para el desempeño de sus funciones”, podría explicar que las supervisiones escolares, en su papel de asesores técnico pedagógicos de la instituciones públicas y privadas de educación, se convirtieran en la punta de lanza de la estructura institucional, responsable de la actualización y capacitación de las y los docentes en servicio, con las limitaciones que su propia formación y trayectoria personal conllevan. Deben capacitar al magisterio a su cargo, lo mismo en tecnologías de la información que en habilidades socioemocionales, en cuestiones de género y educación -más aquello que se les ocurra a sus jefes-, y hacerse cargo de solicitar información histórica -entren otras más- sobre la violencia que se haya suscitado en las escuelas y, al final, hacerse bolas con la escasa preparación que les imparten y que deben bajar a los docentes. Pobres supervisores, tan lejos de las comunidades escolares y tan cerca de las autoridades educativas intermedias.
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