A los pronunciamientos de las cúpulas empresariales, sus caravanas motorizadas, y los amagos de gobernadores, se agrega el llamado abierto de sus intelectuales. La carta que Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Enrique Krause y 27 personas más, publicaron en Reforma titulada Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, muestra el uso de un lenguaje lleno de frases hechas que lo abigarran y conducen, inexorablemente, al laberinto, la posibilidad de su correcta comprensión por el público al que se dirige con demérito de la prenda intelectual de los suscriptores. Lo peor que puede ocurrirle al lenguaje, como instrumento de comunicación para todos, es el manejo críptico en su uso que lo convierte en faccioso por parcial y engañoso. En política, las trampas discursivas se orientan a tender trampas políticas. Lanzar una carta de esta naturaleza, llena de expresiones generales susceptibles de interpretaciones múltiples, presupone que la ciudadanía habla con valores entendidos traducibles sin mengua de equívoco. Una falacia elevada a la condición de premisa mayor.
Las posturas personales de los firmantes con relación a los problemas sociales de México y el desempeño de los gobernantes, son bien conocidas pues las ofrecen, a menudo y desde hace muchos años, en calidad de opinión a televidentes, escuchas y lectores. La carta tiene un solo propósito: una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto popular, reestablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021. Negada públicamente la existencia del descubierto proyecto opositor que hizo a algunos gobernadores entonar socarronamente la canción de La boa, este grupo intelectual entra al quite para proponer el mismo proyecto con distinto nombre.
Nada podría justificar que para impulsar el legítimo derecho a participar en las elecciones se recurra al uso de trampas lingüísticas para intentar allegarse adeptos y votos. En la carta pueden apreciarse las siguientes:
a) El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. El engaño se encuentra en la expresión “la mayoría” con que ocultan dos hechos verificables: uno, la mayoría, tiene un sentido constitucional y legal que alude a los votos depositados en urnas, conforme a la cual el triunfo del presidente fue aplastante; sustituyen ese significado con el de “la mayoría” ciudadana que incluye los votos recibidos por los candidatos perdedores, los anulados y los no ejercidos; así hablan de minoría en el sentido en que aquí lo hacen. Con este artilugio discursivo cuestionan la mayoría de diputados obtenidos por Morena, e insultan la mayoría de votantes de AMLO; dos, ocultan que la elección y asignación de diputados la hizo el INE, conforme a las normas legales vigentes y la validación de la elección por el TEPJF, sin impugnación legal de la oposición. La violación a la Constitución nunca nadie la alegó hasta ahora, y la compra de representantes electos tendría que acreditarse para anularla.
b) …el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. La falacia aparece en los conceptos “concentrando” y “detrimento”. En la república, el presidente constitucional es jefe de estado y de gobierno; no concentra el poder; la única diferencia es que mientras los antecesores mal administraban, el actual gobierna. Las recientes declaraciones de los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Colima, junto al presidente, acreditan que el “detrimento” de que hablan los intelectuales, en realidad ha sido una acechanza que forma parte de la estrategia de confrontación, dirigiendo el poder de algunos estados contra la federación. Los “demás poderes” -Legislativo y Judicial- no gobiernan; ejercen el poder del Estado en sus competencias constitucionales.
c) Al hacerlo…desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE… Únicamente la historia de su propio desempeño puede permitir establecer, sin lugar a duda, quién desacredita la autoridad del IFE-INE; que mantiene intactos sus privilegios de poder, emolumentos y prerrogativas.
d) El manejo de la crisis sanitaria de la Covid-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. Estas afirmaciones son eco simple de conocidos planteamientos de los organismos empresariales, donde “acuerdo nacional” significa obtener fondos públicos para los consorcios.
e) En su lugar se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. Esta afirmación, poco explícita, entra en contradicción con la realidad. Nada dicen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que goza de cabal salud y mantiene “legalmente” sus privilegios de élite; un poder del Estado no sujeto a renovación por vía del voto popular, cuyo control mantienen las fuerzas políticas derrotadas en la elección de 2018.
f) El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa no solo hacia las instituciones autónomas, sino también a las esferas científicas y culturales, así como, muy notoriamente, hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. De continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Son afirmaciones para malquistar, sobre las que los movimientos sociales aludidos tendrán memoria y sabrán hacia dónde caminar en los procesos electorales. Efectivamente, la voluntad popular en 2018 ordenó abandonar el sistema autoritario y establecer la democracia.
g) Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. El lenguaje cifrado con que narran este “pensamos”, sirve para ocultar los fines reales. La corrección de rumbo la hicieron, ya, los electores; y el pluralismo se recuperó al perder en las urnas el partido de dos caras. Su disputa no es, pues, por esos conceptos maleables; es por recuperar el poder político perdido y los privilegios que les acostumbraba. La carta no es deslinde de las acciones de organismos empresariales, organizaciones de la “sociedad civil”, gobernadores, y partidos de oposición; es, la faceta intelectual que los agrupa y explica.
h) Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. La historia de algunos países de América Latina muestra que las posibilidades del golpismo suelen buscar asidero en el control de la asamblea de los diputados. El encono mal disimulado y el revanchismo inherente niegan que el respeto se gane. Amenazan que con el Legislativo pueden “obligar al gobierno a respetar”. ¿Por qué ese cúmulo de intelecto no diseña un proyecto integral de país que la oposición someta al juicio de todos los mexicanos? ¿O, de qué democracia hablan?
Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de julio 2020.
José Samuel Porras Rugerio
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