México se ubicó como la cuarta nación con mayor impunidad en la región de América Latina, sólo por detrás de Honduras, Paraguay y Guyana mientras que a nivel global ocupó el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad (IGI) 2020.
El IGI 2020 fue elaborado por el Centro de Estudios de Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el objetivo es visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia, el rango de medición va del 0 al 100, donde cero significa impunidad nula y cien muy alta.
A nivel global, con impunidad muy alta se encuentran en el lugar 60) México (49.67 puntos), 61) Kirguistán (51.80 puntos), 62) Nepal (51.94 puntos), 63) Guyana (52.07 puntos), 64) Paraguay (53.15 puntos), 65) Azerbaiyán (54.56 puntos), 66) Argelia (57.63 puntos), 67) Marruecos (58.04 puntos), 68) Honduras (59.69 puntos) y 69) Tailandia (62.82 puntos).
Lo anterior significa que México es el décimo país más impune entre los 69 estudiados en la edición 2020 de este índice.
En la región de América las naciones consideradas más impunes son: Honduras con una puntuación de 59.7, Paraguay con 53.1, Guyana con 52.1, México con 49.7 y Guatemala con 49.7.
Por el contrario, las naciones con menor impunidad según el IGI 2020 fueron: Eslovenia (20.26 puntos), Croacia (20.46), Grecia (24.05), Bosnia (25.31) y Suecia (25.94).
Déficit en jueces y policías
El informe señaló que en México hay en promedio 2.17 jueces por cada cien mil habitantes, cifra contrasta con la del país con menor impunidad: Eslovenia, república europea que registró 42.77 jueces por cada cien mil habitantes
Asimismo, el índice muestra que en términos de fuerza policial hay un déficit de policías estatales de aproximadamente un 50 por ciento, pues se cuenta con 1.02 policías por cada mil habitantes, cuando el estándar mínimo se ubica en 1.8 uniformados.
Respecto a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal se señaló que si bien ha traído una mejoría en los procesos judiciales (en materia de transparencia), esto no ha significado una mejoría para México debido a los resultados de los juicios.
Se cuestionó que tanto en México y Colombia continúan presentándose graves violaciones en contra de migrantes y refugiados.
Ataques a defensores de tierra y agua
El análisis señaló que los datos sobre ataques contra activistas ambientales alrededor del mundo, especialmente alarmantes en América Latina y en México, así como conflictos ambientales en torno al acceso al agua, frente a las consecuencias de la minería mal regulada o la incidencia creciente del crimen organizado en prácticas de saqueo de recursos, nos advierten sobre la importancia de mejorar el registro estadístico sobre delitos relacionados con el medioambiente.
Los crímenes contra ambientalistas urgen la necesidad de aumentar capacidades para garantizar justicia ambiental y de crear mecanismos más efectivos para proteger a activistas, defensores ambientales y líderes comunitarios que enfrentan amenazas como resultado de sus actividades de protección de recursos y espacios naturales.
La investigación concluyó que la impunidad en México es estructural en términos institucionales ya que tiene la mitad de jueces en promedio que la región americana y cuatro veces menos que el promedio global.
Cabe mencionar que en la edición de 2017, México ocupó el lugar 66 de 69 y en el IGI-2015 obtuvo el lugar 58 de 59 casos estudiados.
