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SAT: recuperar para la nación // Calderón-EPN: condonaciones

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que lás que reveladora resulta la radiografía fiscal que ayer dio a conocer la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, no sólo por las cantidades que revela, sino por las prácticas que documenta, las cuales prevalecieron en la época neoliberal, pero sólo, claro está, para los grandes corporativos y sus dueños.

De entrada, la matemática egresada de la UNAM detalló que “en las dos administraciones pasadas (Calderón y Peña Nieto) se condonaron 413 mil millones de pesos (algo así como el presupuesto de la UNAM en la última década), y tan solo en el primer año de gobierno del novio de Tania, mediante el programa Ponte al Corriente, se perdonaron 226 mil millones de pesos, la mayoría de ellos a los grandes corporativos.

Raquel Buenrostro detalló que en materia recaudatoria existen cuatro grupos, uno de ellos el de los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos superiores a mil 500 millones de pesos anuales). Este sector lo constituyen 12 mil contribuyentes (físicas y morales), más o menos, y ellos representan 50 por ciento de la recaudación. De todo el padrón (alrededor de 60 millones de causantes), este grupo representa 0.02 por ciento de las empresas. Son poquitos, pero aportan 50 por ciento.

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“El Diablo” y el “líder cuántico”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que nunca se había prodigado tanta atención mediática a un grupo opositor al gobierno mexicano de tan reducido e inestable número de participantes. Más periodistas que manifestantes hubo ayer en el traslado de un plantón de miembros del Frente Nacional antiAMLO (Frena) a la Plaza de la Constitución, luego de una resolución judicial que ordenó franquear el paso hacia el sitio popularmente llamado Zócalo.

La extraordinaria cobertura del ultraderechista caso puede entenderse a la luz de los ribetes de rijosidad declarativa de su dirigente empresarial, Gilberto Lozano González, y de los riesgos de confrontación física que genera esa pequeña movilización en una ciudad, la de México, y una sociedad que en su mayoría repelen ese tipo de provocaciones de abiertas pretensiones golpistas.

Pero no son solamente esos elementos los que mueven la maquinaria periodística actual. Sí es nota el intento de una ínfima minoría por derrocar al gobierno que en las urnas alcanzó dos años atrás una gran victoria, pero eso no es todo: hay un revanchismo de ciertos medios por la supresión de pautas publicitarias y por la nula recurrencia de Palacio Nacional a la cercanía y los arreglos con los negociantes dueños de esos medios, sobre todo los electrónicos.

Y un ingrediente determinante: el uso instrumental de esta desvaída protesta efectista para crear escenarios de desestabilización que permitan la continuidad y supuesto triunfo final de los intereses de fondo, los de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que han sido desplazados del escenario de los privilegios concertados.

Gilberto Lozano González, dirigente del Frente Nacional AntiAMLO, es un ingeniero mecánico, con maestría en administración por el Tec de Monterrey, que fue director de desarrollo corporativo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), la embotelladora de Coca Cola más grande del mundo, con presencia en diez países de Latinoamérica y Filipinas y operadora en México de la cadena nacional de tiendas OXXO. El 30 de noviembre de 2000, Lozano González dejó su cargo gerencial en FEMSA, y la presidencia de Fomento Deportivo Mexicano, administradora del equipo de futbol profesional Monterrey, para ocupar al siguiente día la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, con Santiago Creel como titular y Vicente Fox como presidente de la república (https://bit.ly/2Hvnxsh ). A los pocos meses, dejó ese cargo en Bucareli.

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Un sexenio después, Ayotzinapa sigue

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que este sábado se cumplirán seis años de aquella noche trágica de Iguala en la que el crimen organizado, con la complacencia y participación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, municipales, estatales y federales, secuestraron y desaparecieron a 43 normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Seis años después de ocurrido este caso paradigmático, siguen sin conocerse a ciencia cierta el móvil de este crimen múltiple ni el paradero de los restos de los estudiantes y las investigaciones han tomado un nuevo giro en el que no solo se echó por tierra a la verdad histórica del sexenio de Peña Nieto, sino que ahora se persigue judicialmente a algunos de los funcionarios que colaboraron con la manipulación y desviación de las indagatorias con testimonios falsos, siembra de pruebas y torturas de detenidos.

En casi dos años de haber tomado el caso en sus manos, la Fiscalía General de la República y el Gobierno de López Obrador han venido administrando los reclamos de justicia de los padres de los 43 normalistas a los que les prometieron, desde la campaña, que no solo habría justicia y se llegaría hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables y decirles cómo y en dónde terminaron los restos de sus hijos. Para llegar a este aniversario, el Presidente recibió la semana pasada a los padres en Palacio Nacional, y tras revisar los avances de las indagatorias, les ofreció que “pronto habrá revelaciones y hallazgos importantes” además de que se acelera el proceso para detener y extraditar a Tomás Zerón, no de Canadá, como se dijo en un principio, sino de Alemania, a donde se movió para ocultarse el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, hoy acusado de delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.

Entre lo más inquietante que se les comunicó a los padres de los 43 normalistas en los últimos encuentros en Palacio Nacional, es que se analizaba la posible acusación contra un “mando militar de nivel medio del Ejército Mexicano” destacamentado en la zona de Iguala durante aquellos hechos del 26 de septiembre de 2014, y al que podrían fincarle responsabilidades a partir de nuevas pruebas de que “fue informado sobre la ejecución de los estudiantes”, según han revelado fuentes cercanas a los abogados de los padres. La acusación, se les dijo, se realizaría de manera sustentada y con la anuencia de los actuales mandos militares de la Sedena, según afirman los abogados.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. La letra muerta. Quedó instalado el Comité de Evaluación de Austeridad Republicana, impulsado por la Secretaría de la Función Pública, que tiene como objetivo evaluar las medidas de austeridad en toda la administración pública. En la primera sesión ordinaria se aprobó el Manual para Elaborar el Informe de Austeridad Republicana, que todas las dependencias del ámbito federal tendrán que entregar 10 días después de que se presente la Cuenta Pública. La secretaria Irma Eréndira Sandoval, quien en teoría debería ser ejemplo de honestidad, pero le rodean los cuestionamientos, destacó que “bajo la lógica de la austeridad neoliberal, en México con más de 50 millones de personas en la pobreza, casi la mitad del país, el gobierno destinaba 8.5% del PIB a la burocracia dorada y apenas 7.5% a gasto social”. Escrito está. Que atiendan, todos, a la honradez. Es lo difícil.

2. Dupla dinámica. Los embajadores de México y Estados Unidos, Martha Bárcena y Christopher Landau, participaron en el lanzamiento de la convocatoria del Fondo de Innovación de la Fuerza de 100 mil en las Américas en su capítulo México-Estados Unidos, que apoyará proyectos académicos de universidades estadunidenses y de nuestro país para crear programas innovadores de intercambio de estudiantes a fin de convertirse en una fuerza laboral altamente certificada. A pesar del desafiante contexto actual, la cooperación México-EU en materia educativa, sigue siendo una prioridad para ambas naciones. Este gesto bilateral borra para miles de jóvenes mexicanos el fantasma del muro inquebrantable. Además, este proyecto es una iniciativa líder en la diplomacia pública. De ese tamaño es la amistad entre embajadores; así sus proyectos.

3. Los fuertes. La pandemia hizo estremecer a las instituciones, pero una en especial ha demostrado su fortaleza. En estos meses, el IMSS dejó de percibir alrededor de 13 mil millones de pesos por cuotas obrero-patronales, debido a la caída del empleo, informó Zoé Robledo, su director. Aclaró que esto no coloca al instituto en crisis, aunque se avizora que 2021 será “complicado, pero no imposible”, porque se tiene asegurada una viabilidad financiera durante los próximos 8 años, que no pone en riesgo el pago a pensionados y jubilados. Se tendrán que hacer ajustes al gasto aplicando “mucha austeridad para poder invertir en lo sustancial”, como es la atención médica y el personal de salud, informó. Ha tocado a Robledo multiplicarse para atender y soportar esa fuerza con la que el covid lo puso a prueba.

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