El Sistema Estatal Anticorrupción, un elefante blanco en la 4T
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la secretaria de la Función Pública del estado, Laura Olivia Villaseñor Rosales, no sólo ha sido incapaz de procesar a los “peces gordos” de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, sino que ahora se ha convertido en el principal obstáculo para el funcionamiento y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
De hecho, los organismos que integran el Sistema están varados, algunos sin presupuesto para operar y otros sin nada qué hacer porque la contralora se había rehusado —hasta ayer— a reunirse con los integrantes del Comité Coordinador Estatal, la Secretaría y Comisión Ejecutiva, y los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana.
Sin embargo este martes y miércoles, muy a su pesar, tuvo que hacerlo después de que los cinco comisionados del Comité de Participación Ciudadana promovieron sendos amparos contra su decisión de recortarles sus honorarios, y la justicia federal ordenó dejar sin efecto tales descuentos.
Los comisionados que a través de diferentes vías han tratado de hacer efectiva en la entidad la rendición de cuentas, mediante la aprobación de lineamientos de política estatal anticorrupción y la puesta en marcha de una Plataforma Digital Estatal —en la que se transparentarían las declaraciones públicas de los funcionarios y la relación de aquellos servidores públicos, contratistas y proveedores que han sido sancionados—, se han topado con pared.
Todas sus iniciativas y proyectos están congelados.
Diputados de Morena partidarios de la censura, la represión y los escarmientos a críticos
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que lo que en un principio parece un simple dislate de una diputada, en este caso de la petista Guadalupe Muciño Muñoz que ayer pidió penas carcelarias para quien ejerza su libertad de expresión en una marcha, envuelve un profundo problema: la fracción mayoritaria de Morena en el Congreso local –encabezada por Gabriel Biestro Medinilla– es partidaria de la censura, de la represión y de dar prisión para quienes protesten. Es decir, tiene un talente autoritario muy similar al que dominó durante el morenovallismo o en el diazordacismo.
La iniciativa de reformar el artículo 413 del Código Penal de Puebla, que ayer propuso Muciño Muñoz en la sesión pública del Congreso, en la cual se pide dar 6 años de cárcel a los manifestantes que hagan pintas o se cubran el rostro en protestas sociales, tiene una pequeña y grave peculiaridad:
Es casi similar, por no decir idéntica, a la iniciativa que hace unos años presentó en el Congreso local Eukid Castañón Herrera, en su calidad de diputado del PAN y cuando era el brazo derecho de la represión morenovallista. Al final –en aquella ocasión– el político panista decidió retirar la propuesta, pero también dirigía sus intenciones de dar penas altas a quienes hicieran pintas en edificios públicos.
Hoy Eukid Castañón está en la cárcel acusado de los presuntos delitos de extorsión y de uso de recursos de procedencia inexplicable. Es el villano del morenovallismo tras las rejas. Sin embargo, parece que varios integrantes del Congreso buscan emularlo, como es el caso de Guadalupe Muciño, quien es legisladora por el distrito de Atlixco.
El problema no es el despiste de una diputada que no sabe que con su iniciativa viola las garantías constitucionales y las bases ideológicas de la izquierda, sino lo que es altamente cuestionable es que los diputados del bloque Morena, PT y PES son abiertos partidarios de la censura, la represión y los escarmientos carcelarios, dando la espalda al movimiento lopezobradorista que nació y subsistió 12 años en la oposición, como la disidencia política más importante del país y que ganó los comicios de 2018 bajo la idea de que todos sus actores protegerían los valores democráticos.
Una estafa, la caza corruptos
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que llegó con las mejores cartas credenciales al gobierno del estado.
Fue la operadora para descubrir la Estafa Maestra que hoy tiene en la cárcel a Rosario Robles, ex funcionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto.
No trae ningún compromiso. Es una caza corrupta pura, dijeron.
Lo cierto es que el tiempo pasa y los expedientes que debía robustecer se hacen viejos.
Por eso, los días de Laura Olivia Villaseñor Rosales, como secretaria de la Función Pública en Puebla, parecen que ya están contados.
El juguete electoral de Trump
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que es prácticamente un hecho el viaje que hará a los Estados Unidos, el presidente López Obrador, para tener un encuentro con el inefable Donald Trump.
El motivo “oficial” de la primera encomienda en el extranjero del presidente mexicano, es el arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El motivo real es muy distinto: darle a Mr. Trump el espaldarazo necesario para que maximice el potencial de voto de los latinos a su favor, en el proceso de noviembre próximo.
Existe una gran diferencia entre reivindicaciones pero al final, Andrés Manuel no tendrá más remedio que acudir a la cita.
Y es que, sin duda, su presencia en la Unión Americana es parte del paquete de “pago de facturas” que desde la casa Blanca se ha diseñado, por los favores que nuestro país ha recibido del gobierno americano.
¿A qué le teme Morena en Puebla?
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la Reforma Electoral que presentó ayer el líder de Morena, Gabriel Biestro, nos hace pensar que los lopezobradoristas ya no tienen la misma seguridad que hace unos meses de ganar las elecciones intermedias de 2021.
A contrarreloj, el diputado Biestro, presentó una serie de reformas que entre otras cosas mantienen los candados para las y los candidatos independientes.
Pareciera que al igual que en el morenovallismo, los diputados se quieren blindar y se niegan a ceder los espacios a los ciudadanos que sin el respaldo de ningún partido político deseen trabajar en la esfera pública, desde cargos de elección popular. Una medida antidemocrática a todas luces.
Restringir la participación de partidos políticos nuevos también demuestra la poca seguridad del morenista ante el próximo proceso electoral.
Es imposible negar que muchos de los partidos “pequeños” son más un apéndice que realmente una representación política, también es cierto que difícilmente una marca recién avalada podrá competirle a las franquicias.
