En los últimos meses se ha desatado una ola imparable de atracos a planteles de escuelas públicas de la capital. Según lo han denunciado algunos regidores, en estos meses de pandemia ha habido más de 350 robos. Donde más se han ensañado los delincuentes es en Lomas de San Miguel, La Joya, Amalucan, Rivera Anaya y La Margarita. Por reportes se sabe que el delito se repite en algunos casos. ¡En un plantel ya se metieron a robar hasta 27 veces! Se calcula que al día se registran cinco robos a instituciones educativas.
Los delincuentes van tras el equipo de cómputo, muebles, cables de luz, bombas de agua. Bueno, hasta la tubería PVC se han llevado. Uno de los robos más escandalosos se suscitó en el bachillerato Gabino Barreda, que está en la colonia Adolfo López Mateos, donde un grupo armado de seis personas, entre ellos una mujer, irrumpió en el plantel y, tras someter al velador, se robaron todo, hasta los celulares que estaban resguardados en la dirección de la escuela.
Esto nos habla de la presencia de bandas armadas y organizadas, no de delincuentes comunes. Bandas que están operando con total impunidad, acabando con la poca infraestructura educativa con la que cuentan las niñas, niños y jóvenes del estado para su educación. El colmo del cinismo de estas bandas es que, a los pocos días de que se cometen los robos, en los mercados cercanos a los mismos planteles escolares, los delincuentes venden los equipos y muebles robados.
Los padres de familia están desesperados. Tanto trabajo y tanto dinero de las cuotas invertido en mejorar las escuelas para que de la noche a la mañana, estos delincuentes las dejen literalmente vacías. A este paso, cuando se reanuden las clases, los alumnos no van a tener ni dónde sentarse, ni tampoco va a haber pizarrón para que los maestros den su clase. Ni computadoras, ni cables de luz, ni tuberías… ni nada.
Pensando en todo esto, presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, primero, para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Puebla, a las autoridades del ayuntamiento de la capital y a la Fiscalía General del Estado a que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen la seguridad de los centros educativos en la entidad. Segundo, a que se diseñen e implementen estrategias de prevención y vigilancia en las escuelas públicas a fin de combatir, reducir y eliminar los robos en los planteles educativos. Y, tercero, a promover la realización de operativos conjuntos con otras instancias públicas gubernamentales, con el objetivo de desarticular a estas bandas delictivas dedicadas al robo de escuelas.
Los índices delincuenciales han bajado respecto al año pasado. Pero no perdamos de vista que ha sido como consecuencia de la pandemia. El problema es que en medio de la emergencia sanitaria, se han abierto otros frentes que la delincuencia ha sabido aprovechar. Como están las cosas, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Tenemos que organizarnos entre vecinos y autoridades para defender el patrimonio de las familias y el de las instituciones educativas, que son de todos los poblanos.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.
