De la FGE de Puebla, Alejandra sólo ha recibido revictimización y omisión, lejos de garantizarle la protección que la ley le confiere por denunciar violencia física de su expareja, quien se llevó a su hija Sofía tras una discusión porque él “la vio con un amigo”.
El 21 de agosto de este año, el papá de Sofía, de 5 años, tras una discusión con su expareja, Alejandra, y la familia de ésta, se llevó a la niña, por lo que la madre interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por sustracción de menores, pero no procedió porque la menor estaba con su papá.
La cara de Sofi, como la llama su mamá, fue boletinada a través de la Comisión de Búsqueda de Personas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, pero, luego de 10 días, se bajó porque el papá se presentó para alegar que él la tenía.
A la par, Alejandra recibió la notificación de la demanda de su expareja por la guarda y custodia, para lo cual tenía tres días para contestar; en el documento se incluyó una acta donde el juez dejaba en claro que ninguno de los dos tiene de manera provisional la custodia de la niña, sin embargo, ya se cumplió un mes sin que ella vea a su hija sólo porque el papá no lo ha permitido y, sin que tenga alguna sanción.
Esa fue la primera de varias irregularidades que Alejandra observó en su caso, pero, sobre todo, en las omisiones para garantizar los derechos de la menor, pues no se le ha garantizado que pueda convivir con sus dos padres, mencionó en entrevista con Ángulo 7.
Y siguió el peregrinar
Contó que tras recibir asesoramiento en las secretarías de Igualdad Sustantiva municipal y estatal, decidió denunciar la violencia que sufrió a manos del papá de su hija, reclasificando así la primera por desaparición.
De acuerdo con la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla, cuando hay de por medio una denuncia por violencia, la carpeta no tendría porqué llegar al Centro de Justicia Alternativa, pues la negociación ya no es una opción, pero el caso de Alejandra de todos modos llegó a dicha área y a la burocracia le tomó una semana para que la denuncia regresara, la semana pasada, a la FGE.
Además, según la legislación citada, debieron proceder medidas cautelares para su protección y de la menor de edad, lo cual no ha ocurrido, razón por la que Alejandra acudió a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local para acusar que el organismo autónomo no acata la ley y con ello no hay garantías individuales para ella ni su hija.
Lo anterior, con todo y que el proceso por guarda y custodia, por la demanda de su expareja, seguirá su camino. “Ya llevo un mes y eso que, a decir de los abogados, es un juicio privilegiado, de todos los juicios, son a los que le dan mayor prioridad, sin embargo, llevo un mes y calculan otro para guarda y custodia provisional, mientras se define la permanente”, lamentó.
Machismo, el detonante
Para Alejandra, el detonante para que su expareja decidiera cumplir con la advertencia que había lanzado en otras ocasiones fue verla platicando “sola, con un amigo y sin su hija”. El pretexto perfecto para explotar y protagonizar otra de esas crisis emocionales de las que ella ya había sido testigo.
“Lo comenté en la FGE, incluso en 2018 lo vio una psiquiatra; le dio tratamiento por sus crisis violentas, y tiene antecedentes de consumo de drogas; en mi matrimonio no vi que las consumiera, solo me consta el consumo excesivo de alcohol, pero sí tuvimos que acudir a varias personas para que lo ayudaran, pero muchas veces no se apegó al tratamiento como debía ser”:
Aquel viernes de hace un mes, él tenía una ventaja: su hermano abogado que lo alentó en llevarse a la niña y, en tomar todos papeles oficiales, entre ellos el acta de matrimonio original. Aunque Alejandra le dijo que no tenía su consentimiento para llevarse a la menor, él alcanzó al hermano de su expareja (quien estaba cuidando a la niña) y entre forcejeos, la alejó.
Sin embargo, la violencia psicológica, física ni el influyentismo han logrado que la FGE dé a Alejandra las órdenes de protección, sino al contrario, cuando levantó su denuncia del 21 de agosto, no faltó quién la cuestionara “qué hacía con su amigo” como si quisieran justificar el actuar de él.
Sigue ausente la perspectiva de género
Para ella, al igual que a otras mamás en su situación, los órganos de justicia carecen de perspectiva de género, pues “independientemente de que no denuncié la violencia a lo largo del matrimonio, todo lo que conté de mi pasado en matrimonio se confirma con su actitud, porque lo que él hace es con dolo, para afectarme a mí, y como tiene hermano abogado, sabe que va a quedar impune porque es un agujero negro”.
Pero la FGE no ha sido la única institución que le ha quedado a deber a Alejandra, pues inicialmente acudió al DIF estatal, donde la canalizaron con un asesor jurídico, quien le dijo que consiguiera un abogado, ya que sólo le quedaba responder la demanda de guarda y custodia; esto, ante la negativa del papá de presentarse para tratar de llegar a un acuerdo.
No tiene mucho que Alejandra y Sofi volvieron a hablar por teléfono, aunque sea sólo 5 minutos, con todo y que el juez ordenó que ese tiempo fuera el mínimo, con un máximo de una hora que ella quisiera aprovechar, sin embargo, la familia de él, a raja tabla, le cuelga.
En las pláticas, Alejandra ve manipulación, pues su hija tiene la idea de que es ella quien no la busca, cuando siempre han sido muy apegadas. Esto la preocupa, al tratarse de una arista en la que nadie se fija: el daño emocional a la niña.
