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Atentado a Harfuch

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Muestra evidente del debilitamiento de la oposición es su abierta inclinación por la violencia criminal que encuentra –y justifica- en el asesinato del adversario la solución a “sus” problemas políticos, cual pervertido corolario de la estridencia de las caravanas de automovilistas que promueve, la cortedad de los anuncios publicitarios con que difunden sus sentimientos: “Amlo vete ya”, “”Andrés López, renuncia”, “Andrés López, no te queremos”, “dictador”, “comunista”; el odio clasista que expresan hacia los votantes de la izquierda; lo exiguo de los argumentos y proyecto de país que ofrecen a la ciudadanía; y la postulación en las caravanas del jalisciense Enrique Alfaro para ocupar el cargo, en la hipótesis de que López Obrador dimitiera o fuese defenestrado, son señales de que este activismo opera con el hígado, desecha la sensatez política y desmiente su pacifismo.

Enfilados en el camino de la incitación pública a la violencia, incluso al magnicidio, todo lo demás será desbarrancar al abismo de esa predilección a la que solo una bien aceitada maldad humana puede denominar actividad política. El atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX podría ser muestra de esa degradación de la política, el escalamiento de la violencia criminal y el empalme de actividades lícitas e ilícitas para la consecución de fines políticos. Aprovechando que García Harfuch difunde el dato de sus presuntos agresores señalando al CJNG, muchos opinantes profesionales han optado por enfocar el atentado como mero asunto de policías y ladrones. Motivos para manejarlo así sobran; el principal, distraer la atención ciudadana de las aristas políticas que pudiera tener el suceso.

Un dato quedó relegado: el rótulo “Carso” en la camioneta que cargaba las armas de ataque. ¿Por qué los atacantes elegirían ostentar específicamente el nombre del grupo empresarial de Carlos Slim, entre infinidad de posibilidades para tomar cualquier otro, o ninguno? Como es sabido este empresario -el más rico de México- ha decidido permanecer, digamos, neutral en los conflictos políticos y económicos que las cúpulas de los organismos empresariales –CMN, CCE, Coparmex y otros- están planteando frente a la política económica que desarrolla el Presidente de la República. ¿Fue un mecanismo ideado para malquistarlos? En la hipótesis establecida por Harfuch, muchas conjeturas sería necesario hacer para saber si el ataque del grupo delictivo fue una simple venganza por reveses sufridos, o una encomienda de terceros: outsourcing para la violencia. Si como se dice, a dicho grupo criminal le bastaron solo diez años para adquirir el poderío organizativo, bélico, económico y de negocio que exhibe, quizá haya sido porque en la región occidental del país debió tener o encontrar condiciones propicias para el desarrollo de sus actividades, relaciones adecuadas para abastecerse de las armas con que cuenta, permisividad para el tránsito de sus negocios y tolerancia para la acción.

En caso de que el grupo sirviera de instrumento de terceros, entonces las posibilidades de motivos del ataque se ensancharían enormemente y tendrían que considerarse las circunstancias coyunturales que atraviesa nuestro país y su gobierno. La premura con que Harfuch hace identificación de sus presuntos agresores tendió un pequeño velo sobre los motivos de la agresión que sufrió y el significado de la presencia del logotipo Carso en la camioneta. Esta circunstancia descubriría en su real magnitud el entreverado de relaciones posibles, por convergencia de objetivos, entre delincuentes que encubren sus fechorías desarrollando actividades empresariales; y empresarios que desarrollan acciones criminales que encubren con la actividad de los delincuentes desbordando toda sana noción de la política al pretender elevar actos criminales a la condición de argumentos políticos para el debate.

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Asombra la posesión del armamento de alto poder -fusiles M82, Barret, lanzagranadas, armas largas y granadas de fragmentación- en el arsenal dispuesto para la consumación del ataque. Un hecho podría, en parte, explicar que tal tipo de armas estén en México y en poder de grupos del crimen organizado: el Project Gunrunner –Dejando las armas caminar- de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, siglas en ingles) de Estados Unidos; conocida como “Operación rápido y furioso” en el sexenio de Felipe Calderón. En aquel entonces se dijo que la ATF “deliberadamente permitió a comerciantes de armas de fuego con licencia vender armas a compradores ilegales, con la ‘esperanza’ de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos y arrestarlos”. El caso se hizo público, en 2010, como operación “rápido y furioso” luego de descubrirse que algunos de los sospechosos investigados pertenecían a un club de automovilistas.

Indudable factor del fracaso del atentado fue la coordinación que la policía capitalina tuvo con la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina; que posibilitaron la capacidad de respuesta mostrada. Esta coordinación de fuerzas para la contención del hecho criminal adquiere relevancia, pues se presenta al tiempo en que la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas del PAN, ha promovido una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando invasión competencial del Ejecutivo al Legislativo, en pos de la declaración de inconstitucionalidad del acuerdo presidencial que determinó, en cumplimiento de un artículo transitorio de la Constitución, la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en apoyo a policías federales, estatales y municipales. La Corte tendrá que resolver en su oportunidad; sin embargo, si el objetivo que se persigue con la controversia constitucional es que se retire el apoyo de las fuerzas armadas a las policías en el combate a la delincuencia organizada en las condiciones de alta criminalidad que afectan a la capital y al país; ya podría imaginarse el resultado del atentado sin ese apoyo.

El problema central no está en los tecnicismos jurídicos, sino en la pertinencia de la acción que pretende ese retiro. Este procedimiento ante la Corte tendría, entonces, la finalidad de encubrir mediante una actividad jurisdiccional, la consecución de un mayor campo de acción a los criminales quitándoles con la declaratoria de inconstitucionalidad la incómoda y difícil presencia de las fuerzas armadas. El voluntarismo, disimulo de intención y acción visceral están encaminando a este movimiento político a la descomposición moral; una verdadera tragedia en un país que requiere de la discusión abierta, amplia y propositiva sobre su organización nacional, problemas sociales y formas de solución.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 03 de julio 2020.
José Samuel Porras Rugerio

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.      

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