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La fractura en el albiazul y pagos de Eukid Castañón a panista

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Genoveva Huerta recibió dinero en efectivo de Eukid Castañón

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el amparo tramitado por la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, tendiente a evitar su posible detención como consecuencia del proceso por lavado de dinero que se sigue contra el ex diputado federal Eukid Castañón Herrera, obedece a que en una de las denuncias fue involucrada como parte de la red de políticos que recibían pagos en efectivo del otrora poderoso operador morenovallista, actualmente preso en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Quien la involucró como parte de esta red fue la regidora de Atlixco Julieta Camacho Mata en declaraciones ante la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado.

En su denuncia contra Eukid Castañón, para quien laboró de 2013 a finales de 2015 como operadora política, Julieta Camacho dijo que por instrucciones de su entonces jefe entregó cantidades millonarias a diversos personajes políticos, entre ellos al presidente municipal de Zacatlán, Marcos Flores Morales, a la diputada Genoveva Huerta Villegas, a Omar Blancarte Montaño — quien a su vez lo repartía entre presidentes municipales para que favorecieran con obra pública a las empresas de Eukid Castañón—, y a Marcelo García Almaguer.

Según sus declaraciones rendidas el 20 de octubre de 2019 ante el agente del Ministerio Público Marco Antonio Sánchez Cid, Eukid Castañón era un hombre con tanto poder que sus oficinas de la calle 9 Poniente número 2921 de la colonia La Paz eran visitadas por políticos y ex funcionarios como Roberto Moya Clemente, Jorge Aguilar Chedraui, Ángel y Roberto Trauwitz Echeguren y Roberto Rivero Trewartha.

Julieta Camacho no explica en esta entrevista cuánto dinero recibió o le entregó a la hoy presidenta del PAN, ni durante cuánto tiempo. Sin embargo se sabe que después de esta denuncia y algunas indagatorias de gente del gobierno en torno a sus propiedades inmobiliarias fue que Genoveva Huerta se preocupó y buscó el amparo y protección de la justicia federal.

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Vigentes las facciones en el PAN

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que ya resta menos de un año para la celebración de los comicios intermedios de 2021 y en el panismo del estado, donde confluyen las mayores posibilidades de protagonizar una verdadera competencia electoral frente a Morena y sus candidatos, sigue vigente la fractura entre el grupo de encabeza la presidenta del Comité Directivo Estatal, Genoveva Huerta Villegas, y los panistas de añeja tradición que se aglutinaron en torno de Jesús Zaldívar Benavides para ganar el Comité Directivo Municipal.

El más reciente plan de interacción de la dirigencia estatal con los militantes, emprendido desde la semana pasada para realizar una consulta que, en teoría, permitirá tomar decisiones internas en torno al proceso electoral del próximo año, como si es que se postulan candidatos que no sean militantes del blanquiazul, si se aprueban las alianzas con otros partidos políticos, y de qué tipo, y la definición del método de selección de abanderados, evidenció que esas heridas, muchas de ellas generadas desde la época de Rafael Moreno Valle en el poder y trasladadas a la disputa por el control del partido, continúan latentes y con riesgo de ahondarse aún más.

Frente a la propuesta de Genoveva, que tendrá que demostrar a sus correligionarios la eficacia de la misma, principalmente para impedir que manos ajenas al partido alteren o pretendan alterar los resultados de la consulta, llovieron las descalificaciones por parte de aquellos “liderazgos” que tomaron partido por Zaldívar Benavides en la pelea contra Eduardo Alcántara Montiel.

Ana Teresa Aranda Orozco, Pablo Rodríguez Regordosa, Jorge Aguilar Chedraui y Mónica Rodríguez, entre algunos otros, cuestionaron las intenciones de su dirigente y acusaron, antes de conocer la metodología que se estaba empleando ya, que los resultados no tendrían ninguna veracidad y, por tanto, ninguna validez.

Del bando de Genoveva Huerta solo se pronunció en su favor el diputado local Oswaldo Jiménez López.

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Lizeth Sánchez promueve a aspirante de Atlixco que carga graves historias de corrupción en Oaxaca

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que frente a la idea de que la 4T tiene amplias posibilidades de ganar la próxima elección de alcalde de Atlixco, luego de que en 2018 se quedó a unos cuantos votos abajo del PAN en los comicios locales, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal Lizeth Sánchez García, junto con Mariano Hernández Reyes, un viejo dirigente del PT, están impulsando al empresario Edmundo Pérez Escobedo para que sea el próximo abanderado del bloque lopezobradorista.

El problema de este aspirante es que estaría cargando una mala fama por presuntos actos de corrupción, que incluiría quebrantos en el extinto Seguro Popular, durante la gestión de Gabino Cué Monteagudo, cuando fue gobernador de Oaxaca.

Sin contar, que formó parte de los operadores que conspiraron junto con el senador Alejandro Armenta Mier para intentar provocar la caída de Luis Miguel Barbosa Huerta como candidato de Morena a gobernador de Puebla en el proceso electoral extraordinario de 2019.

El pasado fin de semana el PT instaló un nuevo comité municipal en Atlixco, que tuvo dos propósitos fundamentales:

Primero frenar a Arturo Lira, un activista del PT, que desde hace varias semanas ha provocado una serie de confrontaciones políticas en Atlixco entre grupos del movimiento lopezobradorista, pues este personaje decía representar al Partido del Trabajo –sin tener un nombramiento oficial– y encabezaba supuestas reuniones para definir las candidaturas de esa región de estado.

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La madriza que se viene

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que con un mar de memes, una piñata y hasta una cumbia, el caso del ratero de la combi de Texcoco, se convirtió en la punta del iceberg de un problema mayúsculo. Las golpizas a los asaltantes e incluso a presuntos inocentes comenzaron a difundirse y las justificaciones al exceso de violencia sobran en redes sociales.

Desde antes de la llegada del coronavirus y la cuarentena, el hartazgo social ya existía. Todos los días los noticieros daban cuenta de los asaltos en el transporte público, del robo a transeúntes y en casa habitación.

Y también de la falta de respuesta de las autoridades, de los policías que difícilmente inhiben el delito, de los ministeriales que no investigan nada y que entorpecen los procesos para detener a los delincuentes, incluso cuando existen pruebas contundentes como videos de seguridad. Y ni hablar de la impartición de justicia, que con el nuevo sistema, se ha replicado la llamada “puerta giratoria” que permite que un malandro entre y salga de una cárcel como si se tratara de su casa.

No hay investigación ni sanciones y la población lo reciente.

La impotencia de quienes han sido víctimas de los malhechores y el hartazgo social se sumó con el estado de ánimo que tenemos, pues la mayoría nos sentimos vulnerables ante el virus y la situación económica que se vive.

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