La madrugada del pasado lunes la juez de control del distrito judicial de Morelos, Chihuahua, determinó vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo considerándolo presunto responsable del delito de peculado agravado que le imputa la fiscalía del estado atribuyéndole haber simulado contratos de asesoría jurídica, durante la gestión del exgobernador priista César Duarte, mediante los cuales se desviaron de su objeto legal 13.7 millones de pesos. Junto con la vinculación, al considerarse que existen suficientes pruebas para iniciarle proceso penal, la juez María Guadalupe Hernández Lozano ha impuesto como medida cautelar al referido abogado un año de prisión preventiva, dentro de la causa penal 778/2020; y cuatro meses para realizar la investigación complementaria.
Las prendas políticas del proceso penal de Collado no son pocas ni de menor importancia. La primera, la cercanía que tiene con el expresidente Peña Nieto; segunda, la dimensión de la acusación: simular contratos de servicios de asesoría jurídica y entregar el dinero al ex presidente Carlos Salinas de Gortari como pago de César Duarte a cambio de apoyarlo para que fuera presidente nacional del PRI a finales de 2012 cosa que, a la postre, no ocurrió; tercera, comenzar de facto la contienda por los reflectores políticos y mediáticos para la elección de 2021, la revocación de mandato de 2022, y la presidencial en 2024; cuarta, la posibilidad de empalmar los tiempos procedimentales del juicio, con los tiempos electorales que se avecinan; y, quinta, ser cómoda y acomodable materia propagandística anticorrupción para candidaturas opositoras.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, militante del PAN, ha tomado un papel activo dentro del bloque de gobernadores de oposición que en el intento de generar bastiones de poder para confrontar al presidente de la república y el proyecto político que impulsa, pretenden desfondar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) retirándose de ella, y conformar la Alianza Federalista con el propósito expreso de cuestionar la distribución de recursos fiscales entre la Federación y los estados. Sin decirlo abiertamente, todos sus actos se encaminan ya a la obtención de la candidatura del opositor Bloque de Contención, que le permita aspirar a la presidencia de la república en 2024. Corral considera tener los méritos suficientes para ir por esa candidatura y uno de los procesos de Juan Collado –preso en CDMX por acusaciones de FGR- debatiéndose en su terreno parece brindarle insumos para despuntar en esa puja que sostiene, por ahora, sólo con el jalisciense Enrique Alfaro.
Corral ha decidido activar paralelamente al tiempo en que el gobierno federal pide la opinión ciudadana para enjuiciar, o no, a expresidentes; un proceso penal que permitiría a su gobierno, por lo menos, llamar a juicio al expresidente Salinas de Gortari. En carpeta de investigación aparece acreditado que los servicios profesionales presuntamente contratados, nunca fueron prestados al gobierno de Chihuahua; y que, sin embargo, se habrían realizado sus pagos mediante transferencias desde la cuenta de la Hacienda estatal, hacia una cuenta bancaria perteneciente a Collado. El cabo suelto sería poder acreditar que tales dineros hubieran sido entregados de algún modo al expresidente. Si el ministerio público pudiere acreditar este evento, el gobernador de Chihuahua tendría oro molido en las manos, moldeable políticamente en aras de una candidatura convertida en una verdadera tentación.
Corren en sentido contrario a esa tentación, además de la natural competencia de otros aspirantes opositores, los fantasmas electorales de 1988, 2006 y 2012; y las relaciones políticas trabadas desde aquellos entonces entre Salinas y el PAN, que marcaron en definitiva la vida institucional de este partido hasta convertirlo en una de las caras de la moneda política llamada “Prian”. En el fraude electoral del 88, la “caída” o “callada” del sistema de cómputo de los votos y la connivencia de los líderes panistas lograron: la derrota “oficial” de Cuauhtémoc Cárdenas; reformular la visión y derrotero políticos del PAN para elevar su relación histórica con el PRI, saltando del papel de “oposición leal” a una especie de cogobierno, alejándose de los principios doctrinarios; y, la apertura de las puertas electorales del partido al sólido dinero del empresariado –convirtiéndolo en un gran negocio; hasta acceder a la presidencia de la república durante doce años, para terminar entregando de nuevo la estafeta a su benefactor representado por Enrique Peña, en la elección de 2012.
Las complicidades panistas en aquel fraude consiguieron que “se reconociera el triunfo” en la elección de gobernador a Ernesto Ruffo, en Baja California en 1989; y a Carlos Medina Plascencia en Guanajuato en 1991. La aprobación de la quema de las boletas electorales convirtió a Diego Fernández, desde entonces, en “El Jefe Diego” -el poder tras el trono en el PAN- que demostró su lealtad y obediencia a los mandatos del “jefe de jefes” en la elección de 1994, en la que opacando al de por sí opaco Ernesto Zedillo -impuesto por Salinas como candidato priista en lugar del malogrado Luis Donaldo Colosio- optó por “echarse al piso” para permitir la victoria electoral de aquel. Dos datos adicionales no pueden olvidarse: en la elección de 2000 (Cárdenas, Labastida, Fox) antes que el IFE diera a conocer los resultados del conteo preliminar de votos, el presidente Zedillo salió por televisión en cadena nacional a reconocer el, aún supuesto, triunfo de Vicente Fox; y, para la de 2006 (López Obrador, Madrazo, Calderón) el presidente Fox intentó, mediante el desafuero, descarrilar la candidatura de AMLO a la presidencia, que terminó de consumarse finalmente con el fraude electoral encubierto bajo el porcentaje de 0.56 de diferencia de votos entre Felipe Calderón y el tabasqueño. En toda esta historia, la sombra de Carlos Salinas ha sido omnipresente; tanto, que todavía alcanza a ensombrecer las aspiraciones de Corral Jurado. Resolver el dilema sobre procesar, o no, al expresidente no quedará exclusivamente en sus manos; tendrá que recabar el consentimiento del PAN y de los conspicuos salinistas que, militando en él, se beneficiaron de su poder en pago de complicidades otorgadas.
Poseedor de personalidad y estilo discursivo similares al jefe Diego, Corral Jurado desea ir agregando motivos de confrontación con el Ejecutivo federal para exaltar su propia figura. Ha dejado correr en la entidad que gobierna el conflicto por el reparto del agua -que involucra el tratado internacional México-Estados Unidos de 1944- incluyendo la toma violenta de la presa La Boquilla, en búsqueda de un objetivo estratégico para los planes de la oposición: generarle al presidente un problema diplomático. Sabedor que la élite nacional no cuenta con el apoyo del pueblo, las características que se imprimen al conflicto del agua apuntan a intentar quebrar la relación que el presidente de México mantiene con Estados Unidos; a fin de poder, luego, solicitar el respaldo del gobierno estadunidense para avanzar en sus proyectos de recuperación del poder político perdido frente a quien, en su propaganda ideológico electoral, califican de comunista. Sin deslinde del desquiciado golpismo de la derecha, para Corral, el fin justifica los medios.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de septiembre 2020.
José Samuel Porras Rugerio
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