Emilio Lozoya: do de pecho // Pemex: ex consejeros en fuga
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que sin hacer mucho ruido, la Fiscalía General de la República (FGR) avanza a paso veloz en las investigaciones sobe las corruptelas en los sexenios peñanietista y calderonista, ambos ligados –unos más que otros–, por ejemplo, al caso Odebrecht y otras cositas. Hasta donde se sabe, para salvar el pellejo Emilio Lozoya canta en do de pecho, con el ventilador encendido para –en sentido contrario a la función mecánica del aparato– calentar cada día más el ambiente político e incrementar el nerviosismo de los involucrados, entre ellos los ex integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos.
En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador dijo que Lozoya debe declarar todo lo que sabe –que es todo–, porque su confesión tiene muchas implicaciones, tiene que ver con el comportamiento de funcionarios, de ciudadanos supuestamente independientes, porque se fue creando la moda de meter a todos los consejos de administración a ciudadanos aparentemente independientes con el propósito de que se lograra una mayor transparencia y, sobre todo, que no hubiese corrupción, pero estos independientes, pues no lo eran al final en muchos casos, otros sí cumplieron con actuar de manera íntegra, con rectitud.
Las actas de las sesiones del consejo de administración de Pemex resultan fundamentales para la FGR, pues en ellas se delimitan responsabilidades, por ejemplo en el robo a la nación con las compras de Agronitrogenados (Alonso Ancira) y Fertinal (Fabio Covarrubias). Además del orden del día, en esas actas se detalla la intervención y postura de cada consejero; al final se vota y se sabe quiénes votaron a favor y quiénes en contra. En este caso tengo entendido que la mayoría votó a favor, por eso se aprobó la compra de la planta de fertilizantes, pero también hubo quienes votaron en contra, que eso es también importante y, sobre todo, en las actas debe de aparecer por qué no estuvieron de acuerdo, señaló el mandatario.
No es solo el caso Toledo
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el presidente de México ha eludido entrar al fondo de lo planteado por su secretario del medio ambiente, Víctor Toledo, respecto a conflictos de interés de otros altos funcionarios públicos, en particular del empresario Alfonso Romo y su pieza operativa en la secretaría de agricultura, Víctor Manuel Villalobos. “Hay diferencias y no hay pensamiento único (…) busco armonizar, escuchar a todos para darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que conviene más”, respondió ayer en su conferencia mañanera de prensa.
Aun cuando no se ha precisado el origen y la intención de la difusión de sus palabras grabadas, el secretario Toledo terminó colocando en términos políticos y mediáticos la más fuerte descalificación interna al proceso autodenominado Cuarta Transformación (4T), con señalamientos que constituyen acusaciones graves y no solamente una suerte de opiniones diferenciadas o puntos de vista confrontados. Tratar el tema en el principal escritorio de Palacio Nacional con ligereza o desdén puede terminar fortaleciendo a los actores y factores denunciados.
Por lo demás, las críticas a la manera de manejar los asuntos de gobierno durante el obradorismo no han quedado solo en el expediente del mencionado Toledo. La excepción es Josefa González Blanco, quien dejó la secretaría del medio ambiente sin protesta alguna. Los siguientes declinantes hicieron pública mención de los fuertes motivos de sus renuncias: Germán Martínez Cázares (IMSS), Carlos Urzúa (Hacienda) y Javier Jiménez Espriú (Comunicaciones y Transportes).
Pero los conflictos internos en el extendido aparato obradorista de poder van más allá de los entretelones de Palacio Nacional. Ahora mismo se vive una seca confrontación en la cámara de diputados entre liderazgos de los partidos Encuentro Social y del Trabajo, con acusaciones del primero en el sentido de que el segundo ha comprado transferencias de legisladores entre bancadas por cinco millones de pesos. En Morena, en tanto, avanza el choque entre los grupos de Bertha Luján Uranga y Alfonso Ramírez Cuéllar contra Yeidckol Polevnsky, con acusaciones penales, mercantiles y civiles de por medio.
De todo hay: el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, en constante choque con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo; situación parecida, aunque menos explícita, entre la secretaria de energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero; y los gobernadores Adán Augusto López Hernández (Tabasco), Miguel Barbosa (Puebla) y Jaime Bonilla (Baja California) contra el subsecretario Hugo López Gatell.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Viraje reivindicador. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, ya se tomó en serio el riesgo por la pandemia. Tanto, que aseguró que el abasto de medicamento y la atención médica está garantizada de un 86 a 94% en la entidad. Éste ha sido un tema de permanente ocupación para su gobierno y para las instituciones de salud del país, dijo. Ante el próximo periodo de vacunación infantil y el panorama nacional de desabasto de vacunas, explicó que éstas las reparte la federación a través de una paraestatal llamada Birmex, pero hasta el momento no las habían enviado. Barbosa se anticipó: ya autorizó el gobierno la compra, de ser necesaria, por lo que empezaron a buscar en el mercado nacional vacunas certificadas para adquirirlas. Ahora sí el gobernador dispone de todo para el bien de los poblanos.
2. Justicia histórica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a encabezar personalmente la comisión para el plan de justicia para los pueblos yaquis. Frente a los gobernadores de los ocho pueblos les aseguró que se les repondrá tierra y agua, incluso, desviar el gasoducto de la empresa IEnova. El mandatario pidió a los gobernadores, secretarios, Pueblo Mayor (ancianos sabios) y autoridades religiosas de la etnia que haya negociación para llegar a un acuerdo, que evite que el gobierno de México pierda recursos públicos por pagar multas a empresas privadas con las que hicieron acuerdos los políticos corruptos del pasado. El gasoducto cruza desde Arizona, en Estados Unidos, y atraviesa 90 kilómetros del territorio yaqui. La injusticia ha sido el sello ancestral de estas comunidades. Hasta ahora. Se acabó.
3. ¿La nueva normalidad? Cuando llegó al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Román Meyer Falcón, dijo que su premisa era acabar con la corrupción. Se está tardando. Sobreprecios con sobrevaluación en viviendas, retraso en la entrega de créditos y vivienda; además de corrupción en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y notarios públicos, son las prácticas que se tenían dentro del Fovissste. El titular, Agustín Gustavo Rodríguez López, destacó que se está haciendo una limpia, debido a las múltiples denuncias de los afiliados. Se ha implementado una campaña que vigila las prácticas anticorrupción, que ha dado la suspensión de Sofomes y unidades de evaluación y dado de baja a notarios públicos. La corrupción echa raíces en campo fértil. ¿Éste es uno?
