SAT recupera 100 mil millones // Política fiscal=cero privilegios
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que muy a pesar de aquellos grupos amplia y permanentemente privilegiados durante el régimen neoliberal –que de todas, ganaban todas–, la estrategia recaudatoria puesta en marcha por el gobierno del presidente López Obrador ha resultado exitosa, al grado de que tan sólo en lo que va del presente año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logró que grandes contribuyentes (los machuchones, como diría el tabasqueño) pagaran adeudos fiscales por cerca de 100 mil millones de pesos.
En la mañanera de ayer, el mandatario detalló que el SAT actúa con profesionalismo, orden y honestidad; era mucho el abuso, no pagaban impuestos, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, lo tenían tomado, salía un funcionario del Servicio y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos, para llevar a cabo evasiones de impuestos. Era un asunto descarado lo del manejo de las facturas falsas, las llamadas factureras. Eso en los pasados 10 años creció como nunca, despachos manejados por delincuentes de cuello blanco.
Cómo olvidar la anécdota que Andrés Manuel contó allá por mediados de abril de este año, que clarificó la actitud de los machuchones que se negaban a pagar impuestos: “hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes empresas y les dijo a los funcionarios del SAT (debía 8 o 10 mil millones de pesos) que darían 500 millones. Digo: no, si son 10 mil. (Y respondieron) ‘O agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3000’, porque se conocían todas o conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias. Se les hace raro, extraño, el pagar impuestos. Nos ven como marcianos. Lo que pasa es que todos tenían agarraderas, todo era tráfico de influencia, hasta políticos famosos”, pero… ese consorcio (como tantos otros) pagó el total, no la limosna que pretendía.
AMLO en política, sin hermanos
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el caso de Pío López Obrador regresó a la Mañanera. Al igual que el expediente de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex cuyas declaraciones se adelantaba que generarían una conmoción política y mediática de muy larga duración, el correspondiente al hermano del expresidente de la República ha caído en una situación de bajo perfil, como si la suerte explosiva de uno y otro de estos asuntos tuviera un retardante o atenuante coligado.
Ayer, sin embargo, el habitante de Palacio Nacional fue preguntado en su conferencia de prensa sobre el señalamiento de que el mencionado Pío habría solicitado a la Fiscalía General de la República acción penal contra el periodista Carlos Loret de Mola por haber difundido el video en el que se veía a dicho hermano del presidente en plena recepción de dinero en bolsas de papel como supuestas contribuciones populares al desarrollo del movimiento y partido denominado Morena, según se explicó en Palacio Nacional.
Más allá de la valoración que se tenga sobre el ejercicio periodístico de Loret de Mola, resulta inaceptable que un denunciado por presuntos hechos ilícitos en relación con recaudación de fondos para actividades partidistas pretenda que haya castigo (de cárcel hasta por doce años, en la especie) para quien en ejercicio profesional difundiera esos hechos que en realidad merecen una indagación a fondo de la fiscalía para delitos electorales y la eventual sanción para los partícipes, el citado Pío y, por otra parte, un operador de la oficina del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el joven David León Romero a quien se reputa como grabador del video en mención y quien, además y según lo dicho en la grabación, habría sido suministrador periódico de entregas de dinero en efectivo que eran registradas meticulosamente en una libreta (“la Biblia”, le llamaban).
El fraseo utilizado ayer por el presidente para referirse al caso de su hermano de sangre y operador político es un desmarque, sobre todo si se le compara con la primera ocasión en que se había referido al tema. Ayer dijo: “Pues no estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe de pedirse un castigo así para nadie. Y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento. Nada más decirles que yo deslindo lo público de lo familiar. En lo que tiene que ver con las funciones públicas no tengo hermanos, son asuntos particulares en este caso”
Tiene razón Andrés Manuel en advertir que el caso de Pío es y será utilizado por sus adversarios. Sin embargo, no es puntual el señalamiento de que “son asuntos particulares en este caso”, pues la videograbación citada corresponde a un proceso de recaudación irregular de fondos para actividades políticas que tenían como destinatario superior el proceso de consolidación de Morena y de sus campañas electorales.
Del sueño americano a la pesadilla judicial
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que los políticos mexicanos han tenido, históricamente, una debilidad especial por irse a vivir a los Estados Unidos. Lo mismo en busca de un exilio académico o diplomático, que cuando se sienten inseguros o políticamente vulnerables en México y en ocasiones incluso cuando huyen de la justicia mexicana por algún delito o acusación, el vecino país del norte siempre es visto como un territorio seguro, en donde muchos pretenden resguardarse y algunos hasta compran propiedades, no siempre con dinero de un origen totalmente claro.
Pero en algunas ocasiones, como acaba de pasar con el general Salvador Cienfuegos, el sueño americano se transforma en una pesadilla jurídica y legal. Después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, ocurrida el pasado jueves, muchos políticos en México, sobre todo integrantes del gabinete del sexenio anterior y algunos exgobernadores o hasta gobernadores en funciones, se lo pensarían dos veces para visitar en estos momentos Estados Unidos.
Algunos de ellos podrían correr un peligro real de ser detenidos, pero la mayoría no quiere ni siquiera averiguarlo, luego de conocer la forma en que la DEA acusó, detuvo y encarceló a un exjefe militar del Ejército mexicano, y en el entendido de que si al general de cuatro estrellas y escudo dorado, el Gobierno estadunidense fue capaz de darle ese trato, ningún otro político estaría en estos momentos seguro en suelo americano.
De hecho, una versión que circula entre generales del Ejército mexicano –donde la reacción al golpe que significó la detención de un militar de élite como Cienfuegos ha sido fuerte, pero soterrada– indica que el general exsecretario había hecho ese viaje no con la idea de vacacionar sino que buscaba quedarse a radicar en EU, ante el temor de que el Gobierno de México, el de López Obrador, le abriera una investigación sobre su desempeño.
Hoy se llevará a cabo la segunda audiencia del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, donde está detenido, y en esta se definirá si puede seguir su juicio en libertad, algo que se ve casi imposible por la gravedad de los cuatro delitos que le imputa la DEA, o si es trasladado a Nueva York, para pisar la misma Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde el año pasado fueron enjuiciados y sentenciados sus dos posibles delatores.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Aplicado. Jorge Argüelles, coordinador de los diputados federales del PES, señaló que la Cámara de Diputados inició los trabajos para aprobar la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021. Esto, para determinar y fijar el monto de los recursos que espera recibir la Federación para 2021 y de dónde provendrán, “solemos pensar en qué gastar antes de asegurar el ingreso de recursos para tener suficiencia para la inversión pública”, dijo. El diputado comentó que “las responsabilidades del PES exigen que toda persona reciba la vacuna contra el covid-19 de manera gratuita; que se cumpla con el abasto de medicamentos de todo tipo en las clínicas y hospitales del país; generar mecanismos para incentivar la economía y asegurar el pago de los apoyos económicos a los adultos mayores y a los jóvenes”. Argüelles es un político a la altura. No hay que perderlo de vista.
2. En casa del jabonero. Ante los constantes ataques que recibe a través de redes sociales desacreditándola, la diputada local por Movimiento Ciudadano Mariela Saldívar presentó una denuncia por violencia política de género. Acudió ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Dijo que su trabajo en contra de la corrupción del gobierno y los municipios, así como su exigencia de transparentar los recursos públicos, le ha ganado enemistades y por eso la atacan desde el anonimato de las redes. “Difundir datos falsos y calumnias también constituyen violencia política de género”, aseveró. Mucha suerte, legisladora. Y tesón. Pedir respeto en el estado en donde gobierna Jaime Rodríguez El Bronco, el irrespetuoso mayor, no suena fácil.
3. La vida real. Una cosa es lo que pugnan en redes sociales los líderes de los partidos y otra muy distinta lo que se refleja en las urnas. Este fin de semana quedará marcado como el del primer tropiezo de Morena, que en 2018 arrasó en las elecciones y hoy fue aplastado, sobre todo por el PRI. Mientras su presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, desconoció los resultados, el aspirante de Morena a su presidencia, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que “las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Urge la reorganización de Morena como lo he propuesto”, vaticinó. Mario Delgado o Muñoz Ledo, quien quede de encargado no lo tendrá nada fácil. Nunca el partido en el poder llegó tan mermado a unos comicios. Alerta.
