Sin precisar qué regidores habrían pedido 3 millones de pesos a cambio de su voto en Cabildo, concejales afines a la edil Claudia Rivera Vivanco perfilaron que serían del G5 y exigieron su salida de Morena; en respuesta, los opositores de la alcaldesa exigieron nombres.
En rueda de prensa virtual, Iván Camacho Mendoza, uno de los ocho del grupo de Rivera Vivanco, exigió que se dé continuidad a las denuncias formales en contra de los del G5, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como agotar las instancias de Morena “hasta las últimas consecuencias”.
Pese a que no se precisó el nombre de los supuestos involucrados, hizo hincapié en que se trata de un grupo que constantemente ha “golpeteado” a la actual administración, mientras aseveró se “acabó” que el “viejo molde” de dar dinero para votaciones.
Fue la regidora Ana Laura Martínez Escobedo quien resaltó que si los acusados son regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)” deberían “ser expulsados de esta misma coalición”, por lo que pidió a las instancias del partido iniciar la investigación.
Por su parte, Iván Herrera Villagómez refrendó que el G5 ya no es parte de la coalición, pues “ellos mismos” se denominaron como una fracción distinta dentro del partido lopezobradorista.
Sobre los señalamientos en Twitter de la diputada del PES, Nora Merino Escamilla, sobre que la Comuna debe asumir con autocrítica los problemas que existen en inseguridad y ambulantaje, Camacho Mendoza pidió que “antes de hablar de la capital” se enfoque en resolver el tema de la privatización del agua, pues el asunto de la seguridad es competencia también del gobierno estatal, que en lugar de “contribuir” ha querido “imponer” a una nueva titular en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Un “falso escándalo” con fines electorales: G5
A tan solo 20 minutos de haber concluido dicha rueda, los integrantes del G5 salieron a la defensa rechazando tales acusaciones y exigiendo al ayuntamiento que dé a conocer los nombres de los dos regidores señalados por la presidenta municipal, asegurando que se trata de un “falso escándalo” con fines electorales de cara a las elecciones del 2021.
Edson Cortés Contreras aseveró también que es un intento por ocultar las opacidades de la administración y callar a la crítica, pues comentó que “existen hechos” con apariencia de delito en el DIF municipal, la Secretaría de Administración, Infraestructura y de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque no mostró pruebas de ello.
“Quienes encabezan el ayuntamiento quieren generar un falso escándalo, una cortina de humo, para que la sociedad no se haga preguntas sobre el verdadero fondo de la sesión extraordinaria del 11 de agosto”, comentó, en alusión a que, aquel días, hubo opiniones opuestas del G5 y del PAN sobre la forma en que los 500 millones de pesos se destinarán para evitar los rezagos causados por el Covid-19, pues acusaron que sus propuestas no eran escuchadas y que se trataba de un proyecto que caería de una planificación concreta.
Por su parte, la regidora Rosa Márquez Cabrera aseveró que las acusaciones se deben, también, a que en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Público rechazaron dos veces los estados financieros de la Comuna y, si hay una tercera vez, la Auditoría Superior del Estado (ASE) “intervendría” con una revisión.
En tanto, en conferencia matutina de este jueves, el gobernador Miguel Barbosa Huerta mencionó que los señalamientos de corrupción son cruzados, pues hay aseveraciones de ambos bandos que se deben aclarar.
“Los casos de corrupción, pareciera que son cruzados en el ayuntamiento, de acuerdo, son cruzados unos con otros, hay unos contra unos y otros contra otros, ojalá se aclaren esas acusaciones en el ayuntamiento”, mencionó.