Las mentiras de Karina y los negos de su esposo Javier Elías Amaxal
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que presentándose como víctima, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, ha salido a desmentir que su esposo Javier Elías Amaxal, esté involucrado en los asuntos del ayuntamiento y menos con un jugoso contrato de casi 43 millones de pesos en la adjudicación directa a favor de la empresa E TEK Proveedores en Informática y Servicios SA de CV, como aquí se lo informé.
Incluso este martes en conferencia de prensa, la alcaldesa morenista afirmó que lo aquí publicado no era más que una campaña de golpeteo político —sin ningún sustento— en contra suya y su compañero de vida, padre de sus hijos y esposo.
Por lo anterior vale la pena reproducir aquí algunos fragmentos de la carta que con fecha 12 de febrero de este año le hizo llegar el apoderado de una de las empresas participantes en la licitación referente a la adquisición e instalación de sistemas de cámaras y red de videovigilancia y monitoreo urbano, que en Compranet apareció con la clave CMA-SACH-LPN-016/2019.
Rafael Fernando Muñoz Pedregal, apoderado de Ska Tracking and Security SA de CV, le escribió que el 9 de octubre del año pasado en la presentación del demo funcional de su empresa un señor en estado de ebriedad que dijo llamarse Javier y ser el marido de la presidenta municipal los amenazó y les hizo entender que ya ni perdieran el tiempo ya que dicha licitación no sería para ellos.
Textualmente el escrito, en papel membretado de la empresa, dice lo siguiente: “… se presentó una irregularidad ya que el esposo de la Presidenta Municipal o así es como se identificó el cual dijo llamarse ‘Javier’, al cual anteriormente si habíamos visto en dicha licitación y con la Presidenta Municipal, en estado de ebriedad vino a amenazarnos… haciéndome entender que dicha licitación era para E TEK PROVEEDORES EN INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. y que sólo estábamos ‘perdiendo el tiempo, donde muy enojado solicito saliéramos del lugar”.
Arranca el proceso electoral (con banderazo de Casa Aguayo)
Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que poco más de un año tardó el mandatario Miguel Barbosa en comenzar la andanada discursiva y jurídica por acontecimientos de “monstruosa” corrupción –así lo dijo—en contra de los exfuncionarios que gobernaron bajo las órdenes del extinto Rafael Moreno Valle y con las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), lo que empata en tiempo con el arranque de los comicios intermedios y se anticipa unos meses a la definición de candidatos a puestos de elección popular.
Barbosa trae en agenda el tema de la corrupción de los gobiernos panistas desde que hizo campaña a la gubernatura por primera vez, en 2018.
Retomó las acusaciones en la contienda electoral de 2019 y volvió a ellas desde que arribó a Casa Aguayo en agosto de ese año, de manera esporádica, sin ser puntual en los nombres más allá de Moreno Valle, y en ningún momento, ni por asomo, dio indicios de haber presentado alguna denuncia penal para investigar y castigar los abusos de los exservidores públicos que se dieron rienda suelta en los ocho años de gobierno que duraron, en conjunto, Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Eukid Castañón Herrera, ya se sabe, fue detenido y apresado por una coyuntura inesperada.
Antes de que irrumpiera en el mundo el nuevo coronavirus y los planes trazados de manera previa cambiaran de ruta ya trascendía desde el poder estatal que habría procesos administrativos y penales para castigar a los supuestos corruptos, cómo no, pero que estas se presentarían hasta la segunda mitad del año, una vez que se aproximara el proceso electoral, para lograr un impacto negativo en la imagen del principal partido político opositor a Morena, el PAN.
¿Sufre persecución política o judicial Carlos Barrgán en Xicotepec de Juárez?
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que un mensaje en redes sociales que acaparó muchas miradas ayer es el que hizo el priista Carlos Barragán Amador, quien busca por tercera vez llegar al cargo de edil de Xicotepec de Juárez, pues denunció que le retiraron los escoltas que le proporcionaban desde el gobierno, pues hay la intención de asesinarlo o de encarcelarlo. Algunos creen que dicho texto es una declaratoria de guerra a Ardelio Vargas Fosado, actual asesor en seguridad del gobierno del estado y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM); o es la antesala de que sea aprehesado por un supuesto fraude cometido hace 5 años con 4 millones de plantas de café.
O la tercera posibilidad: que todo sea un artificio publicitario para llamar la atención del electorado de la Sierra Norte. No sería la primera vez, pues en meses anteriores el priista estuvo haciendo proselitismo, en clara violación a las normas de control por la emergencia sanitaria del Covid–19.
Barragán que aparte de ser alcalde ya fue dos veces diputado –una federal y otra local– por Xicotepec de Juárez, ha intentado presionar o mejor dicho chantajear al PRI que si no le dan la candidatura a edil o legislador por esa región, dejaría las filas del tricolor. Incluso se sabe que habría buscado a los dirigentes del Panal y del PMC para preparar su posible desción del tricolor.
Es decir toda una figura de escándalo, pues es necesario recordar que en una ocasión fue a una comisión legislativa a Mazatlán, Sinaloa, y acabó con un balazo en un antro de esa ciudad del Pacífico mexicano.
Según el mensaje que ayer difundió, le quitaron a los escoltas que lo cuidaban por lo cual deunció que lo quieren matar o detener.
AMLO y Bartlett, ¿los próximos enjuiciados?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ayer el en Senado se destapó una caja de Pandora. El panista José Erandi Bermúdez puso el dedo en la llaga y acusó la pésima redacción de la pregunta que se aprobó en la Suprema Corte para la consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes.
Actualmente el texto señala que se podría llevar ante la justicia a los “actores políticos del pasado”. Así de ambiguo, así de genérico, por lo cual Erandi Bermúdez advirtió que Manuel Bartlett, señalado por la caída del sistema en las elecciones de 1988, podría ser llamado a cuentas.
El exgobernador poblano no sería el único elemento del gabinete de la Cuarta Transformación que podría caer en ese supuesto, aunque claro habrá mil triquiñuelas para que los hoy purificados por el manto lopezobradorista puedan evadir las rejas.
El problema de fondo es el desgaste que se genera con esa pelea. Andrés Manuel no busca justicia ni evadir la impunidad, por ejemplo, no desea rendir cuentas por los señalamientos que en su momento se le hicieron cuando se entercó en edificar el segundo piso del Periférico cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Lo que AMLO realmente quiere con todo su ser es tener parque para la próxima elección porque diga lo que diga, lo suyo, lo suyo es estar en campaña. Ya vimos que gobernar simplemente no se le da.
