Empresas consentidas de ayer, siguen siendo apapachadas por la 4T
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que a pesar de que de manera reiterada el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha prometido desterrar el modelo de negocios implantado por sus antecesores en la contratación de obra pública y en la adquisición de bienes y servicios, en los hechos muchas de las empresas y empresarios favorecidos por Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido siguen siendo los grandes consentidos de la 4T de Puebla.
Con o sin el consentimiento del Ejecutivo estatal, la administración barbosista ha favorecido con multimillonarios contratos —que se mantienen en la opacidad— a compañías y hombres de negocios que siempre han estado cerca del poder, independientemente de quién sea el gobernador o a qué partido pertenezca.
Entre los empresarios y razones sociales que podemos mencionar figuran Corporativo Kosmos de la familia Landsmanas que a través de distintas razones sociales es el principal proveedor de alimentos en los penales y de despensas para organismos como el Sistema Estatal DIF y dependencias como la Secretaría de Bienestar.
En los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad, Kosmos se hizo de millonarios contratos a través de la empresa Serel. En lo que va de la gestión barbosista ha obtenido contratos por más de 400 millones de pesos por medio de Abastos y Distribuidores Institucionales (ABADI) SA de CV. Uno por 90 millones de pesos para surtir siete mil raciones de alimentos a los internos de los penales de San Miguel, Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, y otro por 288 millones de pesos para surtir despensas al DIF y sus casas de asistencia.
Otro empresario del pasado ampliamente favorecido por la 4T es Edgar Nava García, constructor consentido en los sexenios de Melquiades Morales y Mario Marín, así como en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido que le contrató la rehabilitación de las laterales de la Recta a Cholula en 77 millones de pesos.
Biestro ignora a las estructuras de Morena en su camino de ser candidato a alcalde de Puebla
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que en la medida que pasa el tiempo el panorama se aclara, sólo habrá dos figuras de Morena que van a disputar la próxima candidatura a alcalde de Puebla: Claudia Rivera Vivanco, quien buscará ser la primera edil capitalina en reelegirse, y el líder del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, quien intentará llegar a la nominación bajo el apoyo de las bases originales del movimiento lopezobradorista.
Sin embargo, lo que llama mucho la atención es que en la medida que pasa el tiempo, Gabriel Biestro aumenta su promoción en colonias y juntas auxiliares de la capital, pero sin buscar a los grupos, organizaciones y activistas de Morena y de fuerzas políticas aliadas al movimiento lopezobradorista.
Entre los grupos y estructuras electorales que Biestro ha ignorado, están los activistas que jugaron un papel importante en las campañas electorales de 2018 y 2019 a favor del actual gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta. Que se supone tendrían ser los cuadros de mayor identidad con el actual líder de la fracción morenista del Poder Legislativo.
Fuera de un operador base que tiene Gabriel Biestro, junto con el apoyo de algunos diputados locales de la capital, el equipo del coordinador parlamentario parece flaco y sin los tamaños necesarios para enfrentar a la edil Claudia Rivera Vivanco, que tiene una alta proyección en la prensa local y un nutrido grupo de seguidores morenistas.
Nadie duda que Biestro es muy conocido en las estructuras electorales de Morena, no sólo por ser fundador del movimiento lopezobradorista y haber sido presidente estatal de esta fuerza política durante los aciagos años del morenovallismo, que incluye el complicado año de 2018, en que un fraude electoral les arrebató a los morenistas la gubernatura del estado.
Aréchiga, denunciado por solapar más taxis piratas
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que una docena de denuncias penales ha recibido la Fiscalía General del Estado de Puebla contra el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, por permitir la proliferación del servicio pirata EXPRESS VAN en la región de Izúcar de Matamoros y Atlixco.
Las carpetas de investigación -en poder de Al Portador- indican que junto al delegado de Inspección y Vigilancia, Leonardo Contreras Fuentes se ha permitido el servicio de transporte de al menos 30 unidades. “Ejercen la corrupción amparados en el tráfico de influencias”.
EXPRESS VAN –señalan- pertenece a las firmas de transporte ORO y ERCO, propiedad del empresario Alfredo Rivera, quien durante la campaña presidencial del 2018 formó parte del grupo de apoyo empresarial, a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Los permisionarios del servicio alegan que disponen de los permisos para operar en la región de Izúcar, Chietla y Atencingo, pero a ellos –por instrucciones de Aréchiga- los extorsionan y si se niegan los retiran de la circulación.
“Todo un negocio que les deja al secretario y delegado 100 mil pesos mensuales, nada más por permitir la circulación del servicio de EXPRESS VAN”, afirman.
AMLO-Gordillo: viejas rencillas
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que una lectura primera, básica, elemental, debería arrojar que la relación entre el presidente y la maestra Gordillo tendría que ser magnífica, inmejorable, una auténtica luna de miel.
Elba Esther armó un auténtico ejército en apoyo del entonces candidato de Morena en el 2018.
Sus Redes Sociales Progresistas, ideadas y operadas por su yerno, Fernando González y su nieto René Fujiwara, más que defender el voto a favor de AMLO para evitar un nuevo fraude electoral, terminó siendo una compleja y efectiva red de operación que le sumó adeptos a lo largo y ancho del país.
Normalmente, en política, facturas como esta siempre acaban cobrándose.
Y muy bien.
Chalchihuapan entre la justicia y la vendetta
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que han pasado seis años y la justicia aún no llega para Elia Tamayo, sin embargo, la reapertura del Caso Chalchihuapan justamente antes de que comience el periodo electoral de 2020-2021, levanta fuertes sospechas sobre las verdaderas razones para revivir las heridas.
Aunque después de mucha presión, el gobierno de Rafael ofreció una escueta disculpa pública y se realizó un pago compensatorio, la verdad es que la muerte del niño José Luis en el violento desalojo de Chalchihuapan, sigue sin encontrar la justicia.
En su momento y valientemente, Intolerancia Diario realizó las denuncias sobre el caso. Las plumas de Jorge Castillo, Mario Martell y Francisco Sánchez, se sumaron a este espacio para revelar los detalles del desalojo. En nuestras páginas dimos cuenta de las muchas pruebas que siempre contradijeron la “verdad histórica” de Moreno Valle sustentada en cabezas de marranos.
Fue este medio, y pocos más como La Jornada de Oriente, quienes obligamos al morenovallismo a reconocer que sí se habían utilizado las balas de goma, esas que meses antes habían aprobado los diputados a modo, asegurando que no dañaban a la población.
Pero nuestra presión, las denuncias internacionales y el apoyo de activistas no alcanzaron para que los altos mandos, los verdaderos responsables de la muerte de José Luis y las heridas graves de una decena de pobladores, enfrentaran la justicia.
