Bancos para los amigos // Regalo de Fox y Calderón
Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que mordió el polvo otro de los denominados bancos chatarra autorizados (léase regalo para sus amigos aportantes a las campañas políticas blanquiazules, con los que pagó favores políticos y económicos) por Vicente Fox a escasos meses (menos de cuatro) de –felizmente– mudarse de Los Pinos, algo que, por cierto, también hizo Felipe Calderón en su sexenio.
Se trata de Banco Ahorro Famsa, una institución de banca múltiple, según reza la autorización de la Secretaría de Hacienda y firmada por Francisco Gil Díaz, a la sazón titular de esa dependencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2006, es decir, tres meses y 23 días antes de que Vicente y Martita se fueran mucho al rancho, y, desde luego, después de los comicios (léase fraude electoral) de julio de ese mismo año.
Famsa es una empresa de Monterrey, Nuevo León, fundada a principios de los años 70 y que originalmente se dedicó a comercializar muebles, línea blanca y todo tipo de enseres domésticos, que vendía en cómodos abonos con intereses de agio, muy al estilo de Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, personaje a quien Fox también le autorizó su banco (Azteca, octubre de 2002), para lo cual habilitó sus tiendas como sucursales bancarias. Y el banco que el ranchero les regaló tendría duración indefinida.
El punto es que días atrás la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia que generosamente otorgó Fox a los dueños de Famsa (Humberto Garza González y su hijo Humberto Garza Valdez a la cabeza), y las causas fueron una gestión de riesgos inapropiada, operaciones y créditos otorgados a personas relacionadas del (propio) grupo (de ese tipo de créditos está llena la panza del Fobaproa) por encima de los límites regulatorios, registros indebidos en dichas operaciones e incumplimiento recurrente de diversas disposiciones normativas; estos incumplimientos y deficiencias se presentaron con anterioridad a la actual coyuntura financiera y económica derivada de las medidas de aislamiento adoptadas para evitar la propagación del Covid-19. Una joyita, pues.
Sin embargo, a los dueños de Banco Ahorro Famsa tales prácticas no se les ocurrieron recientemente, pero en tiempos peñanietistas la autoridad encargada del sano comportamiento del sistema bancario los dejó hacer y deshacer sin consecuencia alguna.
Beltrones, ¿apoya a AMLO?
Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en su reaparición en política partidista, Manlio Fabio Beltrones Rivera se dejó varias puertas abiertas: pareció defender al presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso al sistema presidencialista mexicano, pero aceptó que hay errores y tentaciones autoritarias en Palacio Nacional y advirtió que en las elecciones de 2021 no se repetirá la excepcional cosecha electoral obradorista de 2018, a la vez que reiteró su sabida propuesta de gobiernos de coalición, fundada en resultados electorales de tercios, sin mayorías aplastantes.
Beltrones defendió la vigencia del Partido Revolucionario Institucional, al grado de considerarlo “inextinguible”, pero llamó a los militantes a alejarse del “golpismo” de una “derecha sumamente rancia”, como la que pulula de manera enmascarada o disfrazada “de sociedad civil”. Aún cuando nunca señaló expresamente a Alejandro Moreno, conocido como Alito, la referencia es insalvable, pues Moreno, gobernador con licencia de Campeche, ha declarado que en búsqueda de alianzas electorales para el 21 ha sostenido pláticas con miembros de los partidos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.
El priismo clásico puede aceptar arreglos con el PRD, Morena y MC, pues parte de sus cúpulas comparte escuela política e ideología del nacionalismo revolucionario, pero no con el PAN. De hecho, Yeidckol Polevnsky, como presidenta en funciones de Morena, sostuvo abiertos tratos políticos con el beltronismo, al grado de considerar “preso político” al empresario coahuilense beltronista, Alejandro Gutiérrez, cuando fue encarcelado en Chihuahua (gobernado por un panista, Javier Corral) a causa de una triangulación de fondos federales para financiar campañas electorales priistas. Polevnsky también propició candidaturas a cargos de elección popular de cercanos a Beltrones.
Aún cuando la fuerza política, legislativa y electoral del PRI está por los suelos, la reaparición del sonorense Beltrones puede tener un significado especial en el proceso de alianzas y definiciones de partidos pequeños rumbo a las elecciones intermedias de 2021 y la probable consulta sobre revocación de mandato en 2022. Para empezar, puede frenar el intento del citado Alito de aliarse con el PAN. Y podría facilitar arreglos con Morena, comenzando por la tierra natal de Beltrones, Sonora.
“Achatar la curva de la confrontación” política y social ha propuesto quien ha sido diputado federal y senador en varias ocasiones, gobernador de Sonora y presidente nacional del PRI. Lo hizo al participar en un foro virtual sabatino que fue convocado por una corriente priista de opinión, Movimiento Lider, realizado por Zoom y al que se sumaron casi mil participantes (un segmento videograbado, con las declaraciones más llamativas: https://bit.ly/31PYyrw ).
La BOA empresarial o la alianza MTY-CDMX
Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que mientras el presidente López Obrador hace maletas para su polémico primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en el país que dejará por unos días al Mandatario no solo le saltan las castañas calientes de las más de 30 mil muertes del Covid, hay también otras castañas que se cocinan a fuego lento, pero que cuando revienten le quemarán las manos al Presidente.
En las últimas semanas ha tomado forma, de distintas maneras, aquel animal político que en forma de un gran bloque amplio opositor invocó el Presidente: la famosa BOA no tiene una o dos cabezas, como lo anticipaba el Presidente, sino varias expresiones que atraviesan sí por las alianzas políticas entre los partidos de oposición para tratar de ganarle las elecciones legislativas en 2021, pero también se extiende a otros ámbitos como el de los empresarios, con quienes por cierto, el Presidente rompió lanzas a partir de que se negó a aceptar sus propuestas de apoyo al empleo y contrataciones de deuda para apoyar la liquidez de las empresas afectadas por el Covid y evitar su quiebra.
Un grupo importante de empresarios ha comenzado a fortalecer una alianza entre el poderoso Grupo Monterrey, que tiene claras y marcadas diferencias con las políticas de la 4T, y con una facción importante del Grupo CDMX conformada por los principales integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. A partir de la idea común de que el Gobierno de López Obrador los ha “traicionado” y que, con sus decisiones y políticas, intenta “destruir a las grandes empresas e industrias para que, a partir de lo que quede empezar a repartirlo”, los empresarios regios y capitalinos han trabado alianza con un objetivo claro: combatir al proyecto de la 4T con todos sus recursos económicos, legales y políticos.
Entre los poderosos capitanes del norte y los de la capital ha habido ya varias reuniones presenciales y a partir de la contingencia sanitaria han optado también por realizar reuniones virtuales, pero como saben del riesgo de que estas sean hackeadas y espiadas por las áreas de inteligencia del Gobierno, son cuidadosos y no utilizan plataformas conocidas sino un sistema personalizado de enlaces virtuales que manejan totalmente encriptado y para el que fijan reuniones que solo ellos y sus más cercanos conocen hora y fecha.
Hay dos temas en particular que están en la agenda de la alianza empresarial: el primero tiene que ver con la Ley de Etiquetados, que entrará en vigor en octubre, tras ser aprobada por el Congreso y contra la cual arman toda una estrategia legal y de amparos, ante el daño que esta legislación le causaría al consumo de productos que producen varias de sus empresas. En ese tema se dicen “traicionados” por el presidente López Obrador con el que habían conversado personalmente sobre un “modelo de transición” para la entrada en vigor gradual de esa ley.
Noé Robles y el caso Fernando Martí
Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que a pesar del cambio de régimen la fabricación de culpables continúa siendo un delito sin perseguir en nuestro país. Pueblan las cárceles cientos, quizá miles, de personas que fueron privadas de su libertad injustamente.
Desde que me involucré en la investigación del espinoso caso Wallace con frecuencia recibo testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de investigaciones amañadas, tortura, falsificación de pruebas y monstruosas violaciones a sus derechos constitucionales.
Un denominador común en todos estos casos es que la única sentencia emitida fue la de la opinión pública, pero la de los tribunales permanece pendiente. Inculpados juzgados por los medios de comunicación que aún esperan veredicto del Poder Judicial. Sin un esfuerzo a la vez sincero y musculoso por parte de la autoridad para esclarecer estas denuncias, no será posible rozar siquiera la verdad detrás de tales procesos. Y es que millones de páginas hiladas en expedientes ilegibles han sido dispuestas como pesada lápida para sepultar gente inocente.
El periodismo que ejerzo cuenta, como cualquier otra responsabilidad alejada del poder, con recursos materiales, temporales y económicos insuficientes para hacer que la justicia resurja en cada caso. Sin embargo, a pesar de las falencias, en mi oficio sería inmoral guardar estas misivas dentro del cajón del escritorio y dar la espalda a la exigencia legítima para que el periodismo considere a las personas que, desde su celda, aseguran haber sido víctimas de la demagogia punitiva impuesta en México durante las últimas décadas.
Este es el caso, por ejemplo, de una carta redactada a mano por Noé Robles Hernández, fechada el 6 de marzo de este año. “Tal vez en algún momento llegó usted a escuchar de mi… su servidor está acusado del secuestro de Fernando Martí, entre muchos más… (M)e gustaría… contarle un poco de mi historia … (S)i no le interesa … solo dese el tiempo de leer por favor esta carta”.
La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. La historia no es como la pintaban. Hay quienes suponen que la visita que hará esta semana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a Estados Unidos, es para ir a “echarle porras” a Donald Trump. Y es que muchos de quienes en el inicio de la transición alertaban que el gobierno mexicano se sumergiría de lleno en un enfrentamiento con los estadunidenses, estaban seguros de que López Obrador colisionaría con Trump. Es más, apostaban a que México se volvería una extensión de los países bolivarianos. La realidad los hizo cambiar de opinión y ahora cuestionan la buena relación que se ha generado entre ambos mandatarios y, por extensión, entre ambos países. La visita a Washington marcará el inicio del T-MEC, pero, sobre todo, dejará en claro el nivel de respeto entre naciones. La relación con EU, aunque no lo quieran aceptar, es más tersa que nunca. Y eso es lo mejor que nos puede pasar.
2. Justicia olvidada. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que los conservadores desean que le vaya mal al país y a su gobierno, pero se van a quedar con las ganas, ya que Emilio Lozoya, por ejemplo, revelará, a cambio de reducir su condena, los nombres de quienes participaron de los actos de corrupción y tendrán que devolver el dinero, cerca de 200 millones de dólares. “Para quienes dicen que no hemos hecho nada, ahí están las detenciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, presunto responsable de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. “Hechos y no palabras”, dijo López Obrador, “en contra de la corrupción, la peor peste que México ha tenido en toda su historia”. Al otro gobierno le mataron a 43 y ni se inmutó.
3. Inequidad. El general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, sostiene que “las Fuerzas Armadas, como siempre, buscan cumplir con las misiones que les son asignadas basadas en su estructura, como la que hoy desarrollamos en actividades de seguridad pública”. Sin embargo, no se guardó hablar sobre el mayor obstáculo. “Se continuarán realizando acciones contra el narcotráfico considerando que dichas acciones no son exclusivas de una institución, sino de todas las instancias del Estado que tienen vinculación con la seguridad, con la procuración y con la administración de justicia, para obtener resultados positivos”. De estas instancias, “el sistema judicial es el que ha tenido más dificultades para cumplir sus funciones”, enfatizó. ¿Queda claro, señores jueces?
