El gobierno federal se pronunció en contra de las reformas conocidas como “Pin Parental”, promovidas este 2020 en al menos en cinco congresos locales pues pretenden establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos, lo cual viola derechos de la niñez y adolescencia.
A travé de un comunicado, las secretarías de Gobernación (Segob), Educación (SEP) y Salud (SS) señalaron que estas iniciativas proponen la opción de vetar contenidos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.
En consecuencia, autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
De aprobarse estas reformas, advirtieron que las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional.
Por lo anterior, enviarán a los congresos locales de los 32 estados un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano, así como las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y su dignidad intrínseca como sujetos de derecho.
Este documento también desarrolla un análisis de las consecuencias sociales de estas iniciativas para “Pin Parental”: incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
Niegan derecho a educación con perspectiva de género
Concluyen que el llamado “Pin Parental” es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable.
De la misma manera, remarca que con estas propuestas se niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias.
Además de dichas dependencias, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) instaron a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
