El Frente por la Defensa del Agua planteó que debe revertirse la privatización del agua en la capital, pues el título de concesión entregado por el ayuntamiento en 2013, no fue sometido a votación en el Congreso, por lo que solicitarán el documento.
En rueda de prensa, Manuel Bravo Bruno, a nombre de la agrupación, señaló que el título de concesión y su adéndum no fueron aprobados por el Congreso local en 2013, lo que sería una violación al artículo 57, fracción VII, de la Constitución local.
Aseveró que dicha información fue compartida por el Congreso, luego de solicitar si la concesión, entregada por la Comuna de Puebla a la firma, había sido aprobada.
También que, de acuerdo a su análisis jurídico, la revocación no debe discutirse en tribunales internacionales –como se ha señalado–, ya que el título, en la condición 21.3, relativo a jurisdicción, supuestamente señala lo siguiente:
“La solución de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto administrativo relacionado con la concesión, solo podrá dormirse por los tribunales competentes del Distrito Judicial de Puebla, ubicados en San Andrés Cholula“, subrayó.
De igual forma, con respecto a la indemnización de 25 años que recibiría Concesiones Integrales por la cancelación del convenio, el frente comentó que está cláusula quedaría anulada porque no fue aprobado el título.
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Ayuntamiento debe pedir documento
Por su parte, la regidora María Rosa Márquez Cabrera, mencionó que el ayuntamiento tiene la obligación de pedir al Congreso local el título de concesión para verificar si fue aprobado, pese a que la Comuna ha señalado que no tienen jurisdicción en el tema del agua.
Por ello, aseguró que en la próxima sesión de Cabildo presentará la propuesta de solicitud, misma que espera sea aprobada para exigir el documento al Congreso e iniciar la posible desprivatización.
También, que la semana próxima harán llegar el análisis jurídico al gobierno estatal y al Congreso; confían que existe voluntad política para llevarlo a cabo.
Lo anterior, luego de que el pasado 12 de septiembre se cumplieron siete años desde la privatización del líquido, lo que ha generado cobros excesivos y falta de atención en el servicio.