Lozoya, ¿Valachi autóctono? // Famiglias mexicanas, fúricas
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que seis décadas atrás la mafia se cimbró tras las confesiones y pruebas que uno de sus integrantes, Joe Valachi, rindió y presentó ante las autoridades legislativa y judicial estadunidense, con lo que, a cambio de protección, rompió la tradicional omertà y reveló nombres y apellidos de los cinco integrantes de la comisión, el máximo órgano colegiado de las cinco famiglias neoyorquinas. Tras ese episodio, el crimen organizado no fue el mismo, pues urgentemente debió cambiar prácticas, códigos, tácticas y estrategias para intentar mantener intocados sus vastos negocios ilegales, así como sus muy productivas relaciones con la clase política de aquel país.
Sirva de paralelismo, pues de la mafia mexicana (al menos de la surgida del salinismo) Emilio Lozoya Austin resulta ser el primero en romper abiertamente la omertà autóctona y detallar el modus operandi de las selectasfamiglias político-empresariales de México y de qué forma hacían negocios, componendas, enjuagues, compraventa de favores y demás gracias que a sus integrantes les permitió amasar fortunas de cuento de hadas, incluida la del propio ex director de Pemex.
Cierto es que muchas de las tranzas eran más que conocidas, pero la famiglia autóctona se sintió tan confiada, tan suelta, tan impune, que de plano se descaró y los casos de Agronitrogenados y Fertinal apenas son un par de botones del vestuario completo. Este conglomerado político-empresarial desvalijó al país, siempre en connivencia con el aparato de procuración de justicia, y, como diría Javier Jiménez Espriú, a lo largo de al menos cuatro décadas no dejó piedra sin labrar. Total, la factura siempre la pagaban los mexicanos.
¿Cuando menos que declaren EPN y FC?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a juicio del presidente de México, cuando menos dos de sus antecesores (Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto) deberían ser llamados a declarar en el contexto del aún gelatinoso proceso judicial que tiene a Emilio Lozoya Austin como delator personaje principal.
El entusiasmo declarativo de Palacio Nacional sobre el tema de procedimientos escénicos (declarar) va a contrapelo de la reticencia del propio político tabasqueño respecto al fondo del asunto. Es decir, que la propia Presidencia demande y promueva castigo a los presuntos responsables de hundir a la nación. Andrés Manuel López Obrador ha abundado en detalles, pistas y adelantos respecto a lo que habría de decir y denunciar Lozoya Austin en la etapa inicial de actuaciones jurídicas que requieren del máximo cuidado y sigilo, para no conceder ventajas a un eventual litigio sobre violaciones al debido proceso judicial, pero se resiste a promover desde la silla presidencial acciones contra expresidentes de la República, derivando el tema hacia una hipotética consulta popular en la que él abogaría por no hacer nada contra Peña, Calderón y otros a los que, sin embargo, si desea ver sentados en el banquillo de los declarantes, aunque las diligencias judiciales no pasen de ahí.
Los vericuetos, contradicciones y eventuales insuficiencias del proceso escogido para hacer de Lozoya un colaborador de temporada generan, sin embargo, una percepción ampliamente esperanzada en una parte de los mexicanos que demandan acciones firmes contra los principales responsables del desastre nacional que casi diariamente menciona el actual ocupante del Poder Ejecutivo Federal en sus expandidas conferencias mañaneras de prensa.
En este caso, tan delicado y tan expuesto al rigor del análisis público, la Fiscalía General de la República, autónoma solamente en teoría, y la Presidencia de la República deben cuidar que los éxitos de circunstancia y proscenio lleguen a tener correspondencia justiciera a la hora de las sentencias formales. También deberían evitarse declaraciones desafortunadas como las hechas ayer por el fiscal Gertz respecto al trato dado a Rosario Robles Berlanga, endilgándole a la exsecretaria peñista una especie de culpabilidad extralegal de estar en prisión preventiva a causa de que no ha querido “colaborar” respecto a delitos de los que ella se declara inocente.
De pronto ha caído la guadaña judicial y hacendaria sobre un dirigente sindical en México. No ha sido uno de los archiconocidos gerentes delictivos de organizaciones de trabajadores sino alguien poco conocido, Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, donde había constancia de transferencias por miles de millones de pesos, y la fiscalía de justicia del Estado de México metió a la cárcel, bajo acusaciones relacionadas con homicidios, extorsiones, despojos y secuestros. Bello ha dicho que apoya al presidente de la República y la llamada 4T. Por otra parte, mantuvo diferencias con Pedro Haces y su Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que aspira a ser una de las dos organizaciones sindicales favoritas de este sexenio.
Calderón, el objetivo
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que más allá de lo que arrojen las pruebas y las investigaciones de la Fiscalía General de la República, de los dos expresidentes que hoy están en la mira y en calidad de imputados por Emilio Lozoya, el único que realmente le interesa al presidente López Obrador es Felipe Calderón, quién se ha convertido no sólo en su némesis y su “villano favorito” sino en una auténtica obsesión.
La investigación que le abrirá el fiscal Gertz Manero por presuntos hechos de corrupción con Odebrecht que derivaron en “privilegios y daños graves al erario” para la instalación de la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, será la vía para llevar a Calderón a la barandilla judicial y obligarlo a rendir cuentas de lo que fue, en la óptica del actual Presidente no solo un “Gobierno espurio” sino también un “narcoestado”.
Esa fue una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex, a quien se le otorgaron múltiples beneficios y concesiones como “testigo colaborador” no tanto porque denunciara a Peña Nieto y a Luis Videgaray, a quienes de cualquier manera Lozoya iba a acusar por un tema de resentimientos y venganza por haberlo abandonado y traicionado cuando comenzó la persecución judicial en su contra.
La información adicional que le interesaba a la Fiscalía y al Gobierno de López Obrador era lo que Emilio sabía sobre los tratos y sobornos que Marcelo Odebrecht tuvo con el Gobierno de Felipe Calderón, cuando vino a México en 2009.
Los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el Gobernador priista de Veracruz de aquel entonces, los conocía muy bien Emilio Lozoya por la relación personal de amistad que tenía con Marcelo Odebrecht, para quien ya operaba asuntos financieros e inversiones en México. Lozoya contactaba desde entonces a políticos mexicanos y sobre todo a candidatos a gubernaturas para ofrecerles apoyos a sus campañas a cambio de que luego le permitieran a la compañía brasileña obtener contratos y realizar inversiones en el sector energético en sus estados.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Anticurrículum. El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, es el antipolítico más famoso de las redes sociales. Este hombre, con aspiraciones a gobernar Nuevo León, fue vapuleado por su actitud machista contra su propia esposa, la influencer Mariana Rodríguez, al “regañarla” por “mostrar la rodilla” durante una transmisión en vivo. El tema se hizo polémico. A raíz de sus palabras se viralizó el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera, con el cual un buen número de internautas critican su postura. “Ataquemos que se nos siga viendo como pertenencias. Palabras, actos, bromas que, aunque sean ‘sutiles’, reafirman los roles de género que tanto lastiman a nuestra sociedad”, escriben. Así, las usuarias les recuerdan a todas las mujeres que son libres de decidir sobre su cuerpo. ¡Ay!, Samuel, Samuel… si algo había ganado, ya lo perdió.
2. A la banca. El historial político y de negocios del secretario de Economía y Turismo de Baja California, Mario Escobedo, llegó a las oficinas del líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por militantes del propio partido, quienes denominaron el documento como el “expediente oscuro” de Escobedo, quien busca ser candidato a la gubernatura de la entidad en 2021. En la sede nacional de Morena se mostraron sorprendidos de los antecedentes de Escobedo, quien ha sido señalado de tráfico de influencias y negocios personales desde las posiciones políticas que ha ocupado, lo cual discrepa con los ideales de la Cuarta Transformación. Su historia negra comienza en los 70 al vender pewter como plata a turistas de Estados Unidos. Y de ahí hasta ahora, todo mal. ¿Y así quiere continuar?
3. La estafa de luz. El monumento conocido como la “Suavicrema”, en Paseo de la Reforma, vuelve a ser noticia. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que hubo irregularidades en la construcción Estela de Luz que encarecieron su costo. El tribunal ratificó lo aseverado por la ASF respecto a que por el acero utilizado se pagó un costo mucho menor. De este modo, se confirmaron las sanciones que en 2019 emitió el órgano fiscalizador en contra de los responsables de la obra, entre quienes se encuentran Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, los cuales deberán responder ante la Hacienda por casi 500 millones de pesos en agravio del erario. Así las cuentas de los panistas: les iba a costar 400 millones y gastaron más de mil. ¿Y eso no es corrupción?
