Paisanos, ejemplo para millones// Remesas y economía destartalada
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que pase lo que pase, con o sin pandemia, los paisanos –millones de ellos expulsados de su tierra durante el régimen neoliberal– no dejan de apoyar a sus familias, a la vez que, en forma permanente, inyectan grandes cantidades de divisas que, de paso, ayudan a la destartalada economía mexicana.
Como subrayó el presidente López Obrador en su segundo Informe de gobierno, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. Pese a la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido 10 por ciento respecto del año pasado y previó que llegarán a 40 mil millones de dólares a finales de 2020, un récord en beneficio de 10 millones de familias (alrededor de 40 millones de mexicanos). Con el aumento de las remesas desde Estados Unidos de paisanos a sus familiares, con los programas de Bienestar y los créditos que otorgamos a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos, y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico.
El problema, dicho sea de paso, es que cuando ellos necesitaron a su país, a sus autoridades, a sus instituciones, éstas simplemente les dieron la espalda y los dejaron a su suerte (Fox cínicamente llegó a presumirlos como productos de exportación de alta calidad) y debieron emigrar en busca de mejores condiciones de vida, mismas que les fueron negadas en su propia tierra.
En los primeros 7 meses de 2020, con base en los reportes del Banco de México, el saldo acumulado de los envíos de los paisanos se aproximó a 23 mil millones de dólares y, como apunta López Obrador, se estima que cerrará el año en alrededor de 40 mil millones (más de 800 mil millones de pesos, o el equivalente a 13 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio).
Con lo anterior, el saldo acumulado de las remesas de los paisanos en lo que va del presente siglo ronda 450 mil millones de dólares, monto equivalente a 45 por ciento del producto interno bruto a precios actuales.
PRI, tribunal electoral y México Libre
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que de haber impugnaciones por parte de quienes hayan sido rechazados en su solicitud de registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la palabra final la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ya han anunciado que optarán por ese recurso tanto Redes Sociales Progresistas (el proyecto impulsado por la profesora Elba Esther Gordillo a través de su yerno, Fernando González) como México Libre (el nombre oficial del solicitante es Libertad y Responsabilidad Democrática, Asociación Civil). La mayor atención pública y política está centrada en lo que habrá de suceder en cuanto a esta agrupación presidida formalmente por Margarita Zavala Gómez del Campo, aunque ha sido Felipe Calderón Hinojosa quien ha estado más activo como promotor, organizador, declarante y defensor de tal tentativa de partido.
El magistrado presidente del tribunal electoral federal es Felipe Alfredo Fuentes Barrera, un abogado de 59 años de edad, nacido en la Ciudad de México, que en febrero de 2015 fue propuesto por Enrique Peña Nieto al Senado en una terna para elegir a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (los otros propuestos fueron Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, este último el ganador, como se planeaba). El 4 de noviembre de 2016, bajo el poderío de Peña Nieto pero ahora a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado designó a siete nuevos magistrados del TEPJF, con periodos escalonados en el cargo, entre ellos Fuentes Barrera.
La elección de esos magistrados pareció positiva al presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México y yerno del priista Manlio Fabio Beltrones, y al presidente de la comisión de justicia, el panista Fernando Yunes Márquez.
En cambio, el entonces senador del Partido del Trabajo, David Monreal, hermano de Ricardo y actualmente funcionario del gobierno obradorista en temas de ganadería, dijo que “que en la forma de negociación de los cargos en el Poder Judicial ya no se aprecia pudor ni decoro (…) pareciera que en vez de mejorar los procesos de selección con mecanismos transparentes y verdaderamente imparciales, se regresa a los tiempos en que las decisiones se tomaban únicamente desde Bucareli”. Layda Sansores, entonces senadora también del Partido del Trabajo y ahora alcaldesa en una demarcación de la Ciudad de México, señaló que la designación de los magistrados se había regido “bajo el principio general de derecho: de cuotas y cuates”, que se había dado “un proceso fraudulento, ilegal y dañino para el avance democrático” y que “pocos saben en qué sótano, en qué cantina o en qué yate se tomaron las decisiones, pero es claro que el Tribunal quedó cooptado por la partidocracia” (https://bit.ly/2F4Pgir ).
El asunto secreto de Palacio
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad, el pasado jueves 3 de septiembre ocurrió algo que llamó la atención de los asistentes habituales a ese encuentro de trabajo en Palacio Nacional. Eran las 6 de la mañana y en el salón donde comúnmente se reúne el presidente López Obrador con cerca de 14 funcionarios de las áreas de seguridad de su Gobierno, entre secretarios y subsecretarios, ya esperaban varios de los participantes cuando llegó el personal de apoyo y les pidió abandonar la sala porque el Mandatario quería solo tener la reunión con cuatro funcionarios: la secretaria de Gobernación, el de Defensa, el titular de Marina y el de Seguridad Pública.
Sin indicarles el motivo y mucho menos el asunto delicado que se trataría, varios subsecretarios y directores que habitualmente participan en el Gabinete de Seguridad fueron desalojados y se les pidió esperar afuera, en los pasillos de Palacio, donde se miraban unos a otros preguntándose qué había pasado o qué tema confidencial o de seguridad obligaba a reducir el número normal de participantes en la reunión de coordinación. Sin chistar, todos los de segundo nivel abandonaron el salón y esperaron pacientemente a que concluyera el encuentro.
El Presidente entró a la reunión como todos los días en punto de las 6 y solo Olga Sánchez Cordero, el general Luis Sandoval, el almirante Rafael Ojeda y Alfonso Durazo escucharon el tema “secreto” o confidencial que obligó, por primera vez en los casi dos años de que se realizan diariamente esas reuniones en Palacio Nacional, a que López Obrador pidiera reducir el número de funcionarios participantes, según comentaron fuentes directas de la Presidencia que pidieron el anonimato.
A las 7 con 5 minutos de aquel jueves, exactamente una hora después de que inició el gabinete de Seguridad, se abrieron las puertas del salón y salieron solamente los secretarios que habían participado; al Presidente, que habitualmente sale también por esa puerta y comenta asuntos con los funcionarios participantes, lo sacaron por otra puerta y se fue a preparar, como cada día entre semana, los temas de su conferencia mañanera. Nadie informó ni explicó a los cerca de 10 funcionarios a los que se pidió abandonar la sala el motivo de la asistencia reducida y el porqué no podían estar presentes en el encuentro.
Ese mismo jueves salió información sobre la existencia de hasta 15 videos en los que aparece el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo bolsas con dinero de David León, el excoordinador de Protección Civil federal y fallido director del organismo nacional de distribución de medicinas. También ese jueves comenzó la discusión en el INE sobre los registros a nuevos partidos políticos, que terminó el viernes con las votaciones que le negaron el reconocimiento a 6 agrupaciones políticas, entre ellas la de México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y la de Redes Sociales Progresistas, vinculada a Elba Esther Gordillo, además de otras cuatro rechazadas. De hecho, solo el actual PES obtuvo el registro por mayoría de consejeros.
