Entre discusiones, la Comuna de Puebla entregará al Congreso local el título de concesión del agua que se dio a Concesiones Integrales, para analizar su posible revocación, luego de que supuestamente el documento no fue aprobado en 2013.
En sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó con nueve votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, que el ayuntamiento entregue el documento al Legislativo, pues según la proponente, la regidora Rosa Márquez Cabrera, “se logró demostrar que tanto la concesión como el adendum no han sido aprobados en el Congreso del estado”.
Precisó que con ello se violaron los artículos 4 y 115 de la Constitución local, así como el artículo 172 de la Ley Orgánica Municipal, pues la entrega de la concesión le correspondía al alcalde en curso y no al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), como sucedió.
Comentó que, de comprobarse que la concesión no fue aprobada por el Congreso, podría estudiarse su revocación, como señaló el pasado jueves, tras un análisis jurídico.
Sin embargo, se opuso la regidora panista Augusta Díaz de Rivera Hernández, quien objetó que el ayuntamiento no cuenta con facultades para intervenir en la concesión, toda vez que es facultad directa del gobierno estatal y del Congreso resolverlo.
Por su parte, los regidores morenistas Iván Herrera Villagómez e Isabel Cortés Santiago señalaron que el órgano legislativo no ha tenido voluntad política para resolver esta situación, y aunque se dijeron a favor de la remunicipación del servicio, votaron en contra.
Comuna, en riesgo de repetir subejercicio
Por otra parte, la regidora del G5, Márquez Cabrera, señaló que la Comuna podría repetir subejercicio para este año, ya que se tienen 3 mil 592 millones de pesos sin erogar, los cuales, para evitar dicha situación deben gastarse antes del 31 de diciembre.
Durante la aprobación de los estados financieros de agosto, la cabildante señaló que en el reporte no se muestra “la evolución” del gasto presupuestal, toda vez que los 3 mil 592 millones ya mencionados representan la mitad del presupuesto asignado al ayuntamiento en 2020, que es de 6 mil 597 millones de pesos.
“No se observa mejoría en la eficacia y eficiencia del gasto público, en cuanto al tiempo transcurrido del ejercicio presupuestal. Es decir, de enero a agosto se siembra nuevamente el fantasma del subejercicio”, comentó.
Mencionó que, en consecuencia, la Comuna caerá en “disimular” compras de pánico y postergar pagos de 2020 hasta marzo del 2021 –como sucedió en 2019— para comprometer dicho recurso y no devolverlo a las arcas estatales o federales, mientras que criticó que Normatividad no considera sanciones contra los funcionarios que incurren en “prácticas ineficientes” del presupuesto.
Al respecto, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco aseveró que el año concluirá con suficiencia presupuestal para “seguir reactivando la economía” y garantizar más servicios, mientras que las inversiones actuales generarán economías de arrastre para reactivar otro tipo de servicios.
En tanto, Marquez Cabrera planteó un asunto general para agilizar la expropiación de Campos de Seminario; sin embargo, el síndico Gonzálo Castillo Pérez comentó que el proceso ya había iniciado, pero se detuvo por la pandemia de Covid-19 ya que habían solicitado una serie de documentos a los juzgados, por lo que recientemente se reanudó el proceso.