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miércoles, septiembre 23, 2020
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Lozoya habla de EPN y Videgaray y los ensayos de vacunas en México

Lozoya: la danza de los millones // Peña Nieto, Videgaray, Calderón

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que comienza a dar frutos la estrategia de la Fiscalía General de la República y los acuerdos –legales, desde luego– a los que llegó con el ex director de Petróleos Mexicanos: era secreto a voces, pero ahora Emilio Lozoya lo denuncia, le pone nombres y cantidades, y lo documenta ante la autoridad, de tal suerte que, de entrada, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray están en la picota.

Desde los tiempos electorales de 2012 se conoció (al igual que en las presidenciales de 2006) que el PRI (y en su momento el PAN) inyectaba recursos de procedencia ilícita a su campaña política, pero el Instituto Federal Electoral (predecesor del Instituto Nacional Electoral) fingió demencia y dijo que nada vio, nada registró, por lo que nada investigó. Y se trata de la misma institución que asegura ser garante de la democracia.

El fiscal Alejandro Gertz Manero lo dijo así ( La Jornada, Eduardo Murillo): Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos sobre una serie de sobornos que le entregó la constructora brasileña Odebrecht y que fueron utilizados para financiar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012. Sin citar nombres, el titular de la FGR informó, por medio de un video difundido a los medios de comunicación, que el que después fue presidente (Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que este individuo, que esta presentado la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros (una caterva de mafiosos) que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas.

Aquí la columna completa

Lozoya: lo mediático y lo judicial

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el primer golpe es el político y parece contundente: el cantor colaborativo, Emilio Lozoya Austin, colocó en las marquesinas del escándalo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, al ya de por sí desfalleciente partido de los tres, el Revolucionario Institucional (PRI), al Instituto Federal Electoral (que cambió “Nacional” por “Federal”: INE, en lugar de IFE) y a las cacareadas reformas peñistas presuntamente estratégicas.

El Tribunal de la Opinión Pública bien podría emitir una sentencia sumaria: la campaña electoral priista de 2012 fue financiada con dinero proveniente de actos corruptos. Lo había dicho el propio Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2012: “Nos han robado dos veces la presidencia de la república (…) Ahora fue a billetazos. Peña Nieto no ganó la presidencia de la república; compraron la presidencia” (https://bit.ly/33QrG32 ). Gustavo Madero, entonces presidente del Partido Acción Nacional, tuiteó en enero de 2013: “Próximamente quedará claro que el PRI sí ganó a billetazos, como denunció oportunamente el PAN ante el IFE”.

Y de esa construcción corrupta del poder público, de la representación popular, se derivaron los seis años de consecuente corrupción sistémica y hundimiento del país: los pactos sucios contra México, la “limpieza” electoral, la oposición simulatoria (Chuchos, panistas y Verdes bien aceitados) y las “reformas estratégicas” a comisión, sobre todo la energética.

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Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?

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Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los ocho años transcurridos desde su candidatura.

Peña tendría que responder, junto con Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su Gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.

Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, pero apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Óscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.

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La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Advertidos. El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, pidió al gobierno evitar chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al referirse al plantón de la sección 18 de la CNTE en el Zócalo capitalino. Planteó que el “horno no está para bollos”, dijo y descartó que manifestaciones de este tipo podrían originar un brote social de violencia. Advirtió que la pandemia ha afectado a la educación, por lo que no es momento de agregar mayores condiciones de riesgo. “Con tantas víctimas de la violencia, de la pandemia, del desempleo, y ahora de la educación, es un caldo de cultivo para un brote social de violencia entre los mexicanos al cual no queremos sumarnos”, comentó. Así de crudo el panorama que debe resolver, junto con los maestros disidentes, Esteban Moctezuma, titular de la SEP.

2. Contra la podredumbre. El gobierno de la Ciudad de México informó que de enero de 2019 a febrero de 2020, la Secretaría de la Contraloría General impuso 2 mil 52 sanciones contra mil 680 servidores públicos, de los cuales mil 409 trabajaron en la pasada administración y 271 en la actual. Los del gobierno pasado en su mayoría se desempeñaban como directores de área, con 183; seguido por directores generales, con 109. En la lista también se encuentra un secretario, dos jefes delegacionales, nueve fiscales y el extitular de la Agencia de Gestión Urbana. De ese total, a 197 se les impuso una sanción de entre uno a 20 años de inhabilitación, a 16 menos de un año y hasta tres meses de inhabilitación, y mil 400 fueron sancionados por faltas a la normatividad. La lucha de Claudia Sheinbaum contra la corrupción va en serio.

3. Garantías. México tiene buenas noticias para combatir la epidemia del covid-19, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Informó que se llevarán a cabo tres ensayos clínicos de posibles vacunas durante el periodo de septiembre de este año a enero de 2021. De esta manera, estaría garantizada en tiempo y forma la adquisición y distribución de la vacuna en el país, indicó Ebrard al tratarse de proyectos muy avanzados. “Tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos y dos de China; el objetivo es que en México se lleve a cabo lo que se denomina la fase III del protocolo clínico de cada una de las posibles vacunas, conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y se garantice la vacuna correspondiente”. Pasos firmes contra la pandemia.

Aquí la columna completa

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