Este martes 20 de octubre, entró en vigor el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción, el cual prodrán solicitar ciudadanos y servidores públicos que se vean amedrentados o amenzados por denunciar corrupción en el gobierno.
El acuerdo para implementar dicho mecanismo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes por la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
Al presentarlo, indicó que su principal objetivo es otorgar medidas cautelares efectivas a las persona que denuncien, a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores, hechos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la Administración Pública Federal.
Según el documento publicado en el DOF, la persona alertadora podrá solicitar, a través de dicha plataforma, las medidas de protección que considere necesarias cuando exista un riesgo para su integridad, la de su familia, concubina o concubinario, conviviente, amistades, trabajo y su patrimonio como consecuencia de haber comunicado su alerta.
La Coordinación de Alertadores analizará el caso y determinará si existen elementos suficientes para realizar la evaluación de riesgo. Si se carecen de los elementos necesarios se solicitará a la persona alertadora aportar mayores datos.
La evaluación de riesgo deberá realizarse dentro de los cinco hábiles siguiente a la recepción de la solicitud. Para ello, debe firmar un formato de consentimiento informado para permitir que se manejen sus datos personas.
Las medidas cautelares se aplicarán con base en un tabla de riesgo, que van desde hostigamiento hasta tortura y secuestro. También dependerán del sector de la administración pública donde labore el alertador, si es el caso.
Además, la SFP podrá suscribir los convenios de colaboración con los entes públicos y privados que faciliten el otorgamiento de las medidas de protección previstas en el protocolo.
“En la lógica de la corrupción, se ha querido menoscabar el valor de quien se atreve a denunciar, de quien tiene el imperativo moral de hacer lo correcto y una motivación ética de actuar en contra de la corrupción”, sentenció la funcionaria al presentar el decreto que ya entró en vigor.
