A última hora, el Archivo General de la Nación (AGN) presentó una denuncia contra la subasta de la casa Morton, que incluye correspondencia de líderes independentistas como Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, y pidió detenerla por presunta venta de patrimonio documental nacional.
A través de un comunicado emitido este martes, el organismo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir para que no se lleve a cabo el evento, programado para las 5 de la tarde de este mismo día.
Refirió que los documentos puestos a subasta tratan sobre testimonios de diversa correspondencia que intercambiaron líderes del movimiento de independencia, edictos relacionados con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano.
Por la información que contienen –expuso– conforme al artículo 36, fracción II y III de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, pueden ser considerados como monumentos históricos y, por ende, adoptan la categoría de Patrimonio Documental de la Nación.
Bajo este entendido, independientemente de quién tenga la posesión, no se puede lucrar con el Patrimonio Documental de la Nación, si bien los particulares pueden poseer y custodiar este patrimonio para su preservación, no tienen permitido venderlos ni lucrar con ellos.
Asimismo, la casa subastadora estaría incurriendo en otra falta al no informar al Archivo General de la Nación sobre la intención de poner a la venta documentos históricos de relevancia para el entendimiento de la historia nacional.
Esto, porque la Ley General de Archivos establece en su artículo 77 que el AGN debe ser informado cuando se realicen o se tenga la intención de realizar traslados de dominio de documentos históricos de interés público, y en caso de omitirse dicha notificación, el AGN podrá anular la transacción o, en su caso, solicitar la expropiación de dichos documentos.
Marco Palafox Schmid, director jurídico del AGN, al presentarse ante el ministerio público federal para hacer entrega de la denuncia, resaltó que el tráfico ilícito de bienes culturales, particularmente de patrimonio documental, es un fenómeno de dimensiones preocupantes tanto en México como en el plano internacional.
Vale mencionar que esta denuncia se da luego de que el lunes diversos historiadores de la UNAM y el Colegio de Michoacán enviaran una carta al director del AGN, Carlos Ruiz Abreu, revisar el origen de los documentos y dar más atención a las transacciones de posible patrimonio mexicano.
